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La Junta de Moreno Bonilla margina a los funcionarios de la reforma de la Administración

Se traga la "tela de araña" del PSOE y reduce la "potestad pública" de los funcionarios.

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Se traga la "tela de araña" del PSOE y reduce la "potestad pública" de los funcionarios.
Funcionarios trabajando en una oficina | Europa Press

Es casi un axioma confirmado por los años que, cuando gobierna la izquierda, PSOE o PSOE + IU o los nacionalismos, PNV, CiU u otros con o sin el PSOE, se afrontan reformas decisivas que los benefician sectariamente y se "siembra" (expresión de Íñigo Errejón) de empleados afines la Administración Pública por procedimientos sin control o sencillamente a dedo. Y también lo es que cuando gobierna el centro derecha es incapaz de revertir tales reformas y se traga los hechos consumados, por antidemocrática que sea su esencia.

Igualmente es una evidencia que cuando el centro derecha logra aprobar alguna ley relevante, véase las leyes de educación de la etapa de José María Aznar y algún intento del gobierno Rajoy, en cuanto llega al poder la izquierda, con o sin nacionalismos, sus gobiernos sí son capaces de revertir lo que haga falta sin complejo ni pudor alguno.

En Andalucía, en estos días, se está viviendo una nueva edición de lo mismo. El gobierno de Juan Manuel Moreno y Juan Marín, heredó una administración pública inflada por décadas de enchufismo descarado y partidista que logró incluso componer toda una "administración paralela". Además de albergar a amigos, familiares, simpatizantes o ex cargos de PSOE, IU y UGT y CCOO, se permitía a los gobiernos socialistas desde 1982 eludir los controles y el rigor de los verdaderos funcionarios públicos.

Habrá que recordar que la situación fue de tal envergadura que los funcionarios y buena parte del personal laboral se rebelaron contra la impunidad de la Junta en "colocar" sin pruebas homologadas y legales a miles de personas en diferentes entes, organismos, empresas públicas, fundaciones y consorcios varios.

No eran pocos. Se cifró su montante en más de 25.000 personas, cantidad que sigue vigente, en 2010, fecha en que se produjo la gran manifestación en Sevilla de decenas de miles de personas contra el enchufismo con el apoyo entonces de Javier Arenas, líder de un PP en alza que, con estos y otros apoyos, estuvo a punto de gobernar en Andalucía en 2012.

Pero el presidente socialista José Antonio Griñán, luego condenado en la pieza política del caso ERE, logró con el apoyo de la izquierda comunista y UGT y CCOO, imponer inicialmente por decreto (el "decretazo" del enchufismo) una operación que consistía básicamente en convertir en personal oficial de la Administración pública andaluza a todo este ejército de colocados. Y lo consiguió mediante una ley posterior con el apoyo de IU.

De este modo, Griñán blanqueó todo el empleo público negro reordenando el sector público de modo que cada vez se convocaban menos oposiciones para funcionarios, para desesperación de los opositores, mientras que entraban a raudales en la Junta personas "amigas" sin tener en cuenta su capacitación técnica y sin pruebas serias de acceso.

Se traga el enchufismo

El gobierno de Juan Manuel Moreno y Juan Marín aprobó hace dos días el Anteproyecto de Ley de Función Pública ignorando por completo al Sindicato Andaluz de Funcionarios que es el sindicato más representativo de los funcionarios andaluces desde el año 2011. En su lugar, ha contado con el apoyo de UGT, CCOO y CSIF para perpetrar lo que más que un cambio es un "cambiazo".

Con ello incumple su propio programa político. El propósito inicial del nuevo gobierno era el desmontaje de esta administración paralela. De hecho, en el punto 3 de su proyecto para los primeros 100 días de gobierno de PP y Ciudadanos se decía:

3. Aprobaremos un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la "Administración paralela" con el doble objetivo de eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, así como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones públicas andaluzas y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión.

Es más, es que en su programa de gobierno conjunto se escribió en su punto I.3

"Desmontar la "Administración paralela" y racionalizar el gasto"

8.- Encargaremos una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales.

Pero la Junta, más que nada el PP porque Ciudadanos nunca fue partidario de medidas drásticas, atendiendo a la repercusión política de miles de despidos y de las demandas laborales en los juzgados de lo social con probables sentencias contrarias y sus correspondientes indemnizaciones, ha preferido "tragarse" la administración paralela y encajarla de algún modo para que hagan algo útil.

Según han contado portavoces del SAF a Libertad Digital, a estas alturas, con todo el personal enchufado dentro ya sin apenas discusión porque el riesgo de poner orden y justicia en la herencia recibida podría tener consecuencias económicas (indemnizaciones por despidos) y electorales que asustan a PP y Ciudadanos, lo que más preocupaba a los funcionarios era este "encaje" esto es, la consideración que se le da a las potestades públicas de los funcionarios.

Hasta tal punto ha sido grave la "invasión" de la administración andaluza por personas que no han superado pruebas de acceso adecuadas que hoy por hoy en la Junta de Andalucía hay menos funcionarios de carrera y personal con oposición que este otro personal de origen incierto colocado de manera irregular por los sucesivos gobiernos socialistas.

Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios, aunque el anteproyecto de Ley rige en exclusiva para el Personal Funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía y únicamente de manera supletoria para el resto, "en ningún momento del proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se ha escuchado, invitado a participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical más representativa en los últimos 10 años en Andalucía, el Sindicato Andaluz de Funcionarios" que fue impulsor de las manifestaciones antienchufistas de 2010.

Añaden que "desde que se inició el gobierno del PP y Ciudadanos hemos asistido a un incumplimiento tras otro de sus promesas electorales con respecto a la Administración. Sirva el ejemplo de la eliminación de los puestos de libre designación (no se ha eliminado ni un sólo puesto sino que se han creado más) o el anteriormente comentado del desmantelamiento de la Administración Paralela, en la cual sigue absolutamente todo el personal integrado en las Agencias, con una nueva vuelta de tuerca al integrar ahora a este colectivo en Agencias Administrativas (Agencia Digital de Andalucía), extremo éste al que no se atrevió el gobierno anterior del PSOE".

Especialmente se ha marginado a los funcionarios del nuevo enfoque de las "Potestades administrativas", esto es, sobre qué funciones puede hacer, o no, el personal laboral de las Agencias que incluye la "administración paralela" sin invadir potestades públicas. Tampoco se han tenido en cuenta "las numerosas sentencias ganadas por nuestra organización sindical a este respecto".

Lo que inquieta a los funcionarios y aparece consagrado en el anteproyecto del gobierno es una regulación amplia y difusa del concepto de "potestades públicas" de los funcionarios de modo que los empleados "paralelos" de la Junta pudieran desempeñar funciones propias de funcionarios sin haber opositado a los puestos administrativos correspondientes.

Esto es y para que sea comprensible, el gobierno del "cambio" no sólo se traga de un bocado décadas de irregularidades en la contratación de una administración paralela sin intentar siquiera una reforma justa que contemple los derechos de quienes nunca pudieron acceder legalmente a la administración andaluza y la legalidad constitucional sino que, para que puedan dejar, como muchos estaban, de estar mano sobre mano (algo que denuncio incluso un miembro del gobierno de Susana Díaz), se van a invadir las potestades de los funcionarios.f

Ya se ha comprobado cómo en el Anteproyecto de Ley, artículo 14, el concepto de "potestad pública" sufre un ataque directo y la hace accesible a quienes entraron en la Junta de un modo desconocido o, cuando menos, no reglado. La clave, el artículo 14, que se refiere a las "Funciones de las diferentes clases de personal empleado público" en la Junta de Andalucía.

Aunque se dice que "corresponden exclusivamente al personal funcionario las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales", se añade que entre ellas no están las "actuaciones preparatorias, de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo, que no constituyan actos administrativos de cualquier naturaleza".

Esto es, resume el blog funcionarial Defiendo mi derecho, "todos los informes para preparar esas decisiones (por ejemplo, un informe de evaluación y comparación de solicitudes para conceder una subvención a alguien, para otorgar un contrato, para estimar o desestimar un recurso o, incluso, los informes de los Letrados), como en teoría no obligan a nadie, podrán dárselos a quien más les guste" no necesariamente a funcionarios.

Y apostilla: "Si ya es fácil que quien decide se separe del criterio técnico de un funcionario, imaginen si ese criterio técnico ahora lo elaboran los antiguos "fafitos" (los exempleados de la FAFFE) o todos los enchufados heredados o, incluso, a cualquier contratado de buena fe que se juega su "relación laboral" si no tiene un criterio técnico conveniente para el interés del PLD (puesto de libre designación) o político de turno".

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