Cuando parecía que la izquierda política y mediática había dejado de utilizar el Parque Nacional de Doñana como arma arrojadiza contra la Junta de Andalucía, el PSOE vuelve a la carga. En esta ocasión, a cuenta de la información publicada este lunes por el diario El País, según la cual, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) habría expulsado a la reserva andaluza de su prestigiosa Lista Verde.
"El consejero de Medio Ambiente debe dimitir", sentenciaba Juan Espadas, que no dudaba en achacar la supuesta decisión -que aún no ha sido confirmada oficialmente- a la proposición de ley impulsada por PP y Vox y que, finalmente, fue retirada tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. "Su confrontación con el Gobierno de España claro que ha tenido consecuencias nefastas en Doñana. Con la grave sequía que usted tanto ha utilizado en Dubai, era incoherente y peligroso estar dos años defendiendo incrementar los regadíos", insistía el secretario general del PSOE andaluz, volviendo a recurrir a la manipulación de un texto que ya quedó más que demostrada.
La realidad, sin embargo, es una vez más bien distinta. En primer lugar, porque, tal y como ha asegurado el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la UICN no les ha notificado nada oficialmente y, en segundo, porque, si finalmente Doñana fuese excluida de la Lista Verde, es mentira que el detonante haya sido una proposición que ni decía lo que la izquierda defendía, ni llegó a ser aprobada.
Lo que dice la carta
La información publicada por el diario El País se basa en una carta fechada el pasado 30 de noviembre a la que también ha tenido acceso Libertad Digital. En la misiva, dirigida al director del parque, Juan Pedro Castellano, se constata que la evaluación ha empeorado respecto a las anteriores revisiones, pero, en ningún caso, se notifica su expulsión. Además, y aunque finalmente así fuera, la UICN deja claro que la propuesta de PP y Vox "siendo solamente una propuesta, no se puede considerar como evidencia objetiva y no ha condicionado la evaluación de la EAGL (el equipo asesor de la lista verde)". Es decir, que, a pesar de que el PSOE esté tratando de utilizar de nuevo este asunto para cargar contra la Junta de Andalucía, miente una vez más.
El propio correo -que forma parte de un intercambio de pareceres mucho más extenso- advierte de cuál es la razón fundamental de este giro, que no es otra que un cambio de los criterios de evaluación respecto a la última vez que la gestión del Parque Nacional fue sometida a examen, cuando todavía gobernaba el PSOE. "Aunque los indicadores sean parecidos, en muchos casos diferencias mínimas en el texto de los indicadores pueden llevar a resultados diferentes en un proceso de evaluación de conformidad", advierte Thierry Lefebvre, responsable de la prestigiosa lista.
Por otro lado, lo que también revela la famosa carta -y que El País omite en su información- es que la UICN reconoce que hubo miembros del equipo asesor de la lista verde que presentaron un "conflicto de intereses", tal y como denunció el PP. En este sentido, la organización asegura que "se garantizó que los miembros afectados se abstuviesen de participar en la votación final", pero reconoce que todos ellos formaron parte de las discusiones previas, lo que podría haber influido en la valoración de sus compañeros.
Sea como fuere, el correo no anuncia su decisión definitiva. De hecho, insiste en que "por parte del Espacio Natural Protegido de Doñana será necesario aportar más información para avanzar en el proceso de la Lista Verde y someter la candidatura al panel de la Lista Verde para su evaluación final". Así, advierte al director del parque de que éste podrá proceder a la fase sucesiva cuando envíe "documentación que responda a las lagunas encontradas" y que, cuando esto suceda, se procederá a programar una vista, que es precisamente lo que reclama la Junta de Andalucía.
La versión de la Junta de Andalucía
"No nos parece creíble que una organización tan prestigiosa como la UICN haya trabajado de oídas, con informes de terceros, en vez de desplazarse al territorio, máxime cuando la sede de la acción mediterránea está en Málaga, muy cerca de Doñana", aseguraba este lunes el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.
El dirigente del PP insistía en todo caso en lo que ya subrayaba aquella carta: que, de confirmarse su expulsión, no sería por lo que interesadamente apunta el PSOE. "El detonante o el motivo para una decisión tan drástica no puede ser una proposición de ley que no ha llegado ni siquiera aprobarse en el Parlamento de Andalucía. No hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio, que eso es evidente, es que ni siquiera ha llegado a aprobarse, por lo que no le damos credibilidad a esa información".
Por último, Fernández-Pacheco revelaba que la semana pasada tanto él como el presidente de la Junta de Andalucía se reunieron con la directora general de la UICN, Grethel Aguilar, en el marco de la COP28 en Dubai y en ningún momento les mencionó que se hubiera adoptado tal decisión: "Mantuvimos una reunión muy cordial en la que hablamos de estrechar lazos de colaboración, de fortalecer la presencia de la acción en Málaga a través del apoyo también financiero de la Junta de Andalucía y de que la UICN siguiera convirtiéndose en un referente para todos, ayudándonos a la hora de adoptar mejores decisiones de cara a la salvaguarda de la naturaleza en Andalucía".