La palabra agroterrorismo empezó a sonar en los corrillos veterinarios y organizaciones agrarias cuando se confirmó un brote de peste porcina africana (PPA) en el entorno de Collserola. Al descartarse la primera tesis del famoso bocata contaminado, todas las miradas se dirigieron al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA-IRTA) con una sospecha muy clara en mente. La pregunta, en ese momento para muchos era: ¿estamos ante un fallo de seguridad o un ataque intencionado contra uno de los sectores agroalimentarios más importantes de nuestro país?
El primer informe oficial recientemente publicado no ha aclarado el origen del brote, aunque sí ha descartado que el virus saliese del laboratorio de la Generalidad. También señala que no hay indicios que apunten a una acción intencionada porque "el empleo de un aislado con un comportamiento biológico aún incierto no encaja con los patrones habituales observados en acciones de este tipo". En cualquier caso, el episodio ha reavivado una preocupación que expertos en seguridad alimentaria y veterinarios vienen señalando desde hace tiempo: la cuestión ya no es si habrá agroterrorismo, sino cuándo.
¿Qué es exactamente el agroterrorismo?
El profesor Joaquín Goyache, del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense (Madrid), define el agroterrorismo como un bioterrorismo de segunda generación: ya no se busca causar víctimas directas entre la población, sino golpear a los animales, los cultivos y los alimentos para provocar un daño económico y social profundo.
La lógica es tan fría como eficaz. Un brote grave en el ganado puede cerrar mercados exteriores, hundir exportaciones, forzar sacrificios masivos, generar desconfianza en la cadena alimentaria y desestabilizar el Gobierno. En algunos casos, además, los patógenos que afectan a animales también son zoonóticos, es decir, pueden saltar a las personas, ampliando el impacto al ámbito de la salud pública, explica en el artículo publicado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
No es una amenaza teórica. A lo largo de la historia se han utilizado agentes biológicos como arma de guerra, y en el último siglo existen casos documentados de programas estatales y de grupos extremistas que intentaron provocar brotes deliberadamente. Aunque los ataques "puros" de agroterrorismo han sido escasos y difíciles de demostrar, los precedentes demuestran que la tentación de usar la biología como arma ha existido y sigue existiendo.
El agroterrorismo entra en los planes de seguridad
En su primera Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el Gobierno incluye una mención específica al agroterrorismo y reconoce que la ganadería y la agricultura son objetivos potenciales de ataques destinados a causar "daños económicos y sociales importantes". Es decir, atacar el campo es una forma indirecta, pero muy eficaz, de golpear a un país.
El texto señala específicamente que "aunque los laboratorios que trabajan con patógenos que pueden atacar cosechas o ganadería estarán incluidos entre los afectados por las medidas del Plan Nacional de Biocustodia (en fase de revisión), es necesario mantener la vigilancia sobre las zonas de producción y sobre la cadena alimentaria."
A pesar de ello, el Gobierno confía en que "el impacto" de un eventual ataque sería "limitado" gracias a las inspecciones y controles de los alimentos obligatorios según la normativa europea y nacional. Además, quita hierro al asunto y añade que "la diversidad dietética disponible en nuestro país también tiende a diluir los posibles efectos sobre la salud o la economía". Seguramente los productores de porcino no estarán de acuerdo en este punto, ya que, según sus propias estimaciones, el impacto económico directo de la PPA (un brote muy localizado que no afecta a ninguna granja) ya supera los 150 millones de euros.
¿Estamos realmente en peligro?
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) subraya que la inmensa mayoría de los brotes de enfermedades animales surgen de forma natural: movimientos de animales, comercio internacional, descuidos humanos o simples accidentes. Sin embargo, también advierte de un riesgo real de liberaciones accidentales o deliberadas de patógenos.
Según la OMSA, los agentes infecciosos que afectan al ganado resultan "atractivos" como arma porque tienen un impacto enorme, un coste relativamente bajo y pueden moverse con facilidad sin ser detectados en controles aduaneros convencionales. A eso se suma un factor nuevo: la revolución biotecnológica, que abarata y facilita técnicas de manipulación de microorganismos que hace solo unas décadas estaban al alcance de muy pocos.
Prevención y vigilancia
El mayor problema del agroterrorismo no es solo responder a un ataque, sino darse cuenta de que lo ha habido. Como explica Goyache, un brote provocado puede parecerse mucho a uno natural. Solo ciertos patrones —brotes simultáneos en lugares distantes, cepas inusuales o comportamientos extraños de una enfermedad— pueden levantar sospechas fundadas.
De ahí que los expertos insistan en una receta poco vistosa, pero eficaz: bioseguridad en granjas y laboratorios, vigilancia constante, detección temprana y coordinación real entre sanidad animal y salud pública. Todo eso sirve tanto para escenarios extremos como para mejorar el control de las enfermedades "de siempre".
Así que, aunque el texto del BOE no haga referencia a ellos, la primera línea de vigilancia para detectar un brote natural —los veterinarios, los cazadores, los forestales, los ganaderos, los agricultores y otros miembros de las redes de vigilancia epidemiológica— es también la primera línea de defensa frente a un posible ataque agroterrorista. Cuidar del mundo rural ya no es solo un tema territorial: es una cuestión de seguridad nacional.