Dos de los ocho funcionarios valencianos que a cedieron al expediente de Rocío Carrasco por violencia de género han reconocido que accedieron al mismo tras la emisión de Contar la verdad para seguir viva, el polémico docudrama de La Fábrica de la Tele en el que acusó a Antonio David de malos tratos apoyado por el ministerio de Igualdad.
Se trata de un psicólogo e la Oficina de Atención a las víctimas del Delito de Alzira y una trabajadora social interina es la misma oficina. Para ellos el Ministerio Fiscal pide tres años y medio de prisión y 5.400 euros de multa, así como seis los de inhabilitación por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La Audiencia de Valencia ha juzgado el jueves a los dos funcionarios por este posible delito ocurrido el 22 de marzo de 2021 a primera hora de la mañana. Se trata de la mañana siguiente a la emisión del primer episodio de Contar la verdad para seguir viva.
Los acusados han reconocido que accedieron con sus propias contraseñas a Viogen para consultar los datos personales de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Aseguran que lo hicieron por la avalancha de llamadas que se habían producido por el caso. Y reconocieron, también, que era la primera vez que accedían al expediente de una persona de la cual no habían hecho seguimiento.
El instructor de los ocho expedientes ha asegurado al respecto que si no hay mala fe los funcionarios sí resulta justificable que pudieran acceder dentro de sus funciones laborales, tal y como ellos aseguran.