Los diputados franceses comenzaron este jueves a debatir dos proposiciones de ley –una orgánica, para los comicios presidenciales, y otra ordinaria, para el resto de elecciones nacionales y europeas– que responden a la experiencia de Macron al ser elegido en mayo de 2017, al término de una campaña en la que se sintió atacado con rumores atribuidos a medios rusos. "La actualidad electoral reciente ha demostrado la existencia de campañas masivas de difusión de falsas informaciones destinadas a modificar la marcha normal del proceso electoral con servicios de comunicación en línea", señala la exposición de motivos.
El dispositivo cubre un periodo que va desde los tres meses antes del primer día de votación hasta la fecha del escrutinio, y prevé para los infractores penas de hasta un año de prisión y 75.000 euros de multa, así como la suspensión de la difusión de los programas o secuencias publicitarias que fueran declaradas culpables. También se creará una web estatal dedicada a luchar contra las noticias falsas, como la española Maldito Bulo o la americana Snopes, ambas privadas.
Pese a que el movimiento macronista La República En Marcha goza de una amplia mayoría parlamentaria, se espera un debate intenso en la Asamblea Nacional, ya que los grandes grupos de la oposición, tanto de izquierdas como de derechas, han presentado mociones para la retirada del texto. Por su parte, los medios la han criticado extensamente. "El Estado no puede convertirse en un ministerio de la verdad", ha asegurado a Le Parisien el periodista Pierre Haski. "Esta ley supone un riesgo real no porque sea opresiva, sino por los potenciales efectos perversos de su implementación".
Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la definición de noticia falsa, que después de haber sido modificada a instancias del Consejo de Estado, ha quedado como "cualquier alegación o imputación de un hecho desprovista de elementos verificables que la hagan verosímil". Cuando se tengan sospechas de que alguna información cumple con esa definición, se podrá recurrir a un juez para que en sólo 48 horas pueda ordenar el cese de esa difusión si estima que puede comprometer "la sinceridad de la votación".
Algunos juristas han apuntado a los problemas prácticos de la norma. "Puede llevar meses de investigación determinar la veracidad de algunas noticias", considera Basile Ader, vicepresidente del Colegio de Abogados de París, al recordar el ejemplo de las supuestas cuentas offshore del propio Macron. "Un juez puede no ser capaz de verificar una información en 48 horas. Va a crear un montón de incertidumbre en un área donde se necesita tener mucho cuidado".
Con este proyecto, plataformas digitales como Facebook o YouTube tendrán que ser más transparentes durante el periodo electoral, hasta el punto de que deberán identificar ante los usuarios qué personas o empresas están pagando contenidos de información relativos a "un debate de interés general", así como el monto de las remuneraciones. Las redes sociales tendrán también que poner en marcha un sistema que permita a sus usuarios señalar falsas informaciones.
Además, el Consejo Superior del Audiovisual (CSA) podrá intervenir cuando el origen de las maniobras de desinformación esté en una entidad "controlada por un Estado extranjero o bajo la influencia de ese Estado". Una disposición formulada claramente pensando en Russia Today, a la que Macron acusó de haber propagado informaciones falsas durante la campaña de las presidenciales de 2017.