El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado que su departamento elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación, durante este mes de febrero, el decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda.
Se trata de una iniciativa "ambiciosa", que tiene como objetivo implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado, y facilitar la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado
Este decreto incluye, por un lado, instrumentos que permitirán incrementar la disponibilidad de suelo para viviendas, uno de los principales problemas por los que atraviesa el Archipiélago; y, por otro, un paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de edificaciones para poner vivienda en el mercado, ya que actualmente hay grandes tenedores que cuentan con más de 1.400 inmuebles sin acabar, vinculados a la crisis financiera de 2008.
También se apostará por la simplificación y agilización de los procedimientos, declarando el interés general y la urgencia en la construcción de vivienda pública, así como facilitando la cesión de suelo por parte de las administraciones locales a la Comunidad Autónoma.
Se trata de "acortar los tiempos" dado que la construcción de una promoción de viviendas suele dilatarse hasta en tres años y la cesión de suelo de los municipios otros doce meses, ha comentado el consejero de Obras Públicas.
Además, para hacer atractiva la construcción de vivienda protegida a los promotores privados se va a modificar el 'Módulo Básico Canario', que ha permanecido inmóvil desde 2003 y supone un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos. Este pasará de unos 1.400 metros cuadrados a unos 1.800, con diferencias para las islas periféricas y también por tipología del inmueble.
El consejero ha señalado que el Plan Canario de Vivienda prevé la construcción de unas 2.000 casas en las islas, una cifra "insuficiente" debido a que hay unos 25.000 demandantes. El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha apuntado que con este decreto, más la regulación del alquiler vacacional, ya en marcha por parte de la Consejería de Turismo y con más de 5.000 alegaciones al borrador, se afronta "de manera decidida" uno de los grandes problemas de las islas.