La sociedad Malinche The Musical Spain, S.L., la productora del musical Malinche creado por Nacho Cano y que se vio envuelto en una auténtica persecución policial y judicial, ha presentado este martes en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid una demanda de juicio ordinario contra RENFE Viajeros, S.M.E., por la resolución de un contrato de patrocinio que firmaron ambas partes el 17 de abril de 2024. Una ruptura que desde la productora se califica de "unilateral, infundada y políticamente motivada".
La demanda reclama a la compañía del **Ministerio** de Oscar Puente "daños y perjuicios económicos, comerciales y reputacionales" después de que el 12 de julio de 2024 RENFE rompiera el contrato alegando que las informaciones aparecidas en prensa sobre Nacho Cano le estarían afectando.
La productora, sin embargo, considera que esta ruptura fue "sin causa legítima y basada en un temor reputacional infundado" y esgrime como prueba de ello que el procedimiento penal **en** el que se vio envuelto el artista "ha sido archivado de forma contundente por la Audiencia Provincial de Madrid, al declarar que carecía por completo de fundamento".
Declaraciones de Oscar Puente
Los productores de Malinche, que ya anunciaron en julio del año pasado que iban a estudiar la legalidad de la ruptura del contrato, señalan en su demanda las declaraciones que Oscar Puente profirió en contra de Nacho Cano antes de que se produjo la ruptura del contrato, por lo que argumentan que "la resolución no fue una decisión corporativa autónoma, sino una actuación políticamente dirigida desde el **Ministerio**".
Además, señalan que dichas manifestaciones se realizaron "con un ánimo claramente lesivo, funcionando como aviso y amenaza pública hacia RENFE y hacia el conjunto de patrocinadores del musical".
Siempre según la versión de los productores, esta actuación posterior a una "presión política explícita" generó un importante daño reputacional a pesar de responder a unos "hechos inexistentes".
"Un daño económico devastador"
El hecho de que el ministro interviniese públicamente antes incluso de que la empresa pública tomase una decisión provocó unos efectos concretos que según los demandantes fueron de la "estigmatización" al "señalamiento" y esto llevó a disuadir "de forma inmediata a patrocinadores, socios comerciales y mecenas".
Esto llevó, según argumenta la demanda, a "cancelaciones de patrocinios, retirada de aportaciones, congelación de colaboraciones estratégicas y un entorno de inseguridad" que fue muy dañino para el desarrollo del proyecto, en resumen: "Un daño económico devastador".
La demanda acredita que el hecho de que el ministro se anticipase a la decisión interna de RENFE "es incompatible con los principios de objetividad, neutralidad y ausencia de injerencias políticas que deben regir a una empresa pública conforme al artículo 103 de la Constitución".
Por el contrario, esta secuencia de hechos "constituye una prueba inequívoca" de que la ruptura del acuerdo "fue impulsada políticamente, estuvo viciada desde su origen y no respondió a ningún análisis reputacional objetivo".