El suicidio inmobiliario que Drago Canarias planea para las Islas

Carmen Peña, portavoz de Drago Canarias, ha lanzado en un programa de la cadena SER su idea de cómo mejorar el mercado inmobiliario insular: "Las soluciones pasan por el intervencionismo. Aplicando la Ley de Vivienda y regulando los precios del alquiler... Hay que poner límite a que los capitales extranjeros y los no extranjeros compren vivienda". El objetivo, asegura, es que los ciudadanos tengan un proyecto de vida en nuestro territorio.

El discurso apela a la emoción, pero choca con los datos y la lógica económica. Para la izquierda, las casas brotan del suelo de forma espontánea y, acto seguido, aterrizan perversos alemanes y peninsulares para arrebatárselas a los locales.

Pero el funcionamiento es justamente al revés. No se construye y luego vienen los extranjeros a comprar, se construye porque se sabe de antemano que hay demanda.

Sin demanda, no hay oferta, sin guiris, no hay casas.

Los datos notariales reflejan que los extranjeros adquieren en torno al 35% de las viviendas que se venden en Canarias. El populismo concluye que, si se les prohíbe comprar, ese porcentaje pasará de forma automática a manos de los jóvenes isleños. Es una falacia. En una España donde la burocracia y los impuestos hacen que construir valga el doble de su coste real, y que por tanto apenas sea rentable, como así lo indica el estudio La paradoja inmobiliaria: Por qué el aumento del precio de la vivienda no genera más construcción, del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, hace que la demanda inversora tenga un efecto fundamental sobre la oferta. Si limitas la demanda, los promotores sencillamente dejarán de arriesgar su dinero. El resultado no será que los canarios adquieran el 65% de lo que se levantaba antes, el resultado será que tendrán el dudoso privilegio de poder comprar el 100% de las cero casas que se construyan.

Errores del pasado

Esta visión de limitar precios no es nueva. La historia demuestra que intervenir el mercado inmobiliario, sea vetando compradores o regulando precios, como también exige Peña, produce el efecto contrario: seca la oferta, degrada los inmuebles y deja a las familias vulnerables sin techo.

En la obra 4.000 años de control de precios y salarios, Robert Schuettinger y Eamonn F. Butler documentan este fracaso sistemático. Un ejemplo claro es el de San Francisco. En 1906, un terremoto dejó a 225.000 personas sin hogar, pero los alquileres se ajustaron libremente y no hubo escasez a largo plazo. Cuarenta años después, en 1946, con un incremento poblacional mucho menor pero con controles de precios vigentes, la ciudad padeció la peor crisis habitacional de su historia.

El caso de Nueva York ilustra la fase terminal de este modelo. El control de alquileres provocó el abandono y destrucción de más de 30.000 viviendas al año, al imposibilitar a los dueños cubrir los costes de mantenimiento. Los edificios se desmoronan y los propietarios, asustados, retiran sus pisos del mercado.

¿Por qué en Canarias si funcionaría?

Trasladar estas políticas a Canarias equivaldría a hacer que nuestro mercado inmobiliario deje de existir y que nadie pueda acceder a una vivienda. El capital no es un parásito que devora las Islas, es el motor que financia la construcción. Perseguirlo y blindar los precios ahuyentará la inversión, reduciendo un parque habitacional ya insuficiente. Para que los jóvenes canarios tengan un proyecto de vida en su tierra, necesitan que haya casas disponibles. La receta de Drago Canarias no garantiza el derecho a la vivienda; garantiza, con precisión matemática, el derecho a no encontrar ninguna.