Canarias tiene un auténtico problema con la gestión de los gatos silvestres a raíz de la ley de Bienestar Animal. Los felinos están arrasando con las poblaciones de aves y reptiles, lo que supone una auténtica amenaza para muchas especies autóctonas insulares en peligro de extinción.
Sin ir más lejos, a finales de septiembre, SEO Birdlife denunció que en La Graciosa, "entre 2020 y 2024 se ha registrado la muerte por depredación provocada por gatos de, al menos, 172 aves (paíños, petreles, hubaras y pardelas cenicientas), lo que supone una pequeña parte de la depredación ocasionada por este felino". Y exigió la "captura y traslado a instalaciones adecuadas en Lanzarote" de los gatos "como única actuación efectiva para evitar daños urgentes a la fauna silvestre".
Pero no es tan sencillo, empezando por el gasto público que supone habilitar instalaciones adecuadas, los servicios veterinarios y la alimentación de los gatos, y siguiendo por el hecho de que la propia ley animalista considera que meter a un gato silvestre en un albergue de por vida es maltrato animal.
Llegados a este punto, a principio de octubre la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria emitió un informe que clasificaba a los gatos comunitarios como una especie exótica invasora, lo que le permitía reubicar las colonias felinas fuera de los Espacios Naturales Protegidos.
Unas semanas más tarde, un informe de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad en el que el Gobierno canario entiende que el sacrificio de los gatos no socializados es "ajustada a Derecho", según el documento filtrado por la asociación animalista FAADA.
La excepción de la ley animalista
La ley de Bienestar Animal prohíbe la reubicación o el desplazamiento de gatos comunitarios, con la excepción de los gatos cuya ubicación en libertad:
- Suponga un impacto negativo para las condiciones de biodiversidad en espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000.
- Suponga un impacto negativo para la fauna protegida.
- Suponga un riesgo contra la salud y la seguridad de las personas.
Por este motivo, señala el informe, "se entiende ajustada a Derecho la decisión de proceder a la retirada inmediata de colonias felinas" que supongan una amenaza de forma justificada con un informe.
Hay un segundo recoveco de la ley animalista que abre la puerta al sacrificio de animales, que sólo puede realizarse "por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública debidamente justificado por la autoridad competente". Por otra parte, como se ha incluido a los gatos en el listado de especies exóticas invasoras, las administraciones competentes pueden adoptar "medidas urgentes de control y erradicación y de campañas destinadas a tal efecto".
Con ese argumento, señala el informe, "si quedase constatada la imposibilidad de su reubicación, se entiende ajustado a Derecho que se apruebe, en el marco de dichas actuaciones: el confinamiento de los gatos no socializados con el ser humano, en centros de protección animal, residencias o similares, como actuación transitoria de carácter necesario, previo a su sacrificio" y "su confinamiento en centros de protección animal, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos, para realizar su sacrificio".
Alerta animalista
Para FAADA, estas ordenes suponen "una manipulación de la normativa de protección animal, del patrimonio natural y de biodiversidad para llevar a cabo una exterminación masiva de los gatos comunitarios".
También denuncia que el pasado 13 de agosto, un gato fue capturado por los Agentes de Medio Ambiente procedente de La Graciosa y trasladado a un albergue con una Orden de Sacrificio firmada por el Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias".