Este miércoles la ministra de Sanidad Mónica García ha presidido la primera reunión para retomar la reforma del Estatuto Marco de la profesión sanitaria. El encuentro venía precedido por quejas prácticamente unánimes desde el sector después de que trascendiese el contenido del borrador. Los puntos más polémicos, los referidos a la "exclusividad" en el ejercicio en el sector público para jefes de servicio y directivos y también para médicos tras el MIR durante cinco años han sido criticados desde gobiernos autonómicos y colegios y sindicatos médicos, incluso Amyts, muy próximo a la ministra desde su tiempo de líder de la oposición en Madrid.
Del encuentro ha trascendido que ha servido como una toma de contacto pero García no ha dado detalles sobre si se han solventado los principales puntos de fricción, más allá de hablar de una reunión productiva, pese al ambiente caldeado de los días previos. La ministra ha destacado en rueda de prensa el "buen tono" de la cita y sobre las quejas, ha dicho que "eesde el Ministerio hacemos los debates en abierto, los hacemos de frente. No vamos a eludir ningún debate o discusión que mejore nuestro sistema nacional de salud".
Ante los medios, ha insistido en defender la dedicación exclusiva de cargos de responsabilidad a cambio de más salario. No ha entrado en cambio en la de los MIR, limitándose a decir que su compromiso es que "las nuevas generaciones tengan mejores condiciones laborales de las que tuvimos los predecesores al tiempo que pedía "discreción" en los contactos.
Entre tanto, las quejas y comunicados de protesta continúan: este miércoles, se ha pronunciado el Consejo Gallego de Colegios Médicos con un contundente escrito en el que tacha el texto de "ataque frontal incuestionable a los derechos fundamentales" de los sanitarios.
En la nota recogida por Europa Press el presidente del Consejo Gallego y del colegio provincial de Lugo, Eduardo Iglesias, detalla los cuatro puntos principales que "chocan con los intereses" de la profesión. Sobre el intento de retener en la sanidad pública a los MIR al acabar su formación, denuncia "la restricción de la libertad de los médicos al finalizar su especialización". "Sin lugar a dudas, podría motivar una fuga de trabajadores altamente cualificados y en unos años clave de su carrera hacia otros países menos restrictivos o que respeten más la libertad personal y profesional", avisa.
Respecto a la exclusividad para los jefes de servicio, que no podrían ejercer en la sanidad privada, señala que es una "limitación de su capacidad de ejercicio profesional" y "una piedra más en el camino" en un colectivo que ya asume "una carga de responsabilidad enorme".
También protesta ante la "falta de empatía evidente hacia el colectivo" que el Gobierno muestra al no crear el grupo de empleo público 'A1+' para ellos: "Ha optado por denegarnos una vez más una calificación profesional que estaría acorde a los deberes y obligaciones que afrontamos de manera diaria como principales responsables del diagnóstico, tratamiento o rehabilitación del paciente, entre otras muchas funciones".
A esto ha sumado otras medidas "contrarias a los derechos laborales", como "el hecho de no reconocer las horas de guardia trabajadas a efectos de jubilación" o "la eliminación de las horas de descanso que sí se le reconocen al resto de trabajadores en España". Además, Iglesias reclama a García que se siente con los colegios médicos, además de con los sindicatos, "a negociar" el estatuto marco para reforzar la sanidad pública "de la mano de unas medidas que respeten y valoren al conjunto" de los profesionales.
Llamamiento a la huelga desde Baleares
Mientras, desde Baleares, el Colegio Oficial de Médicos (Comib) y el Sindicato Médico (Simebal) se han planteado incluso la posibilidad de una huelga: lo hicieron la pasada noche en una asamblea en la que participaron varias decenas de profesionales que expusieron algunos de los agravios que han causado "malestar" entre los sanitarios.
A juicio de Simebal, algunas de las medidas que se contemplan en el nuevo estatuto marco, entre las que destacan las limitaciones para compatibilizar el ejercicio de la medicina en el sistema público y en el privado o el no reconocimiento de las horas de guardia a efectos de la jubilación, representan un perjuicio tanto a los derechos de los profesionales como al sistema sanitario en su conjunto.
Desde el sindicato rechazan "la idea de que los problemas de la sanidad pública sean atribuibles únicamente a la actividad privada de los médicos" y apuntan a la responsabilidad de una "ineficaz gestión administrativa". El Sistema Nacional de Salud, señalan en un comunicado, "está en manos de gestores incapaces de implementar reformas efectivas que promuevan, fidelicen y retengan a los médicos formados en el ámbito nacional".
El secretario general de Simebal, Alfonso Ramón Bauzá, apunta que este pesar es común a buena parte de las organizaciones sindicales de otras regiones de España, algunos de los cuales han mostrado su rechazo de forma pública. "No hay nadie que no esté un poco enfadado", ha aseverado. Es por ello que ha llamado a las sindicatos médicos de todo el país a que, en el caso de que el Ministerio de Sanidad no modifique el borrador del nuevo estatuto marco, convoquen una huelga general.
En la misma línea se ha expresado el presidente del Comib, Carles Recasens, quien ha mostrado su preocupación por la "viabilidad del sistema público actual". "Todos los médicos, de la privada y la pública, sabemos cual es problema real, faltan médicos desde hace muchos años. El problema real es que el sistema público tiene dificultades para ofrecer condiciones dignas a los médicos", ha dicho.
Las reuniones con los sindicatos continuarán, según Sanidad, hasta alcanzar un nuevo Estatuto Marco. Está previsto además que los días 6 y 7 de febrero el Ministerio presente a las comunidades autónomas los avances.
