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Andalucía

Primer juicio para uno de los 190 sumarios pendientes de los ERE tras la condena "política"

Seis ex altos cargos encausados muestran que la gestión socialista de la Junta sigue en entredicho.

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Justo en el momento en que el PSOE trata de azuzar la oposición ciudadana contra la gestión escolar y sanitaria de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno Juan Manuel Moreno, el interminable caso ERE le juega una mala pasada a Susana Diaz trayendo a primera página la gestión de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE –así la describe la agencia EFE–, que vuelve a ser enjuiciada en la Audiencia Provincial de Sevilla desde este miércoles.

Se trata de la vista oral, la primera tras el juicio por la pieza política que terminó el pasado mes de noviembre de 2019, para cuyo juicio se ha diseñado un proceso con casi 50 sesiones para determinar las responsabilidades penales y administrativas de quienes intervinieron en las ayudas concedidas a Aceitunas y Conservas (Acyco).

Recuérdese que hace diez meses aproximadamente se hizo pública la primera sentencia del caso ERE que condenó a Manuel Chaves, José Antonio Griñán, seis ex consejeros y una decena larga de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a diferentes penas que fueron desde la prisión de ocho años a la mera inhabilitación para desempeño de cargo público por los delitos de malversación y prevaricación administrativa.

Ahora se trata de una de las ayudas concretas que se concedieron, la que fue a parar a la empresa sevillana Acyco, de un importe de 2,9 millones. La principal incógnita es la presencia de 5 de los ex altos cargos que ya fueron condenados en el primer juicio por el procedimiento específico utilizado para eludir controles en la concesión de ayudas.

Lo que se busca es resolver un conflicto judicial que ya estalló entre la Fiscalía, la Audiencia y la juez Núñez Bolaños, responsable del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Para la sección Séptima de la Audiencia de Sevilla hay que aplicar el principio de no juzgar a nadie por delitos por lo que ya fue juzgado. Esto es, al haber sido juzgados ya estos 5 ex altos cargos en la pieza "política" de los ERE, no pueden ser juzgados en ninguna otra pieza más porque tal pieza enjuiciaba el procedimiento utilizado en las demás piezas.

Aunque la misma opinión sostenía la juez instructora, lo cierto es que la Fiscalía y el propio juzgado, en que la juez fue sustituida por jueces de apoyo, han cerrado y ultimado la vista oral contra el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, el exviceconsejero, Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, todos ellos juzgados en la pieza "política" de los ERE.

En la sentencia de 2019, la Sección Primera condenó a Fernández y Guerrero a siete años, once meses y un día de cárcel por malversación y prevaricación; a Barberá y Márquez, a siete años y un día y a Serrano, a seis años, seis meses y un día. Hay otro ex alto cargo, el exdirector de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, que no fue juzgado en la pieza vertebral y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de cárcel en este caso.

Cuenta este jueves El Mundo que tres de los doce acusados en el segundo juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía han pedido la suspensión de la vista hasta que la sentencia de la pieza política sea firme, mientras que un exconsejero del Gobierno andaluz ya condenado en ese primer caso ha solicitado el sobreseimiento.

Ignacio Ayala, defensor de un abogado encausado y la defensa del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, arguyeron que al ser la sentencia una prueba, hay que suspender la vista hasta que sea firme.

Las defensas del ex consejero Fernández, del viceconsejero Agustín Barberá y del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en aplicación del principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, pidieron la exclusión del procedimiento de sus defendidos.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, advirtió incluso a la Sala de que puede abrirse un conflicto en el interior de la Audiencia de Sevilla y de ésta con la Fiscalía porque su sección Séptima fijó un criterio claro respecto al doble procesamiento por los mismos hechos, criterio que es marginado con la vista oral del caso Acyco.

Se recordó en la Sala que Francisco Javier Guerrero ya ha sido excluido de más de 100 piezas separadas del caso ERE y que tiene pendiente de resolución otras 27 peticiones en el mismo sentido.

En este caso, la Fiscalía pide doce años y medio de cárcel para Fernández y Barberá; ocho para Guerrero y el exdirector de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, cuatro años y medio para el ex director general Juan Márquez y seis para el exdirector de Trabajo Daniel Rivera, que no fue procesado en la pieza del procedimiento específico.

Para la presidencia de Acyco, Encarnación Poto, la Fiscalía pide 14 años de cárcel. De ella, se afirmó en la instrucción del caso que era capaz de presionar a la Junta de Andalucía porque era "persona de influencia en los círculos políticos de la Junta". De hecho, fue presunta cómplice de la presencia de dos "intrusos" -Juan Rodríguez Cordobés, ex alto cargo del PSOE, y Antonio Fernández Garzón-, en el ERE concedido y las subvenciones a las empresas de Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

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