El 54,4% de los votos reales y 68 escaños, casi los dos tercios de la Cámara andaluza (73) y 2 más de sus tres quintos (66). Esto es lo que sumaban PP y Vox al certificarse los resultados definitivos de las pasadas elecciones celebradas en Andalucía. Esto es, la mayoría parlamentaria que representan es la mayor obtenida jamás en unas elecciones democráticas. La más cercana fue la victoria del PSOE en 1982 que cosechó 66 escaños.
Si aquella victoria del primer felipismo aportó una legitimidad indiscutible a sus representantes para desarrollar sus políticas en Andalucía –que, como es sabido, condujeron al tejido de la tela de araña más tupida jamás conocida y a una elevadísima presencia de la corrupción sin que la convergencia andaluza con las medias española y europea de bienestar fuera apreciable– , esta inmensa mayoría de PP y Vox exhibe la mayor legitimidad conocida nunca en este bendito Sur de España.
No había otro camino que el que se ha tomado. Cierto es que Moreno Bonilla se ha resistido. Él, que obteniendo el peor resultado de la historia del PP andaluz en 2018, se benefició del apoyo de Vox logrando ser presidente de la Junta de Andalucía –Javier Arenas, que lo mereció mucho más, no lo será nunca–, ya mostró maneras en la primera legislatura prefiriendo al Ciudadanos mercanchifle de Juan Marín y marginando a Vox todo lo que pudo.
Primero dijo que iba a por la mayoría absolutísima para seguir gobernando sin tener que acordar nada con nadie. Cuando las urnas le dieron la corná inesperada al perderla, intentó desechar la colaboración de Vox aludiendo a su famoso "lío" –acordar con otros no puede ser un lío en una democracia– y, tras no conseguir ser investido en la primera votación y oteando el horizonte de unas nuevas elecciones muy perjudiciales para él y para su partido, se cayó de su soberbia en unas pocas horas y, al final, ha habido acuerdo.
Su explicación ha sido aún peor. En entrevistas recientes, el ya presidente de la Junta de Andalucía de nuevo ha reconocido que él hubiera preferido otro gobierno y otra manera de gobernar pero que, atendiendo a los intereses generales del pueblo andaluz antes que a los propios, había aceptado renunciar a algunos de sus propósitos. Es justo lo contrario. Para seguir sirviendo a sus intereses personales y de partido, no ha tenido otro remedio que pactar, afortunadamente, con Vox, que ha cedido lo suyo aunque, ciertamente, ha salido muy airoso el trance. Casi triunfal.
Pero bien está lo que bien acaba. Era lo natural y era lo que el sentido común exige. Eso de que Vox es un partido inconstitucional, violento, machista y de extrema derecha no se lo cree ni el que asó la vaca con el dinero de los ERE. Sólo las izquierdas están interesadas en presentarlo así desde el primer momento porque les conviene, como les conviene considerar corderitos políticos a comunistas y separatistas, muy especialmente a Bildu, que disfraza a sus lobos de blanco sanchista.
Ya era hora de que el PP andaluz, al que seguirá el madrileño –continuando el ejemplo del PP nacional, que ya sabe a estas alturas que sin Vox no habrá gobierno popular en España y que PP y Vox son necesarios para detener y revertir la destrucción de la nación española—, retomara la urgente exigencia de reformar la realidad andaluza, toda ella, para que jamás pueda repetirse la corrupción organizada y la invasión institucional de la tela de araña social-comunista.
Sabida es la estrategia de la izquierda de no aceptar la legalidad más que cuando ella la produce. Y se comprobará de inmediato. Pero con 68 escaños se pueden transformar muchas cosas en Andalucía con la mayor legitimidad conocida nunca. Casi todas las leyes se aprueban por mayoría absoluta, incluso la ley electoral o la de Memoria Histórica –o democrática–.
Con tan legitimante mayoría, pueden abordarse numerosos nombramientos, desde el Defensor del Pueblo a la dirección de la RTVA, el Consejo Audiovisual, las renovaciones en la Cámara de Cuentas y en los organismos antifraude, transparencia y el mismo Consejo Consultivo. Y pueden adoptarse medidas de corrección muy importantes para sacar a Andalucía de la asfixia fiscal, del retraso regional o del descrédito de la moral y de la democracia.
Cuando uno examina el acuerdo de gobierno firmado, se pregunta qué es de lo acordado lo que no pudo hacer antes el PP con su mayoría absoluta, y percibe con claridad la necesidad que tiene el PP acomodaticio de Moreno Bonilla de una fuerza más exigente que le obligue a ser lo que debe ser y hacer. Ambos partidos tienen la oportunidad de demostrar a la nación española que juntos pueden hacer grandes cosas. Juan Manuel Moreno Bonilla y Manuel Gavira deberían comprender que este nuevo camino de popular sentido común les erige en máximos referentes, por la relevancia autonómica andaluza, de un futuro político nacional que deben prefigurar con prudencia, esto es, haciendo lo que se debe de la mejor manera.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, añade un pecado capital a los siete conocidos: la desesperanza. Juntos, y con todos los afines a un proyecto nacional democrático, deben comprender que van a ser los administradores de una esperanza que es lo último que vamos a perder si consentimos que se hunda la democracia española a manos de esta partida de bandoleros que nos gobierna desde Moncloa.