Este verano, por primera vez en sesenta y ocho años, los sevillanos no podrán disfrutar de la terraza del restaurante más emblemático del grupo La Raza, en el Parque de María Luisa. Es la principal consecuencia de destapar el caso de los ERE. Los dueños de esta empresa hostelera que, hasta ahora, ha explotado el antiguo pabellón de Información de la Exposición Iberoamericana, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, fueron los primeros que se atrevieron a denunciar las corruptelas del PSOE en la Junta de Andalucía.
En los años previos a la crisis financiera de 2008, Sevilla experimentó un problema que no es nuevo en el sector de la hostelería: había déficit de camareros, faltaba mano de obra. En torno a esa necesidad, surgió una iniciativa solidaria que fue degenerando hasta convertirse en el germen de la macro causa judicial de los ERE. Una escuela de hostelería para personas en riesgo de exclusión social que seguía el ejemplo de lo que hacían otros sectores productivos con mujeres maltratadas.
Fue el citado grupo de restauración hispalense, con ocho décadas de antigüedad, el que tuvo la idea. Más bien sus directivos por aquel entonces: Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, pertenecientes a una saga de importantes hosteleros. Entonces no lo sabían, pero su decisión de llamar a las puertas de Mercasevilla para llevar a término el proyecto a la larga les supuso un calvario judicial que ahora concluye con el cierre de su restaurante más señero.
El detonante de los ERE
Con este desalojo, promovido por el PSOE desde el Ayuntamiento de Sevilla, se consuma la ya conocida como "venganza de los ERE". Y es que las mordidas que en su momento exigieron los dos máximos directivos de Mercasevilla a los propietarios de la Raza para montar la escuela, fueron el detonante del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España, con una factura final de dinero defraudado que asciende a los seiscientos ochenta millones de euros.
Todo surgió por una alianza estratégica para ayudar a los más necesitados. Durante dos años Fernando Mellet, director de Mercasevilla; y Daniel Ponce, subdirector, estuvieron reuniéndose con frecuencia con los empresarios sevillanos. Habían acogido con entusiasmo el proyecto de montar la citada escuela de hostelería. Ellos ponían las instalaciones, en el centro neurálgico del comercio de alimentos de la capital de Andalucía, y los hosteleros se encargaban de la gestión.
Hasta ahí, nada parecía que fuera a fagocitar el proyecto. Incluso hubo encuentros con el Delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, y el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, después imputado y condenado como el conseguidor de los ERE. Un estudio de arquitectura realizó el diseño de las instalaciones. Los problemas vinieron de la mano de la financiación.
Las mordidas levantaron las sospechas
Con la autorización de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el socialista Manuel Chaves, de otorgar una cuantiosa subvención de 900.000 euros, los responsables de Mercasevilla pidieron a los hosteleros una acometida adicional por el cableado del edificio, cifrada en 150.000 euros; y otra a la administración como contraprestación a la ayuda concedida, por 300.000 euros. Según cuentan a Libertad Digital fuentes cercanas a la investigación, tal petición se expresó en una reunión que mantuvieron a solas el director del mercado mayorista de Sevilla, Fernando Mellet, y el empresario Pedro Sánchez Cuerda.
Éste último, que no concede entrevistas y que fue presidente de los Hosteleros de Sevilla, no dudó en expresar su estupor ante tal requerimiento. "Me están robando", fue lo primero que pensó, según se expresó durante su declaración en el juicio que investigó el caso Mercasevilla. Elevó el caso al jefe de gabinete de Chaves, Juan Gallo, quien les requirió más información. En un segundo encuentro en el que participaron los directivos de la lonja sevillana (Mellet y Daniel Ponce), Sánchez Cuerda y su socio ya no dudaron en acudir con una grabadora bajo el brazo para que quedara constancia de todo.
En una conversación de hora y media los responsables de Mercasevilla desgranaron ante un micrófono todo el modus operandi con la administración andaluza. Explicaron que la contraprestación que habían pedido era normal: "Esto ocurre siempre", atendiendo a que "la Junta siempre colabora con quien colabora". De hecho, dieron a entender que si La Raza picaba en el anzuelo, se beneficiaría de las buenas relaciones con los socialistas contratando, por ejemplo, servicios de catering para eventos institucionales. En ese momento los empresarios sevillanos dudaban, según relataron en sede judicial, "si realmente el dinero lo pedían para la Junta, para ellos; o para las dos partes". Lo que sí tuvieron claro es que "era una estafa".
El dinero en un maletín
Las instrucciones que les dieron desde Mercasevilla para entregar el dinero tampoco ayudaron a acallar los rumores. Más bien, al contrario. "Había que llevarlo en un maletín hasta un despacho donde lo olvidaría", dijo Sánchez Cuerda. Durante esa conversación, y según consta en la grabación, los responsables del mercado llegaron a utilizar el ejemplo de los dos EREs que les habían concedido con anterioridad para presumir de la buena relación que guardaban con el gobierno regional. Fueron esas revelaciones el primer hilo para tirar de la manta.
Una vez que la cinta llegó al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia, el Ejecutivo andaluz decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía, que se mostró impasible. Tiempo después el Ayuntamiento de Sevilla, con Alfredo Sánchez Monteseirín al frente, promovió la dimisión de Mellet para evitar males mayores. Aunque el caso ya no había forma de pararlo, y adquirió otro volumen cuando el líder de la oposición en el consistorio hispalense, Juan Ignacio Zoido (PP), presentó una querella por presunto delito de cohecho ante el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, en manos de Mercedes Alaya, contra el alcalde de Sevilla, presidente de Mercasevilla; y su teniente de alcalde, el dirigente de IU Antonio Rivas, vicepresidente de la entidad pública.
La venganza del PSOE
Con la investigación de los ERE en marcha, no fue hasta 2015 cuando los empresarios sevillanos vieron peligrar su restaurante más emblemático. Ese año el gobierno popular de Zoido empezó a tramitar un proceso de extinción de licencia del restaurante de La Raza en el Parque de María Luisa por los cambios el año anterior de la Ley de Arrendamientos Urbanos, conocida como "Ley Boyer", que acabó con todas las rentas antiguas, como la que tenían sellada el grupo hostelero y el consistorio sevillano.
En ese momento los empresarios quisieron actualizar el contrato. Pero el secretario del Ayuntamiento lo rechazó basándose en un informe elaborado por el jefe de la Sección de Inventario municipal hasta 2014. Se trataba de Luis Rodríguez Estacio, un abogado que accedió al cargo en el consistorio gracias a una oposición en 2011 y que antes había estado contratado como asesor jurídico externo en el Ayuntamiento de Camas, cuyo alcalde, el socialista Antonio Rivas, estuvo implicado en el caso Mercasevilla y también en los ERE.
En ese dictamen se especificaba que el edificio no era un bien patrimonial, sino demanial. De uso público. Un cambio de nomenclatura clave para determinar que el inmueble sólo se podía transferir con un convenio de concesión administrativa bajo los requisitos de la administración local y no como un alquiler. Y aunque el informe se llevó a cabo para abordar la aplicación de la reforma de la Ley Boyer sobre un total de 44 inmuebles municipales en régimen de renta antigua, en el texto sólo había mención para La Raza, denunciando que "incomprensiblemente se convirtió a los concesionarios en arrendatarios en contra de las normas jurídicas aplicables", remontándose a la firma del contrato original a mediados del siglo pasado.
Según explican desde el Partido Popular, Zoido trató de revisar la concesión para explorar la posibilidad de acordar una prórroga que mantuviera el antiguo pabellón de Información en manos de sus gestores más longevos. Ya en 2016, con el actual candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, recién llegado al Ayuntamiento, se inició un largo litigio judicial en el que los propietarios de La Raza pelearon por mantener su ubicación en el Parque.
Aunque Pedro Sánchez Cuerda, que ya no forma parte de la dirección del grupo, y su primo José Ignacio de Rojas, actual director, han mantenido como premisa principal en este asunto la prudencia, no han negado que hubo una mano negra en el consistorio municipal que les perjudicó. Eso sí, evitando inculpar directamente a sus alcaldes, Juan Espadas y Antonio Muñoz; pero sí señalando a cargos como "algún técnico", tal y como rezan unas declaraciones de Sánchez Cuerda en el diario El Mundo en 2016. A día de hoy, ya retirada la concesión, el establecimiento cuenta los días para pasar el testigo a otro grupo: Abades, que -casualmente- acaba de recibir una ayuda directa de 30 millones de euros por parte del Gobierno central para poder seguir a flote.