El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido este lunes a la secretaria general del PSOE-A, candidata a la Junta y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tras el archivo por un juzgado de Sevilla de la causa sobre los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia del COVID, que "se disculpe ante los andaluces por mentir y por dañar la imagen de la sanidad pública andaluza y de los profesionales sanitarios, a quienes han querido atacar directamente".
En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha expresado la satisfacción del Gobierno andaluz por la decisión judicial, puesto que se pone de manifiesto que "no había ninguna razón para esta estrategia de acoso y derribo sustentada en la mentira" por parte de PSOE-A y Podemos, a los que ha advertido de que "no vale todo" en política.
"Lo dijimos y ahora lo confirma el archivo de la causa por parte del juzgado: Ni ha existido, ni existe, ni existirá corrupción sanitaria en Andalucía", según Sanz, quien ha calificado de "muy graves" las declaraciones que meses atrás hicieron dirigentes socialistas, que han "querido usar una tragedia con más de 16.000 víctimas en Andalucía para ganar votos, y eso es mezquino y ruin".
Ha denunciado que desde el PSOE-A, con María Jesús Montero al frente, se ha querido hacer una "política carroñera": "Y no vale todo en política para ganar cuatro votos, y la maldad y la mala fe con la que han actuado haciendo denuncias absolutamente increíbles para dañar a los profesionales sanitarios no puede quedarse en nada". "Lo que han hecho el PSOE-A y María Jesús Montero es un ridículo monumental", ha apuntado Sanz, quien ha indicado que otro "ridículo" también fue la denuncia sobre "desaparición y modificación de las pruebas de los cribados de cáncer de mama, algo que la fiscalía también archivó".
El auto judicial sobre los contratos de emergencia dice, según ha expuesto Antonio Sanz, que "no existen indicios de delito, que no existen elementos o principios de prueba que avalen la existencia de delito, que los hechos carecen de relevancia penal, y que no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa ni un injustificado ejercicio de abuso de poder por parte del Servicio Andaluz de Salud".
"Más claro no se puede decir", según ha agregado Antonio Sanz, quien ha indicado que se "emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos que fundamentaron la necesidad de las contrataciones": "Lo dijimos, existían informes económicos e informes jurídicos que avalaban lo que se hizo en su momento, y la contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el Servicio Andaluz de Salud, y no se benefició a nadie en concreto".
"No consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia efectuada por el SAS, y tampoco consta, dice la decisión de los tribunales, perjuicio a la administración ni por exceso de gasto ni por pérdida de fondos europeos", según Sanz, quien ha apuntado que el auto judicial señala que las resoluciones del Servicio Andaluz de Salud "no rozan lo ilegal ni fueron dictadas por intereses ajenos a los públicos o generales y con desdén o indiferencia frente a la legalidad".
Ha expuesto que también queda claro que el SAS actuó "siguiendo una resolución del estado". "Se trataba de salvar vidas y de utilizar los recursos que el propio estado había puesto a disposición de los sistemas sanitarios para salvar vidas", ha sentenciado Sanz, quien ha indicado que, en ese momento, los contratos de emergencia "eran la única manera de acelerar todos los procedimientos para salvar vidas".
Asimismo, se ha referido al hecho de que el auto señala que pasar de un control previo de los contratos a un control financiero permanente "posibilitó una mayor agilidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia".
"Es una bofetada tras otra a la denuncia que planteó María Jesús Montero y el PSOE-A", ha señalado Antonio Sanz, que ha recalcado que ha quedado claro que la Junta "actuó siempre desde la legalidad y que antepuso las capacidades que las normas dictadas por el estado nos permitían trabajar para salvar vidas", frente a unas denuncias del PSOE-A y Podemos que, aparte de "falsas, han tenido una maldad, una ruindad y una carroñería contra profesionales sanitarios y contra el propio sistema público de salud".
El PSOE-A va a recurrir
El PSOE-A ha anunciado este lunes que recurrirá la decisión de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla de archivar la causa de los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia, al entender que los hechos denunciados "requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido" porque se "mantiene el delito de prevaricación".
En un comunicado, el PSOE-A ha manifestado que ha sido la propia Intervención General de la Junta de Andalucía la que, en informes posteriores a la denuncia de "la falta de fiscalización previa" de los contratos decidida por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020, ha confirmado "múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado".
"Estamos, por tanto, ante un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final", según el PSOE-A, que ha considerado que la sanidad pública "merece que se investigue hasta el último euro pagado de más y, desde la prudencia que exige el desconocimiento aún del contenido íntegro del auto, que no ha sido notificado formalmente todavía al partido", entiende que el proceso "no ha terminado".