A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno ha aprobado una subvención para que Canarias haga frente a la crisis migratoria. El archipiélago vive desde hace semanas llegadas incontroladas de embarcaciones ilegales, dejando cifras nunca antes registradas. El pasado fin de semana más de 1.700 personas en situación irregular llegaron a las islas a bordo de 14 embarcaciones.
"Relativo a las crisis migratorias que estamos viviendo en toda Europa y que afectan también especialmente a nuestro país, el Gobierno sigue adoptando decisiones importantes, en este caso, la que se refiere a la colaboración administrativa con las Comunidades Autónomas y, muy especialmente, con la comunidad autónoma de Canarias", ha precisado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
La ministra ha explicado que se concederá una subvención de 50 millones de euros para el gobierno de Canarias, con el objetivo de atender a las personas migrantes que llegan a la isla. La firma del convenio entre el Gobierno Central y el canario se canalizará en tres objetivos fundamentales.
Tal y como ha indicado Rodríguez, el primero de estos objetivos es "atender a los menores nacionales de terceros países acogidos en centros que gestiona la comunidad autónoma cuya competencia tiene asignada la tutela de los menores". El segundo, "la mejora de las posibilidades de inserción sociolaboral de personas extuteladas", y el tercero, "la realización de actuaciones en el país de origen para prevenir esa migración irregular".
Gastos cubiertos hasta 2024
El Gobierno también ha aprobado la propuesta de ampliar el contrato que tiene el Ministerio de Inclusión con la empresa pública Tragsa, con una vigencia hasta 24 de abril del 2024, "para cubrir estos servicios especiales y singulares que se están produciendo en las últimas semanas, para poder prestar una mejor atención a las llegadas que se están produciendo".
Según ha señalado la ministra portavoz del Gobierno, la adenda a este contrato supondrá un desembolso de 14,5 millones de euros "que complementan esa gestión y esa atención especial que se está produciendo en las islas". Este acuerdo, según ha puntualizado, cuenta con los informes favorables de la Abogacía del Estado por razones de urgencia y de interés general.