Cuando la absolución deja de ser noticia

Durante años, el nombre de José Miguel González y el de su familia estuvieron asociados a titulares, acusaciones y procedimientos judiciales relacionados con la conocida gasolinera de Arafo. Durante años, la sospecha ocupó espacios destacados en periódicos, radios y televisiones. Durante años, la opinión pública escuchó una versión de los hechos que apuntaba directamente hacia una presunta actuación delictiva.

Hoy, sin embargo, la historia ha cambiado. Y lo ha hecho de la única manera que importa en un Estado de Derecho: mediante resoluciones judiciales firmes.

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado inadmisible el recurso de apelación presentado por la parte demandante, contra la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Con ello, la resolución emitida en enero se convierte en firme y pone punto final a un procedimiento que ha perseguido judicialmente a esta familia durante años.

Los hechos juzgados se remontan a 2014, cuando los propietarios de una estación de servicio en Arafo, la familia Curbelo, decidieron vender el negocio al empresario sevillano Bienvenido Valenzuela. Este último incumplió lo pactado y ya fue condenado por estafa en un procedimiento anterior. Posteriormente, la estación pasó a manos de José Miguel González, empresario tinerfeño que terminó sentado en el banquillo acusado de frustración de la ejecución de sentencia y blanqueo de capitales.

La Fiscalía sostenía que existió un acuerdo entre ambos empresarios para eludir deudas y simular operaciones de compraventa. Sin embargo, durante el juicio celebrado el pasado mes de octubre, la defensa negó cualquier conocimiento sobre supuestas deudas vinculadas a las propiedades adquiridas. El empresario defendió que compró una estación de servicio que se encontraba prácticamente en ruinas y que tuvo que invertir importantes cantidades de dinero para ponerla nuevamente en funcionamiento.

Finalmente, la Audiencia Provincial concluyó que no existían pruebas suficientes para considerar acreditada la existencia de ese supuesto acuerdo fraudulento. Ahora, con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, esa conclusión adquiere carácter definitivo.

Resulta llamativo comprobar cómo hace apenas dos años numerosos medios de comunicación abrieron sus portadas, titulares y espacios informativos con las acusaciones contra la familia González. La noticia ocupó espacios destacados. La denuncia era noticia. La sospecha era noticia. La investigación era noticia.

Sin embargo, hoy, cuando una resolución judicial firme confirma que no existían pruebas para sostener aquellas acusaciones, el silencio parece imponerse en demasiados casos. La absolución apenas encuentra espacio y el cierre definitivo del procedimiento parece generar mucho menos interés del que despertaron las denuncias iniciales.

Durante años, esta familia tuvo que convivir con la incertidumbre, las miradas y el juicio público. Hoy, cuando por fin puede pasar página y recuperar la tranquilidad, el silencio resulta tan llamativo como aquellos titulares que un día ocuparon portadas.

Y es que el daño reputacional existe. Porque las familias sufren. Porque detrás de cada titular hay personas que conviven durante años con la incertidumbre, la presión social y el juicio paralelo que muchas veces se desarrolla fuera de los tribunales.

La presunción de inocencia no puede convertirse en una frase vacía que solo recordamos cuando una sentencia ya es firme. Debe ser un principio que inspire tanto a la Justicia como a quienes tenemos la responsabilidad de informar.

Hoy, después de años de proceso judicial, la familia González puede dormir tranquila. La Justicia ha hablado y lo ha hecho de manera definitiva. Quizá haya llegado el momento de que algunos se pregunten por qué las acusaciones siempre encuentran focos y las absoluciones, demasiadas veces, apenas encuentran eco.