La sala primera del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación que en su día interpuso el expresidente del Barcelona Joan Laporta y siete directivos más, lo que les obligará a aportar parte del coste del aval que en 2006 decidieron no atender porque la LFP así se lo permitió.
El fallo del Tribunal Supremo tiene una gran importancia, al margen de los costes económicos que puedan pesar contra los exdirectivos, ya que la desestimación del recurso de casación, muy probablemente, activará la acción de responsabilidad que en su día presentó la actual junta directiva azulgrana, presidida por Sandro Rosell, contra la saliente por haber cerrado todo el mandato con pérdidas.
La primera junta directiva de Laporta tomó posesión del cargo el 22 de junio del 2003, lo que obligó a cerrar las cuentas de la temporada que estaba a punto de finalizar. Por esta circunstancia, el nuevo grupo de directivos infló las pérdidas para poder iniciar la temporada 2003-04 liberados de algunas cargas, especialmente de jugadores que abandonaron el club.
Laporta y sus directivos siempre defendieron que aquellos días de junio, del 22 al 30, no se pueden considerar como un año de mandato, contrariamente a lo que sostenían los estatutos. Debido a las pérdidas que arrojó aquel ejercicio del 2002-03, de 160 millones de euros, aunque la justicia sólo atribuye al equipo de Laporta 63.831.102 euros, finalmente el cómputo de los primeros cuatro años de mandato reflejó un déficit, en contra del superávit publicado.