La gasolinera de Nuestra Señora de los Dolores en Maracena —y sus propietarios— está en el ojo del huracán desde que se relacionó el secuestro de la concejal Vanessa Romero (a manos de la pareja de la alcaldesa del municipio, la socialista Berta Linares) con supuestas irregularidades en el expediente de la estación de servicio. La propia víctima del rapto apuntó en sede judicial que su rechazo a la aprobación de este expediente fue lo que originó la mala relación con la primera edil y su primo (el parlamentario andaluz Noel López, que fue alcalde del municipio durante 15 años), que derivó en los hechos del 22 de febrero de 2023.
Aquel martes, el hombre con el que la alcaldesa mantenía una relación desde hacía más de dos años y que estaba empadronado en su casa —aunque ella asegura que residía en Málaga— abordó a la concejal de Maracena 2030 a las puertas del colegio de sus hijos, la metió en el maletero de su coche, la llevó a un local que tenía en Armilla (un pueblo cercano) y se marchó. Pasadas unas horas, la mujer logró huir y fueron trascendiendo detalles del suceso. El más significativo: Romero llevaba expedientes de Urbanismo en su vehículo en el momento del rapto.
Algo que podría indicar que la concejal secuestrada tenía previsto denunciar una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento, en la que estarían implicados los miembros del PSOE a los que el juez instructor de la causa señaló como presuntos inductores del rapto: los ya mencionados Berta Linares y Noel López, así como el entonces concejal del área competente, Antonio García Leyva. La alcaldesa, sin embargo, aseguró que Romero utilizaba los papeles desde hacía algún tiempo para intentar chantajearles, con el objetivo de mejorar su posición dentro del partido (en el que había perdido poder en los últimos meses).
La versión de la primera del edil iría en la línea de ofrecida por los dos socios de ‘la gasolinera de la discordia’ -Carlos Corpas Ballesteros y Francisco González Bravo- a Libertad Digital. Ellos, que se desvinculan por completo del episodio del secuestro, consideran que Vanessa Romero les utilizó para intentar hacer daño a sus compañeros de partido (PSOE-A) y corporación, en busca de su propio beneficio. Según considera el primero, advirtiendo que se trata de una opinión y que no tiene pruebas de ello, la concejal habría retenido intencionadamente una documentación que le entregaron en mano y que ella se comprometió a adjuntar al expediente con oscuras intenciones.
Son los papeles que ahora les reclama el Ayuntamiento y cuya ausencia ha generado la incidencia en el expediente de la estación de servicio en cuestión. Ellos están tranquilos -aseguran- porque tienen en su poder todas las licencias y certificados necesarios para poner en marcha la gasolinera y los correos electrónicos que certifican que también se los enviaron a Romero por esta vía. Su error fue "confiar en ella", señala González Bravo. Los propietarios de los surtidores son conscientes de que no se verían en esta situación si (como procede) "hubiéramos metido los papeles por el registro".
Pero, por lo que hemos podido indagar, parece que en Maracena eran habituales este tipo de procedimientos. "Son cosas de los ayuntamientos pequeños", reconoce el propio Corpas. Según nos cuenta, no se les ocurrió pensar que la concejal pudiera no cumplir con su palabra. Y mucho menos que estuviera "urdiendo una trama" en la que hubiese implicado a su negocio. El trato siempre fue "muy cordial" y "afable", como refleja el WhatsApp que ella les envía el día de apertura de los surtidores, el 14 de noviembre de 2022. Desde entonces han estado operando con total normalidad. Y así lo siguen haciendo a día de hoy.
La historia del proyecto
La estación de servicio forma parte de un proyecto que incluye un centro comercial y aparcamientos públicos. "Lo ganamos en el año 2012. Fuimos los únicos que nos presentamos. Ni amañamos ni licitamos a la baja, como se ha dicho. Este mismo concurso lo sacó el ayuntamiento un año antes y quedó desierto", explica Corpas.
"Había unas bases —que reuníamos—… No lo tuvieron muy complicado, es que no había más. No tuvieron que decidir entre uno y otro", añade González. La licencia de obra y de actividad la tenían desde el 2013, pero el Ayuntamiento "incluyó una adenda" que tuvo el proyecto en suspenso durante varios años.
No es hasta hace tres años cuando pueden iniciar las obras de la gasolinera. Para poder abrir, nos dicen, sólo les faltaba el certificado de final de obra así como otros certificados preceptivos para poner en marcha una instalación de este tipo que —según su versión— "fueron entregados al Ayuntamiento a través de su concejal de Urbanismo, a la sazón doña Vanessa Romero, que quedó encargada de adjuntarlos al expediente".
¿La mafia de Maracena?
"Han dicho que éramos poco menos que la Cosa Nostra… Que nos dedicamos a la prostitución, a la extorsión... Esta señora apunta que había un video por ahí —que no lo ha visto nadie— y que Noel le decía que lo íbamos a rajar… No ha dicho una verdad", asevera Corpas.
Se refiere a las imágenes en las que —según Vanessa Romero— se veía al que fuera mano derecha de Juan Espadas (todavía parlamentario andaluz) consumiendo drogas en un club de alterne. La edil secuestrada aseguró que los propietarios de la gasolinera extorsionaban a Noel López con ellas y que éste tenía miedo de que cumpliesen con sus amenazas.
Eso al menos era lo que el exalcalde de Maracena le decía —señaló la edil— para que ella diera salida al expediente de la estación de servicio cuanto antes. Corpas, por su parte, asegura que no tienen nada que ver con ese tipo de prácticas. "Somos personas muy normales y muy corrientes. Nos hemos visto envueltos en un maremágnum que no le deseo a nadie".
La trampa de Romero
Para Corpas, la concejal les tendió "una trampa". "Nuestro expediente no tenía nada para chantajear a sus compañeros. Digamos que de alguna manera es ella quien fabrica la ilegalidad, porque nosotros le entregamos la documentación y ella la retiene. No la adjunta al expediente, como nos dijo que iba a hacer". De hecho, estarían estudiando emprender acciones legales contra ella por este motivo.
Consciente de que el Juzgado de Instrucción nº5 de Granada investiga las posibles irregularidades que pueda haber en varios expedientes del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Maracena, entre ellos el de la gasolinera, Carlos Corpas está "deseando que nos llame el juez para decirle: mire, no no es que haya nada… Es que es impoluto el expediente. Tenemos todas las licencias. Se ha retrasado en el tiempo por causas ajenas a nosotros. Ojalá hubiéramos podido abrir hace diez años", exclama.
"Lo único que ha dicho de verdad (Romero) es que a ella la pusieron ahí (en Urbanismo) para solucionar el expediente (de la gasolinera) porque el señor López Linares se iba a Sevilla, se iba de la alcaldía, y quería dejar cerrados todos los expedientes, entre otros el nuestro", señala. El motivo —argumenta— es que "estaba abierto desde hace diez años, tenía todo OK y no acaba de ponerse en marcha".