El Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado este jueves la concesión de casi 2.300 millones de euros para la empresa pública Navantia en concepto de préstamo directo y sin intereses. El dinero se destinará a modernizar siete buques en servicio en la Armada española y a construir otros tres nuevos. Un paquete de construcción naval que se encuentra dentro de la hoja de ruta de la modernización de las Fuerzas Armadas.
La operación se ha formalizado mediante el Real Decreto 813/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado, aunque aprobado en el Consejo de Ministros del martes. El texto detalla que los préstamos se conceden a tipo de interés fijo del 0 % y sin exigencia de garantías, salvo en casos concretos. La medida se ampara en razones de "interés público, económico y de defensa" que, según La Moncloa, hacen imposible recurrir a un procedimiento ordinario.
Los proyectos financiados son cinco: la construcción de un nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate, la modernización de media vida de las fragatas F-100, la actualización de los buques anfibios Galicia y Castilla, el desarrollo de un Buque de Acción Marítima de inteligencia electrónica y la fabricación de un nuevo Buque Hidrográfico Oceánico. En conjunto, suponen uno de los mayores paquetes navales aprobados en décadas.
Las cifras de cada programa revelan el alcance del plan. La partida más elevada, 1.280 millones de euros, se destina a renovar las fragatas F-100, en servicio desde hace más de veinte años. El nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) recibirá 380 millones, los buques anfibios 240 millones, el BAM de inteligencia 242 millones y el buque hidrográfico 150 millones. Con estos importes, la inversión pública alcanza los 2.292 millones.
Los préstamos tendrán carácter plurianual, con desembolsos distribuidos entre 2025 y la próxima década. Los pagos se realizarán en función de los hitos de ejecución alcanzados por Navantia y validados por el Ministerio de Defensa. El decreto también advierte de que, si no se formalizan los contratos antes del 31 de octubre de 2026, los anticipos deberán devolverse junto a los intereses de demora.
El Gobierno defiende que la medida no sólo responde a necesidades militares, sino también a razones económicas. Navantia es uno de los principales motores de empleo en Cádiz, Ferrol y Cartagena, con una industria auxiliar que genera decenas de miles de puestos de trabajo. El Ejecutivo asegura que este plan de modernización garantizará carga de trabajo estable durante los próximos años.