Quizá con el tiempo se acabe estudiando el sanchismo, si no como filosofía política —le queda grande el término—, sí como una forma de hacer y de entender la política basada fundamentalmente en tres pilares: 1. El mesianismo: culto absoluto al líder, con sumisión total de voluntades, opiniones e iniciativas y sin resquicio alguno para la discrepancia o la crítica; 2. La mentira no supone castigo ni reproche moral, simplemente es un medio más —y, por supuesto, legítimo— para conseguir tus objetivos; y 3. El Manual de resistencia es la virtud suprema, como anuncia el propio Sánchez en su libro de cabecera: cada día que se mantiene en el poder —no importa cómo o para qué— es una victoria.
Bajo estas tres premisas puede entenderse todo el proceder y trayectoria de Pedro Sánchez, desde su fulgurante —y confusamente patrocinada— emergencia al liderazgo dentro de un PSOE naufragado en los destrozos que dejó Zapatero —por muy flaca que resulte hoy la memoria para algunos—; su caída y retorno a la secretaría general, que forjó su leyenda contra la dirigencia del partido —incluido Zapatero, que apoyaba a Susana Díaz—; su sorprendente, precipitado y accidentado ascenso al poder, con una moción de censura contra la corrupción —y no pocos errores de Mariano Rajoy—, articulada y defendida por ese adalid de la limpieza y la decencia que representa José Luis Ábalos; y, finalmente, la capacidad de mantenerse en el Gobierno contra viento y marea, sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos, en un zoco continuo de pactos y compra de voluntades al precio que sea, que le ha llevado a ser ya el segundo presidente con más tiempo en el cargo en la historia democrática de España.
Pero, siendo conscientes de todo ello, el sanchismo ha impregnado y contagiado a todas las instituciones —me atrevería a decir a toda la sociedad— porque al ocupar las estructuras internas del Partido Socialista, el de mayor implantación institucional en este país, pasó inmediatamente a colonizar no solo las corporaciones de estricto carácter político, sino cualquier estructura de poder, desde los medios de comunicación a la judicatura, pasando por cualquier organización empresarial de capital público o privado, y por supuesto sindical, cultural o social. Desde el Tribunal Constitucional a RTVE, desde el Banco de España a la SEPI, desde las industrias estratégicas que se centren en energía, defensa o comunicaciones a la injerencia en colegios profesionales, asociaciones deportivas o hasta un club de tricotar, el sanchismo tiende a la expansión, como el propio universo.
Y viene a cuento la implantación del llamado basurazo como ejemplo muy a ras de suelo cotidiano y de afectación a los ciudadanos, de una manera de hacer las cosas que no cala pero empapa. Se trata de la imposición de un incremento obligado, improrrogable, desproporcionado y errático de una subida desmesurada de la tasa de recogida de residuos sólidos —lo que conocemos como el impuesto de basuras— en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Lo hace, es verdad, como transposición de normativa europea que, bajo el principio de "quien contamina, paga", pretende un fin no recaudatorio sino medioambiental para responsabilizar a los ciudadanos de los residuos que generan. Pero una buena idea, una buena intención, puede ser mal utilizada y pésimamente gestionada, que es lo que ha sucedido. España aprueba una ley en 2022 para la aplicación de esta norma, con el compromiso del Gobierno de procurar y gestionar con tiempo suficiente la aplicación razonable, progresiva, explicada y con criterios homogéneos, en colaboración con la Federación Española de Municipios —más de 8.000 en total, de los que unos 1.400 tienen más de 5.000 habitantes—.
¿Y qué hizo el Gobierno todo este tiempo? Pues entre cero y nada. ¡Cómo van a ocuparse de estas pequeñeces, ocupados como están en cosas más importantes y lucrativas! Ellos invocan el principio buenista, pero cuando llega el momento improrrogable de su puesta en marcha, quienes tienen que dar la cara, so pena de incumplimiento de la ley y penas correspondientes, son los Ayuntamientos.
¿Cuántos ministros —acostumbrados como estamos a verlos opinar de todo y de todos aun sin tener ni idea, y muchos de ellos candidatos en sus respectivas comunidades autónomas— han visto ustedes hablar sobre este tema? Pues eso, como el chiste de la rubia en la discoteca: "¿Pa' qué, pa'cagarla...? ". Total, la cartita que le llega a usted tiene el nombre y el logo de su ayuntamiento, y cuando ve que este año tendrá que pagar en algunos casos hasta el doble de lo que pagaba antes, se acuerda de toda la parentela, vivos y muertos, del alcalde o concejal de Hacienda correspondiente. Es lo que hay. Incluso hay casos, cuya hipocresía alcanza dimensiones descomunales, en los que el mismo Partido Socialista que sustenta a Sánchez y promueve esa forma de actuar, si está en la oposición en un ayuntamiento, recurre en los tribunales la aplicación de esta subida para disfrazarse de defensores del contribuyente, a los que, por otra parte, castigan sin piedad siempre y en todas partes que alcanzan el poder.
Una ciudadanía que renuncia a saber el porqué de las cosas está condenada a languidecer hasta su extinción. Y mientras tanto... ¡sigan bailando!