El Foro Económico Mundial se presenta como un espacio de reflexión global en el que líderes políticos y empresariales analizan los grandes retos de la humanidad. Sin embargo, sus propuestas sobre la vivienda revelan algo más que buenas intenciones tecnocráticas: dibujan un modelo en el que el problema deja de ser que la gente no puede pagar un hogar digno y pasa a ser que el sistema no dispone de datos suficientes para gestionarnos mejor.
En uno de sus textos recientes, el Foro sostiene que centrarse en el precio de la vivienda es una mirada "miope", porque el verdadero coste de la vida incluiría el transporte, la energía, la alimentación y la atención médica. Sobre el papel, esta ampliación del foco parece razonable. En la práctica, desplaza el debate de una realidad muy concreta —el encarecimiento desbocado del alquiler y la compra— hacia una nebulosa de "costes urbanos" donde todo pesa un poco y nada se aborda de raíz.
La idea se refuerza con otro razonamiento: si una familia viviese sin automóvil, en una casa energéticamente eficiente y con alimentos asequibles cerca, dispondría de más renta disponible que si simplemente bajara el precio de la vivienda. El problema para Davos no son tanto las rentas inmobiliarias como nuestro estilo de vida. De este modo, la responsabilidad se desliza sutilmente desde la estructura del mercado hacia las decisiones de consumo de los hogares. Según esta premisa, la crisis dejaría de ser una cuestión de poder económico y regulación y pasaría a convertirse en un puzle de "elecciones" que los algoritmos y la IA pueden optimizar convenientemente.
La verdadera escasez: suelo y poder, no datos
En otra publicación reciente, el Foro reconoce que la limitación real es el suelo, no los ladrillos. Esta afirmación, tomada de un informe de consultoría, apunta a uno de los núcleos del problema: en las grandes ciudades no falta tanto vivienda construida como suelo disponible.
Durante décadas, el desarrollo urbano se ha basado en ampliar la periferia, recalificar terrenos y favorecer un modelo de ciudad dispersa, dependiente del coche, cara de mantener y rentable para quienes han controlado el suelo. Hoy se constata, según Davos, que este modelo resulta insostenible: escasez artificial de suelo urbanizable, concentración de la propiedad, vivienda vacía utilizada como activo financiero, auge de los alquileres turísticos, infrautilización de edificios en zonas céntricas y presión constante sobre los barrios más de moda.
Sin embargo, los documentos de Davos apenas se detienen en estas dinámicas de especulación, secuestro regulatorio del suelo o desigualdad en su propiedad. La discusión se formula en términos de "descoordinación global" entre oferta y demanda, como si el mercado inmobiliario fuese un tablero mal organizado que pudiera ordenarse desde un panel de control central. El suyo.
Capital privado como salvador… invitado por las instituciones
El giro se vuelve más evidente cuando las recetas pasan por movilizar grandes cantidades de capital privado para afrontar el "déficit de vivienda asequible". La lógica es conocida: se crea un gran fondo de vivienda, se canalizan inversiones de grandes actores financieros y se articulan programas públicos —como la "ola de renovación urbana europea" o "European renovation wave", en inglés— que, en la práctica, garanticen demanda, ventajas regulatorias y marcos estables para esos inversores. En cristiano: nuestros políticos regulando a favor de los grandes fondos para resolver nuestros problemas. La misma canción con otra letra, esta vez más burda y grosera de lo habitual.
El resultado es que las mismas entidades que ya controlan cientos de miles de viviendas en Europa podrán ampliar su dominio sobre el parque inmobiliario, ahora con el sello de legitimidad de una política pública "innovadora y sostenible" (personalmente, cada vez pienso más que cuando a algo se le añade la etiqueta "sostenible" es porque es algo realmente malo para todos y bueno solo para unos pocos; los que le ponen la etiqueta). Se tratará principalmente de vivienda en alquiler, gestionada según criterios de rentabilidad financiera y no de necesidad social. El informe habla de "propiedades compartidas asequibles" y "nuevos estilos de vida basados en el acceso a servicios", pero el mecanismo de fondo es sencillo: concentración de la propiedad en manos de unos pocos actores globales, mientras las administraciones (pagadas por los ciudadanos) asumen el riesgo político y de infraestructura.
La crisis de la vivienda, así reinterpretada, ya no exige replantear el peso de la propiedad corporativa, el uso especulativo del suelo ni la protección efectiva del derecho a la vivienda. Lo que parece requerir, sobre todo, es facilitar la entrada de más capital en un sector cuya rentabilidad está prácticamente garantizada. ¿Cómo se puede permitir que fondos de vivienda se jacten de publicar beneficios de doble dígito en un sector maduro y consolidado, mientras cada vez menos personas pueden permitirse lo más básico después del alimento: una vivienda? Vivimos en un mundo gobernado por verdaderas criaturas procedentes del averno y parece que nadie ha pensado en hacer nada por el momento.
IA y ciudades inteligentes: cuando el hogar se vuelve un nodo de datos
Por si fuera poco, en este marco aparece la Inteligencia Artificial como herramienta clave. Las propuestas asociadas a "smart cities" no se limitan a optimizar semáforos o alumbrado. Hablamos de sistemas que permiten conocer en tiempo real dónde se mueve la población, qué transporte utiliza, qué servicios consume y cómo ocupa el espacio urbano. La vivienda se convierte en un nodo más de una red de monitorización y de escrutinio continuo.
Gestionar la vivienda mediante IA implica, entre otras cosas, cruzar datos de contratos de alquiler, historiales de pago, consumo energético, movilidad y patrones de comportamiento. Estos sistemas pueden utilizarse para prever impagos, ajustar dinámicamente los precios, evaluar el nivel de riesgo de los inquilinos o decidir qué zonas de la ciudad deben remodelarse por supuestos motivos de eficiencia (y sostenibilidad, ya sabemos todos…). Todo ello con una opacidad tecnológica que hace muy difícil discutir las decisiones, porque se presentan como resultados "objetivos" del algoritmo.
Desde el punto de vista de los grandes propietarios y fondos de inversión, el atractivo es evidente: un control mucho más fino sobre activos e inquilinos, la capacidad de reaccionar con rapidez y la reducción de riesgos mediante perfiles automatizados. Desde el punto de vista ciudadano, el riesgo también es cristalino: la vida cotidiana pasará a estar sometida a un sistema de puntuaciones implícitas que, sin necesidad de llamarse "crédito social" como en China, condicionará el acceso a una vivienda o la permanencia en ella.
Monitorización y Gobierno: quién controla el tablero
Uno de los aspectos más problemáticos de este enfoque es la gobernanza de la información. ¿Quién almacena los datos generados por estas ciudades inteligentes? ¿A quién pertenecen los patrones de movilidad, consumo y convivencia que se deducen de ellos? ¿Bajo qué reglas se comparten con autoridades, empresas u otras entidades?
Las decisiones sobre vivienda —qué se construye, dónde, para quién y con qué condiciones— pasan así a depender, en buena medida, de modelos y algoritmos diseñados por equipos que responden a intereses corporativos o a alianzas entre grandes consultoras, instituciones financieras y administraciones públicas. Se habla de "optimización" y "eficiencia", pero apenas se discute la distribución de poder que resulta de esa arquitectura digital.
Problemas reales, problemas ficticios
La retórica de algunos de estos informes tiende a minimizar factores que resultan incómodos para los grandes actores del mercado: la especulación, la propiedad concentrada de suelo y vivienda, la desigualdad salarial, la regulación arbitraria de los alquileres o la fiscalidad laxa sobre grandes patrimonios inmobiliarios. En cambio, aparecen con fuerza conceptos como "descoordinación", "ineficiencias" o "falta de datos", que se presentan como los verdaderos obstáculos para la vivienda asequible.
Se diluye la responsabilidad política, se eluden los conflictos de interés y se construye un problema tecnológico cuando realmente hay uno social. La técnica del trilero parece funcionar muy bien cuando se aplica a gran escala.
Reivindicar el derecho a la vivienda frente al tablero algorítmico
La cuestión de fondo no es si la IA puede aportar herramientas útiles para planificar mejor el territorio o detectar situaciones de vulnerabilidad. Es evidente que puede hacerlo. El problema es quién define las prioridades, con qué fines se recopilan los datos y qué controles democráticos se aplican sobre los sistemas que se proponen como solución.
Cuando un foro como el de Davos orienta el debate hacia "soluciones globales" apoyadas en IA, fondos de inversión y la coordinación de datos, conviene preguntarse qué modelo de sociedad se está perfilando. Uno en el que la vivienda es un derecho garantizado mediante políticas públicas robustas, la participación ciudadana y límites claros a la especulación, o uno en el que los hogares se convierten en unidades de una gran hoja de cálculo global, gestionada por quienes controlan el capital y la información.
Si la crisis de la vivienda se redefine como un problema de datos mal alineados, se corre el riesgo de ocultar los problemas reales y de generar otros nuevos: pérdida de privacidad, dependencia tecnológica, debilitamiento del control democrático y mayor concentración de poder en manos de actores transnacionales. La prioridad no debería ser que los algoritmos nos coordinen mejor, sino que las reglas del juego dejen de favorecer sistemáticamente a quienes se han apropiado del tablero.