Los veterinarios no dan crédito ante el último episodio de humillación por parte del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de actuar con "mala fe", de "manipular" y de "poner el juego" el prestigio de los profesionales y la salud de los animales. La causa del enfado es un documento que la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura (MAPA) ha enviado a distintos departamentos de la administración para supuestamente aclarar la situación de los veterinarios y las demandas de los últimos meses con respecto al Real Decreto 666/2023 que restringe el uso de medicamentos.
Ese documento del Ministerio, que comienza señalando que las protestas de los últimos meses son una "falsa polémica" atribuida a la "falta de conocimiento del sector veterinario", ha llegado a manos del Comité de Crisis Veterinario, el órgano que reúne a las asociaciones profesionales, facultades y colegios veterinarios contrarios a la norma. Ellos han respondido con un comunicado para mostrar su "rechazo rotundo" a este documento que consideran "ofensivo" y "una gran falta de respeto".
El colectivo explica que su demanda es sencilla: poder suministrar tratamientos completos, ajustados a cada caso, sin tener que recetar cajas de 10 o 20 comprimidos cuando solo se necesitan dos. A su juicio, esto es clave para prevenir la automedicación por parte de los propietarios y reducir el riesgo de resistencias a los antibióticos e incluso evitar la venta fraudulenta o el mercado negro que ya existe: "Estas demandas "tan desproporcionadas" según el MAPA, son la práctica habitual en toda Europa, con la excepción de nuestro país y un par más", afirman. De hecho, consideran que con esta norma "el MAPA se ha pasado 3 pueblos".
Alegaciones contra el PRESVET
Con respecto al PRESVET, el sistema telemático en el que los veterinarios deben registrar las recetas y los tratamientos, el Ministerio les recrimina porque "han tenido más de un año para prepararse" y "no se recibió ninguna alegación" contra la plataforma. Los veterinarios responden que no pudieron probar la aplicación hasta noviembre de 2024, a pesar de que inicialmente (el Ministerio tuvo que recular) las sanciones por errores o retrasos oscilaban entre los 60.000 y 1.200.000 euros.
"¿Cómo alegar ante lo desconocido? El papel lo soporta todo y, hasta que no se empieza a trabajar, es imposible valorarlo. ¿No hubiera sido más sencillo preguntar previamente a los veterinarios clínicos? No se hizo con ninguno de los miles que se iban a ver obligados a utilizarlo".
"Manipulación" de datos
El Comité también pone en duda los argumentos del MAPA sobre la venta de antibióticos: "Nos parece vergonzoso e indigno que, sin ningún tipo de pruebas, pues faltan muchos estudios, se achaque al colectivo veterinario la responsabilidad de las muertes de personas por resistencia antimicrobiana (RAM)".
También acusa a la cartera de Luis Planas de "manipular" las estadísticas: "Las verdades a medias son grandes mentiras. Se oculta que la producción de porcino, muy importante en España y ejemplar en su gran mayoría, como bien conocen en el MAPA; requiere el uso de más antibióticos que otras especies, a pesar de su buen hacer.(…) Se oculta que el consumo de antibióticos en perros y gatos, supone un 0,78% y 0,08% respectivamente; cuando en su escrito hace creer que es muy superior".
El Comité de Crisis Veterinaria "continuará trabajando sin descanso hasta que se reconozca el valor sanitario de nuestra profesión, se garantice el ejercicio clínico con rigor científico y seguridad jurídica, y se derogue una normativa injusta que compromete la salud y el bienestar animal", concluye el comunicado.