La Comisión Europea ha adoptado este jueves dos decisiones contra Google y ha impuesto al gigante tecnológico una multa millonaria. Bruselas apunta que la empresa con sede en Silicon Valley ha favorecido sus propios servicios en su motor de búsqueda y ha impuesto restricciones a terceras empresas para redirigir a los consumidores a canales de compra alternativos en Google Play, redireccionando a los usuarios a sus propios servicios, lo que incumple la Ley de Mercados Digitales (DMA) europea. Por ello, ha impuesto dos multas a la compañía, una de 460 millones de euros y otra de 430 millones de euros, lo que en total suma 890 millones de euros, la multa más alta hasta ahora impuesta a una compañía por incumplir la DMA.
La compañía ha visto este mismo mes cómo la Justicia europea ratificaba la mayor multa de la Comisión Europea impuesta contra una empresa tecnológica de 4.125 millones, por abusar de su posición dominante en Android. Y ahora recibe nuevas sanciones por favorecer sus propios servicios frente a los de terceros. Bruselas ha constatado que Google otorga «un trato preferente» a sus propios servicios de compras, hoteles, transportes... frente a los de terceros en su motor de búsqueda, lo que va en contra de la ley comunitaria.
Los servicios de Google quedan, por tanto, en una posición más destacada —en la parte superior de la pantalla— y con elementos visuales y filtros mejorados, algo que no ocurre con los servicios que ofrecen terceros, que no gozan de la misma visibilidad.
La ley europea determina que los distribuidores de aplicaciones a través de Google Play deben poder informar a los clientes sobre ofertas alternativas y redirigirlos a sus páginas web o tiendas de aplicaciones alternativas sin coste alguno. Sin embargo, Bruselas señala que Google impide a los desarrolladores comunicar y promocionar libremente sus ofertas, así como formalizar contratos con los usuarios a través de las plataformas que ellos elijan. «Si bien Google puede percibir una comisión por facilitar la captación inicial de un nuevo cliente para un desarrollador a través de Google Play, la cuantía de las comisiones relacionadas con la redirección de usuarios y la duración del período de cobro de las mismas excedían lo permitido por la ley europea», destaca la Comisión.
Además de las sanciones económicas, el Ejecutivo comunitario ha ordenado a la tecnológica que ponga fin a estos incumplimientos y que aplique medidas para tratar a los servicios de terceros de manera justa y no discriminatoria; y permitir a los desarrolladores comunicar y promocionar libremente sus ofertas y formalizar contratos dentro y fuera de la plataforma Google Play.
Tras un diálogo con la compañía, Bruselas señala que Google ha propuesto y ha comenzado a probar cambios en la forma que presenta sus servicios en el buscador de Google. La Comisión supervisará que se apliquen estas soluciones, que suponen "un avance sustancial" hacia el cumplimiento de la ley europea. Los servicios técnicos de la institución comunitaria también han tomado nota de cambios relacionados con el redireccionamiento de usuarios, lo cual supone "un avance positivo" hacia el cumplimiento.
Las sanciones impuestas tienen en cuenta la gravedad y la duración del incumplimiento por parte de Google, que está obligada a cumplir la decisión de la Comisión en un plazo de 60 días. De no hacerlo, se expone a multas coercitivas periódicas que podrían alcanzar hasta el 5 % de su volumen de negocio anual a nivel global.
Por su parte, Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz, Alphabet, ha asegurado que "esta aplicación de la DMA sigue deteriorando los productos de uso diario. Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play". Walker asegura que "esto no es competencia justa; es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos" y concluye señalando que "la regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos".