La corrupción en España es inherente al propio sistema de partidos políticos. La propia noción de partido político, recogida en la Constitución, vicia el entero orden, o mejor dicho, desorden político impuesto a la sociedad española por una casta política que hace mangas y capirotes de la Constitución, cuando no es el propio texto constitucional el que propicia la corrupción, pues que no está claro que los partidos políticos recojan, como dice el artículo 6 de la Constitución, el sentimiento y la razón políticas de los ciudadanos que se abstienen o votan en blanco en todos los procesos electorales. Por lo tanto, el fenómeno, sin duda alguna, político de nuestra época que es la abstención política no ha sido contemplado por el citado artículo tan cacareado por la casta política: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley".
Es clave, pues, para acabar con la corrupción el estudio del origen, la fundación y el desarrollo de los partidos políticos españoles, empezando por evaluar el éxito o el fracaso del "deber ser" exigido por el constituyente, en la parte final del citado artículo 6, para que la vida política discurra por los senderos de la normalidad, a saber, "su estructura interna y funcionamiento (de los partidos) deberán ser democráticos". No hace falta haber militado en un partido político para saber que el imperativo ético exigido por la Constitución es mancillado permanentemente por los dirigentes de todos los partidos políticos… El funcionamiento interno de los partidos es asunto determinante para abordar con cierto éxito algunas de las lacras de la corrupción. La investigación sobre la financiación, legislación y selección de sus líderes son otros capítulos centrales para entender la corrupción.
La realidad de los partidos políticos, en fin, es el primer depósito donde se aloja la corrupción. La oscura financiación de todos los partidos hace inviable que ellos tomen en serio acabar con la corrupción. De ahí que las comisiones parlamentarias para acabar con caso concretos de corrupción sean un chiste por no decir algo más grave. No recurramos para acabar con la corrupción con la gente que la genera. Es ridículo. Pero nadie tire la toalla. Es menester tener paciencia intelectual, voluntad ciudadana e involucrar a instancias no gubernamentales, como la creada por Peter Eigen, llamada Transparencia Internacional, para enfrentar la corrupción que no es otra cosa que el abuso del poder público en beneficio privado. Armémonos de paciencia para no ocultar lo obvio. Está delante de nuestros ojos, pero los cerramos a veces por cobardía y vergüenza, y otras por que nos dejamos seducir por un ambiente de mentiras y relatos ideológicos, creyendo que la corrupción es un asunto puntual, pero no lo es. Ahí está el problema. Un delincuente, más ilustrado de lo que dicen los medios del poder, lo ha dicho con lenguaje académico: "la corrupción es sistémica". Porque la corrupción es, ciertamente, sistémica, hemos de detenernos en estudiar con sosiego el caso determinado, la experiencia concreta, de este afamado comisionista. Comisionista, sí, nada más y nada menos que del principal partido que conforma la coalición gubernamental. Esto es algo indudable. Por eso, precisamente, la experiencia de este sujeto Aldama debería ser objeto de estudio especial para trazar los diferentes mapas de la corrupción española en los últimos seis años del gobierno de Sánchez. Debería ser estudiada en la Universidad, en las Escuelas de Negocio, en los Altos Institutos dedicados al análisis político, en las Academias Militares, en los Ateneos culturales y Círculos de bellas artes, etcétera. En cualquier ámbito de la sociedad preocupada por lo común, por la creación de bienes en común, debería se objeto de reflexión. Sí, la Ley es la última ratio para acabar con la corrupción, pero es poca cosa, o quizá se quede en nada, sin el respaldo de la entera sociedad civil, o sea, de todos y cada uno de los individuos que se desarrollan de modo especial ejerciendo su papel ciudadano y no sólo de buenos padres de familia. El combate contra la corrupción es de todos o es mera retórica.
El modo de estudiar y reaccionar ante este caso de corrupción, el caso Sánchez-Aldama, nos está retratando como sociedad ante el resto del mundo. O crecemos en educación ciudadana o nos quedamos estancados y sometidos a los dictados de la casta política. Sólo la implicación de la ciudadanía en el análisis de este caso único en la historia de la España reciente, que empieza a ser objeto de estudio, reflexión y, sobre todo, cachondeo por todas las disciplinas que estudian el comportamiento del hombre en sociedad, puede ser determinante para trazar las rutas de la corrupción. El caso Sánchez es ya todo un modelo para elaborar un completo mapa de la corrupción. Pero, seamos honestos y no nos perdamos en abstracciones conceptuales, no habrá mapa creíble de la corrupción, en España, insistamos en ello, sin en el contraste entre los bulos de Sánchez y las declaraciones de Aldama. Traslademos el debate de las instituciones a la calle. Pasemos de Parlamentos y pisemos el barro. Levantemos acta de la evidencia: ha desaparecido por completo el debate político y todo se juega en la disyuntiva: condena y prisión para Sánchez o desaparición de Aldama. La disyuntiva nos interpela a todos los españoles. Seguramente, los futuros historiadores de la "democracia" española estudiarán lo que está sucediendo a la luz de de la declaración de Aldama: "Si me pasa algo, si muero yo o algún miembro de mi familia, el responsable es Sánchez". Terrible.
Es normal que España entera esté pendiente de este debate. Otra cosa sería dar por totalmente muerta a esta sociedad moribunda cuya principal preocupación es llenar la andorga. El final de esta historia entre Aldama y Sánchez promete ser apasionante. Pudiera ser revitalizadora de una sociedad adormecida o, por el contrario, pudiera ser letal para una población, nadie lo oculte, muerta de miedo. Ojalá fuera el despertar de la sociedad civil, pero, de momento y ante la desmovilización total de la ciudadanía, tiendo a pensar que los españoles siguen acobardados por unas elites políticas e intelectuales que no valen ni para tacos de escopeta, protegidas por un infame sistema de partidos, que ha sacrificado los potenciales emancipatorios del Estado en un régimen de "Estado de Partidos", absolutamente injusto y opaco desde el punto de vista democrático.
La sociedad española asiste a su muerte engañada con placebos de quinta generación. Mientras la mejor prensa española sigue investigando y los jueces hacen su trabajo lo mejor que pueden, empiezan a expandirse e imponerse con todo tipo de violencias ideológicas el bulo sanchista: "Todo quedará en nada". Falso. Y, además, ya están pasando muchas cosas. Nadie se deje arrastrar por derrotismos estériles del tipo: el comisionista de Sánchez tiene pactado con la tropa de los juristas del régimen el final. Falso. Creo que el sistema de partidos por corrupto y fuerte que sea no hará inviable alguna solución razonable para el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España. Es decisivo para aquí y ahora, sobre todo, para quienes tienen la voluntad —cosa menos frecuente de lo que algunos creen— de combatir la corrupción, analizar y contrastar, por un lado, la faramalla que escupe todos los días Sánchez y, por otro, el discurso penal que emite su comisionista en medios de comunicación y ante los jueces. Es altamente apreciable para la educación de la ciudadania enfrentar las opiniones de un presunto delincuente con las de un declarado delincuente. Ahí nos jugamos el partido y el final del campeonato.
Sí, por un lado, está Sanchez, a juicio de grandes sabios del Derecho, un presunto delincuente no sólo por no haber cumplido con las exigencias de las leyes de Emergencia Nacional, a saber, haber intervenido rápida y eficazmente en reparar los daños de la gota fría en Valencia, sino también porque todas las investigaciones judiciales sobre los imputados que le rodean (esposa, hermano, compañeros de partido, exministros, fiscal general del Estado, etcétera…) apuntan directamente a él, el Jefe de Gobierno; y, por otro lado, hallamos las declaraciones y pruebas que está presentando, ante los jueces y la opinión pública política, Aldama, el comisionista del gobierno de Sánchez que, dicho sea con toda la intención, lo está haciendo con más inteligencia penal que Sánchez.
En fin, casi en la última parte del partido entre Sánchez y Almada, podría decirse que hay fundadas razones jurídicas para mantener que muchos de los imputados en torno a Sánchez serán condenados, e incluso él podría ser también imputado y condenado, aunque finalmente fuera indultado por el Tribunal Constitucional, pero también existen múltiples motivos, irracionales, derivados del propio funcionamiento, o mejor dicho, del mal funcionamiento y la escasez de recurso del sistema judicial que pudiera dar al traste con el enorme trabajo llevado a cabo por los jueces, la Guardia Civil, la policía y la prensa de investigación más honrada del país. Sin embargo, nada de ello servirá para restar méritos y capacidades para quienes se han enfrentado con decisión y voluntad a la corrupción sistémica generada por el actual sistema de partidos políticos en España.
Vivir con ilusión democrática en el fracaso de un sistema político corrupto es también una forma de ejercer la ciudadanía