Los Servicios Sociales de Castilla y León revalidan su liderazgo y continúan a la cabeza del resto de comunidades autónomas de España con un régimen común de financiación. El sistema social castellano y leonés, en cuya cúspide se ubica la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, obtiene una vez más la máxima puntuación entre las autonomías no forales, es decir, todas excepto Navarra y el País Vasco.
De acuerdo con el Índice DEC relativo al año 2023, realizado por la Asociación estatal de directoras y gerentes de los Servicios Sociales y publicado hoy, la Comunidad supera holgadamente la media nacional, con una ventaja de 1,58 puntos, a pesar de que algunos de los indicadores han cambiado y ahora son más exigentes, los cuales han hecho descender en puntuación a la mayoría de los territorios.
El sistema de Servicios Sociales de Castilla y León alcanza la excelencia en el apartado de derechos y obtiene la mayor puntuación de entre todas las comunidades autónomas, llegando a 1,40 de 1,50, mientras que la media estatal se sitúa en 0,95.
En esta categoría, donde se han producido importantes cambios, puntúa contar con un plan estratégico o un mapa de cobertura, tener una norma o estrategia sobre ética o haber constituido un comité, haber aprobado una norma o estrategia sobre investigación así como un presupuesto específico para ello y haber desarrollado normativa sobre la Historia Social Única y tenerla implantada. En todos estos indicadores, la Comunidad aprueba con solvencia. Para haber alcanzado la perfección y lograr el 0,10 restante, el departamento que dirige Isabel Blanco debería denominarse Consejería 'de Servicios Sociales'.
Castilla y León continúa mostrando un sistema equilibrado, con uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto. Esto se debe a la gran red de colaboración tejida con las entidades locales para la gestión de prestaciones y servicios y a la adecuada integración del Sistema de Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales autonómicos. Es más, también cuenta con un gran equilibrio entre los derechos que reconoce a la ciudadanía y la entrega efectiva de prestaciones y servicios.
No en vano, en el apartado de cobertura, aun habiéndose producido también cambios importantes a la hora de evaluar a las comunidades, Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal y es la que obtiene la mayor puntuación de toda España, alcanzando la excelencia: 3,79 puntos frente a 2,59.
La Comunidad destaca sobremanera en profesional por número de habitantes, uno por cada 1.697 frente a los 1.764 estatales; dependencia, donde es líder con una nota de 8,9 del Observatorio de la Dependencia frente al 5,1 nacional; plazas residenciales de financiación pública para mayores de 70 años, donde se encuentra a la cabeza con una cobertura que duplica la media estatal; o en plazas residenciales para personas con discapacidad, con una plaza por cada 22 de estos ciudadanos frente a las 57 del conjunto del país.
También se coloca en las posiciones más altas en cuanto a acogimientos familiares de menores, con el 55 % del total de la Comunidad, tres puntos por encima de la media nacional; en tasa de plazas de alojamiento para víctimas de violencia machista, con 21,1 plazas por cada 100 mujeres frente a las 14,25 del Estado; o en plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 82,9 por cada 100.000 habitantes frente a las 58,5 del conjunto de España.