El año 2025 va estar dedicado al general Francisco Franco, con un centenar de actos promovidos y financiados por el Gobierno de izquierdas y otras Administraciones. Semejante torrente, ensuciado con el sectarismo de los creadores de la ‘memoria histórica’, tendrá como primera consecuencia crear más franquistas entre los jóvenes, hecho que nos asombra a los que vimos el entierro del generalísimo por televisión.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha podido esperar, de modo que montó hace unos días un aquelarre en la Cámara, con picos, palas y huesos.
El historiador Pedro Corral lo comentó así en X: "Más le hubiera valido a Francie Armengol homenajear a los 150 diputados y ex diputados de las Cortes republicanas asesinados en la Guerra Civil. A lo mejor es que prefiere que no se sepa que fueron asesinados más diputados de derechas que de izquierdas".
Más le hubiera valido a @F_Armengol homenajear a los 150 diputados y ex diputados de las Cortes republicanas asesinados en la Guerra Civil. A lo mejor es que prefiere que no se sepa que fueron asesinados más diputados de derechas que de izquierdas. pic.twitter.com/kIXAgX6EiJ
— Pedro Corral (@corralcpedro) December 19, 2024
Haciendo caso del comentario de mi amigo, trataré de ilustrar a la cuadrilla progre sobre los actos de sus mayores.
Violencia en el siglo XX
Las guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias del siglo XX pretendían la aniquilación del enemigo. Debido a la ideologización provocada por los totalitarismos, primero el comunista y luego los fascistas, no podía haber neutrales ni tampoco armisticios.
La Unión no ejecutó ni al presidente de la Confederación, Jefferson Davies, ni al general Robert Lee. Y el gobierno de Isabel II reconoció el grado y la paga de teniente general a Rafael Maroto, que rindió los restos de las tropas carlistas. A partir de 1917, la piedad o la reconciliación con el enemigo derrotado será inconcebible, se trate de las hijas del zar Nicolás II o de Gadaffi.
En este sentido, la guerra civil española fue una de las más despiadadas del siglo XX, pues afectó a grupos sociales que solían quedar al margen, como la población civil, los generales y los diputados. En España, las masacres de civiles o los magnicidios los cometían terroristas de izquierdas, sobre todo anarquistas. Pero en los años 30, la violencia se convirtió en cotidiana. Bastaba que unas monjas trataran de votar para que los matones de izquierdas las apalearan. Y en 1934 el PSOE y la UGT organizaron la mayor sublevación armada en la Europa posterior a 1918.
A este clima de violencia y odio contribuyeron las izquierdas con sus actos y su propaganda. Indalecio Prieto (PSOE) mostró en las Cortes su pistola y no fue el único diputado acostumbrado a portar armas. En las Cortes fraudulentas de 1936, los parlamentarios del Frente Popular amenazaban a los del Bloque Nacional.
Dolores Ibárruri (PCE) afirmó que ningún diputado de derechas había obtenido su acta limpiamente y acusó a José Calvo Sotelo y José María Gil Robles de ser autores de la represión de Asturias, cuando no estaban en el gobierno. Ángel Galarza (PSOE) le espetó a Calvo Sotelo en el pleno del 1 de julio:
"La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida".
El 13, el diputado gallego fue secuestrado y asesinado por un comando terrorista socialista.
184 diputados muertos
Casi un 30% de los generales españoles fueron fusilados o asesinados por los dos bandos, un porcentaje descomunal que se acerca a las purgas del Ejército Rojo perpetradas por Stalin (en 1937, se detuvieron y juzgaron como espías y trotskistas a 3 de los 5 mariscales; 13 de los 15 comandantes de ejércitos; 8 de los 9 almirantes, 50 de los 57 generales de los cuerpos de ejército…). Los diputados de las Cortes republicanas sufrieron una mortandad de casi el 20%.
De acuerdo con la investigación del catedrático Octavio Ruiz-Manjón, de las 1.007 personas que fueron elegidas en algunas de las tres legislaturas (para cubrir 1.409 escaños), a partir del 18 de julio de 1936, murieron de manera violenta 184; es decir, 18,3% del total.
Ruiz-Manjón los distribuye de la siguiente manera. Los sublevados mataron a 73 diputados y ex diputados de izquierdas durante la guerra y 33 más en los años posteriores. El Frente Popular asesinó a 77 diputados y ex diputados derechistas.
En la guerra y después
San Sebastián se convirtió en uno de los lugares de caza más fecundos para las izquierdas. Como la guerra comenzó en julio, en la ciudad había muchas personalidades políticas de veraneo. Allí cayeron asesinados los ex diputados tradicionalistas Joaquín Beunza y Víctor Pradera.
El conde de Romanones y su esposa se salvaron, porque el ex presidente de Gobierno español recibió la protección del embajador francés, Jean Herbette (al que las matanzas rojas le convirtieron de admirador de la República española a detractor de ella), y del Gobierno del Frente Popular en París. Como explica Guillermo Gortázar en Un veraneo de muerte, Romanones era el político español más popular en Francia después de Alfonso XIII, debido a su francofilia.
El asesinado más importante en esos años fue José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, al que la Policía del Frente Popular había detenido en marzo de 1936. Después de un juicio farsa en la cárcel de Alicante, y de que el Gobierno presidido por Largo Caballero (PSOE) diese el enterado de la sentencia, se le ejecutó el 20 de noviembre de 1936. Franco comunicó a su zona el ‘asesinato legal’ el 20 de noviembre de 1938. Hasta entonces, José Antonio recibió el sobrenombre del Ausente. Su sacrificio, como escribió uno de los falangistas de los años 30, Rafael García Serrano, "ayudó a ganar la guerra".
Entre los diputados ejecutados en la posguerra podemos citar a dos golpistas que se sublevaron en octubre de 1934 contra la República, golpe que causó unos 1.400 muertos.
El primero, Julián Zugazagoitia (PSOE) fue ministro de Gobernación y como tal fundó el Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE), un servicio de espionaje dedicado a reprimir a la quinta columna y los derrotistas. Y Lluís Companys (ERC), presidente de la Generalidad, que consintió las matanzas perpetradas en Cataluña por los incontrolados y firmó docenas de penas de muerte. Bajo su gobierno fueron asesinados más de 8.000 catalanes. A ambos los capturaron los alemanes en 1940 y los entregaron al Gobierno español.
Por el contrario, otro diputado, el nacionalista vasco José Antonio Aguirre, escapó de los alemanes cuando éstos invadieron Bélgica y se refugió nada menos que en Berlín. Según la versión oficial, la protección del embajador de Panamá en la capital del Reich, que incluyó un pasaporte con nombre falso, le permitió pasar a Suecia y de allí, en barco, a Brasil.
Dos vascos asesinados por socialistas
El historiador Miguel Platón ha registrado un caso sorprendente en su libro La represión de la posguerra. El general Franco tuvo en sus manos la vida de Francisco del Toro Cuevas, diputado socialista por Granada y comisario político en la guerra, y no la tomó. Del Toro fue capturado en Alicante en marzo de 1939, y recibió una condena a muerte. Franco se la indultó y salió en libertad condicional en 1944, aunque volvió a ser detenido más tarde por sus actividades políticas.
En la lista que ofrece Ruiz-Manjón en Violencia vs. representación. Los diputados de las Cortes de 1936, víctimas de la guerra civil española, hay un par de ausencias que yo no quiero olvidar.
La primera, la de Marcelino Oreja Elósegui, diputado elegido en 1931 y 1933, y asesinado durante la revolución de octubre de 1934 por un terrorista socialista, Celestino Uriarte, que luego se benefició de la amnistía del Frente Popular. El pistolero murió de viejo en Madrid en 1979 y ahora sus admiradores tratan de blanquear su pasado canalla.
La segunda corresponde a Gregorio Balparda de las Herrerías, diputado liberal y monárquico vizcaíno en las Cortes de Alfonso XIII, que se negó a participar en los tribunales de depuración del Frente Popular y por ello fue encerrado en el barco-prisión Cabo Quilates y luego asesinado en el otoño de 1936. El PNV no movió un dedo para salvarle.
Algunos supervivientes: Ortega, March, Pasionaria...
La mayoría de los diputados sobrevivió a la guerra. José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón López de Ayala, parlamentarios en las Constituyentes (1931-1933), escaparon de la España ‘leal’ y una vez a salvo apoyaron a los alzados. Acabada la guerra, regresaron a España.
Otros diputados no volvieron, fuese por su vinculación con asesinatos y saqueos, como los comunistas y socialistas, fuese por sus responsabilidades políticas, como Santiago Casares Quiroga, o fuese por testarudez antifranquista, como Claudio Sánchez Albornoz y Salvador de Madariaga.
El prócer catalanista Francesc Cambó tuvo la suerte de hallarse en el Adriático en su yate, en vez de en Barcelona. Refugiado en Francia, puso su inmensa fortuna al servicio de los nacionales. Sólo regresó a España una vez y la hostilidad que encontró le persuadió para seguir en Buenos Aires, donde tenía grandes negocios antes de la guerra. Falleció en Argentina en 1947.
Algunos diputados de las Cortes de la República disfrutaron de una vida envidiable. El monárquico Antonio Goicoechea fue gobernador del Banco de España entre 1938 y 1950. El financiero Juan March fue diputado en las Cortes Constituyentes y en las segunda Cortes ordinarias; en las primeras se concedió el suplicatorio para juzgarlo por delitos económicos, pero huyó y se refugió en Gibraltar. Luego fue uno de los financiadores del alzamiento y en la posguerra siguió con sus negocios y conspiraciones.
La comunista Dolores Ibárruri, animó el maquis y los asesinatos de camaradas desobedientes y presidió la mesa de edad de las Cortes elegidas en 1977. Y los socialistas Juan Negrín e Indalecio Prieto murieron en 1956 en París y en 1962 en México, respectivamente, como dos hombres riquísimos, gracias al botín que robaron a los españoles.
Si a Francina Armengol de verdad le importasen los muertos de la guerra, encontraría recuerdos de docenas de ellos sin salir del edificio en que desempeña su cargo de tercera autoridad del Estado, incluso presidentes del Gobierno asesinados por las izquierdas y diputados que sufrieron atentados de ETA, como Gabriel Cisneros. Aunque sería capaz de honrar sólo a los de ‘su bando’, que es el ‘bloque de la investidura’, el que le hizo presidenta.