El rearme de los países de la Unión Europea está en marcha. El problema ahora, lo que siguen negociando los líderes comunitarios y los países miembros, es cómo se va a pagar ese rearme. Las décadas de baja inversión en Defensa, fruto de la tranquilidad de que Estados Unidos era el garante de la seguridad del continente, hacen que ahora sea necesaria una inversión enorme de dinero para que la UE tenga una capacidad de disuasión realmente creíble.
El plan sobre la mesa, que ya cuenta con el visto bueno de todos los países comunitarios salvo Hungría, a la que ya se obvia sobre cualquier decisión relativa al desarme, es el presentado hace unos días por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von del Leyen. Un plan de 800.000 millones a cuatro años, de los que 650.000 saldrán de los países miembros y 150.000 serán una bolsa europea que se creará con préstamos.
Una de las principales preocupaciones que existía en el círculo comunitario es que parte de ese dinero europeo terminase saliendo de las fronteras comunitarias para comprar armamento fabricado en el exterior y no sirva para potenciar y ampliar la industria armamentística del continente. No quieren que Estados Unidos, que acaba de romper el status quo existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sea el gran beneficiado.
La UE no puede hacer nada en lo que cada uno de los socios haga con su parte proporcional de los 650.000 millones. La industria europea de Defensa está oxidada tras décadas de escasa inversión y le va a costar adaptarse a los ritmos de fabricación que ahora se necesitan, algo que no pasa en otros exportadores punteros como Turquía o Corea del Sur. Además, muchos de los sistemas de armas más avanzados se fabrican en Estados Unidos o Reino Unido.
Sin embargo, sí puede poner restricciones, al menos, a la compra de ese material extranjero con la bolsa de 150.000 millones que se va a crear a base de créditos. Y esa es una de las cuestiones que se encuentra ahora mismo en negociación. En estos momentos la intención de la Comisión Europea es que el 65 por ciento de ese dinero no salga de un limitado área de influencia europea. Pero esa cifra es muy posible que se intente negociar al alza.
Se quiere que un porcentaje importante de la bolsa de dinero de créditos sea empleado en la industria de Defensa de la UE, o de los denominados países EFTA (Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenstein), es decir, aquellos con los que la UE tiene un acuerdo de libre comercio, o de la industria militar de Ucrania, que se está desarrollando a pasos agigantadas y que además supone una doble ayuda para el país.
Además, se quiere que esos programas financiados con esta bolsa se sellen de forma conjunta por al menos por dos países de la UE o por un país de la UE y Ucrania, para favorecer las economías de escala. Y es que los países de la Unión pagan siempre un sobrecoste importante por unidad en sus adquisiciones por pedirlas de forma individualizada y no en grandes lotes, un hecho del que sí se benefician países más grandes como EEUU, Rusia o China.