El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado este jueves al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a remitir un requerimiento formal al Gobierno central con el objetivo de calcular y cuantificar la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente al ejercicio 2023.
Este paso, que se enmarca en el cumplimiento del principio de lealtad institucional, busca garantizar una financiación adecuada para los servicios públicos esenciales que presta la Comunidad. La diferencia reclamada por la Junta asciende a 315 millones de euros, según ha precisado el propio consejero.
#CastillayLeón reclama al Gobierno 315 M€ de la financiación de 2023 tras asumir @jcyl gastos imprevistos derivados de la aplicación de políticas y normativas estatales
🗣️@cfcarriedo apela a la lealtad institucional para evitar el ‘yo invito y tú pagas’ pic.twitter.com/ZOkI31D6gr
— Junta de Castilla y León (@jcyl) October 16, 2025
Carriedo ha subrayado que el objetivo del requerimiento es "garantizar para la comunidad autónoma los fondos que nos corresponden y el principio de lealtad institucional, bajo el cual aquella administración que regula y establece criterios es la que tiene luego que hacer frente a los gastos de los mismos".
"Yo invito, tú pagas"
El consejero de Economía y Hacienda ha criticado la dinámica por la cual el Estado impone nuevas obligaciones sin asumir su financiación: "Se trata de huir del principio de ‘yo invito y tú pagas’. Estamos acostumbrados las comunidades autónomas a regulaciones de ámbito nacional que al final acaban suponiendo gastos para las comunidades en aspectos muy diversos".
En este sentido, ha insistido en que "las comunidades autónomas queremos, como es natural, que aquel que regula y establece obligaciones de carácter financiero sea luego el responsable de satisfacer el crédito de los mismos".
El requerimiento se plantea como un paso previo a otras posibles acciones por parte de la Comunidad Autónoma y tiene como finalidad alcanzar un acuerdo satisfactorio con la Administración General del Estado. Desde la Junta recuerdan que el modelo actual de financiación, aprobado en 2009, está caducado y pendiente de reforma, lo que agrava los problemas de equilibrio financiero entre territorios.