El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo ha vuelto a hacer. Tal y como sucedió con el apagón, los criterios ideológicos le han llevado a tomar una decisión catastrófica en este caso para cuatro especies en peligro de extinción. El Gobierno ha ampliado la lista de especies invasoras y, tratando de prohibir las típicas tortugas que se venden en las tiendas de mascotas, ha acabado ilegalizando cuatro especies amenazadas.
Según se publicó en el BOE este pasado lunes, todas las especies de tortugas de los géneros Mauremys y Pseudemys pasan a considerarse especies invasoras. En total, son 17 especies las que el ministerio de Aagesen ha declarado una "amenaza para la diversidad biológica nativa por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética", según la definición que el propio ministerio utiliza.
Sin embargo, entre esas 17 especies que el ministerio considera una amenaza que hay que erradicar se encuentra la tortuga de Annam (Mauremys annamensis), procedente de Vietnam y en peligro crítico de extinción. "No queda prácticamente ninguna en la naturaleza", explica el presidente de la Sociedad Herpetológica Valenciana (SoHeVa), José María López Sánchez. "Nuestra sociedad tiene un acuerdo con el Acuario de Zaragoza y el Zoo de Santillana para intentar recuperar esta tortuga, que es extremadamente rara en libertad y necesita toda la ayuda que le podamos dar a la especie. Pero esta gente, al prohibir todo el género Mauremys, la han declarado invasora y a erradicar", señala.
Lo mismo ha sucedido con la tortuga de cuello rojo de China (Mauremys nigricans) o la tortuga de vientre rojo de Alabama (Pseudemys alabamensis), ambas en peligro de extinción. O la tortuga del Caspio (Mauremys caspica), protegida en Europa por el Convenio de Berna. Aunque estas especies están a punto de desaparecer en sus hábitats, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que en realidad pueden invadirnos.
Una decisión ideológica
Para evaluar de forma científica si un animal es invasor o no, la ley obliga al Gobierno a hacer un análisis de riesgos siguiendo una serie de procedimientos regulados y optimizados para cada especie. Posteriormente debe elaborar una memoria justificativa de los motivos que han llevado a la inclusión de dicha especie en el listado de invasoras.
Sin embargo, "Transición Ecológica ha tomado en primer lugar la decisión y luego la ha justificado", denuncia el presidente de SoHeVa. "Han cogido el protocolo de evaluación de riesgos y lo han aplicado a todo un género o a una familia. Y, por desidia o vagancia, han acabado perjudicando a especies el peligro y a esos proyectos necesarios para su supervivencia".
Y, una vez más, estamos ante el modus operandi de este Gobierno, que, ignorando cualquier informe técnico y criterio experto, toma una decisión basada en postulados ideológicos, bien sea prohibir las mascotas exóticas o cerrar las centrales nucleares. Cuando la historia acaba mal, simplemente consiste en culpar a otros de los fracasos.