El Ministerio de Defensa adjudicó en 2025 contratos de equipamiento por valor de 31.793 millones de euros, una cifra sin precedentes en la historia reciente. Según un informe del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, Indra y Airbus, junto a las uniones temporales de empresas que lideran, concentraron el 70,8 por ciento del total adjudicado durante el ejercicio, dejando un reparto muy desigual del gasto.
El estudio, titulado Rearme 2025, analiza todas las adjudicaciones publicadas en el Portal de Contratación del Estado, así como los encargos realizados a Navantia mediante órdenes de ejecución. El documento pone de relieve el fuerte incremento del gasto militar español en un solo año, en el marco del deseo del Gobierno de cumplir, aunque de forma tardía, con sus compromisos con la OTAN y la Unión Europea.
Las adjudicaciones de 2025 multiplicaron por más de ocho las registradas en 2024 y superaron, por sí solas, el volumen acumulado de inversiones en equipamiento realizadas entre 2018 y 2024. El informe subraya que nunca antes Defensa había concentrado tal volumen de contratos en un único ejercicio presupuestario, lo que marca un punto de inflexión en la política de defensa.
El principal motor de este aumento ha sido la puesta en marcha de los Programas Especiales de Modernización (PEM). En total, se activaron 31 programas vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado en abril de 2025, concebido para acelerar la modernización de las capacidades militares españolas en un contexto internacional cada vez más inestable.
De esos 31 programas, 29 fueron adjudicados directamente sin concurso público, mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Estas adjudicaciones sumaron 27.987 millones de euros, el 88 por ciento del total invertido en equipamiento durante el año. Sumados los dos programas restantes, ya adjudicados anteriormente, los PEM movilizarán casi 30.000 millones en los próximos años.
El ranking de los 50 mayores adjudicatarios refleja una fuerte concentración. Airbus encabeza la lista con contratos por valor de 8.108 millones de euros, equivalentes al 25,5% por ciento del total. En segundo lugar figuran las UTE lideradas por Indra y Escribano EM&E, con 7.611 millones de euros, el 23,9 por ciento del importe adjudicado.
Navantia ocupa el tercer puesto con adjudicaciones por 5.812 millones de euros, lo que supone el 18,3 por ciento del total. Indra, en solitario, se sitúa en cuarta posición con contratos por valor de 5.667 millones, el 17,8 por ciento. El quinto lugar corresponde a la UTE formada por Indra y Telefónica, con 950 millones de euros.
De este modo, Indra aparece en tres de los cinco primeros puestos del ranking, ya sea de forma individual o liderando uniones temporales. El informe destaca que esta posición dominante contrasta con el escaso peso de otras empresas históricas del sector de defensa terrestre español, que apenas han participado en el reparto del gasto.
Compañías como Urovesa, Instalaza, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Oesía o Sapa recibieron conjuntamente solo el 2,8 por ciento del importe adjudicado en 2025. El documento apunta a una creciente concentración industrial en torno a grandes grupos tecnológicos y aeronáuticos, en detrimento de proveedores tradicionales especializados en sistemas terrestres.
Desde el punto de vista de la nacionalidad, el informe señala que el 99,4 por ciento del importe adjudicado corresponde a empresas españolas o a filiales con sede fiscal en España de grandes grupos internacionales. El Ministerio de Defensa ha priorizado así el retorno industrial interno, alineando la inversión militar con objetivos de política industrial y tecnológica nacional.
Entre los mayores contratos del año destacan dos programas de artillería autopropulsada, uno sobre cadenas por 4.554 millones de euros y otro sobre ruedas por 2.686 millones. Ambos proyectos han sido adjudicados a uniones temporales lideradas por Indra y Escribano, situándose entre los más voluminosos del ejercicio. Un programa, por cierto, que ha desembocado en una guerra judicial que podría acabar en los tribunales de la UE.
Entre ambos contratos se sitúa la modernización de las fragatas F-100 de la Armada, adjudicada a Navantia por 3.200 millones de euros. También sobresale la adquisición del Sistema Integrado de Entrenamiento que sustituirá al F-5, asignado a Airbus por 2.600 millones de euros.
Otros programas relevantes incluyen la modernización de los centros de operaciones de artillería antiaérea, a cargo de Indra por 2.031 millones, la compra de helicópteros ligeros multipropósito por 1.975 millones y la adquisición de helicópteros NH90 por 1.700 millones, ambos adjudicados a Airbus.
En total, Defensa adjudicó cerca de 2.600 contratos a lo largo de 2025, aunque dejó sin asignar 134 licitaciones con un presupuesto base de 58 millones de euros, en su mayoría por quedar desiertas. El informe concluye que el rearme acelerado ha redefinido el mapa industrial del sector en España.