La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (ATD), que preside Miguel Galán, ha decidido pasar de la queja informal al requerimiento formal. Y no es un paso menor. Esta entidad ha enviado a la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F) y al Consejo Superior de Deportes (CSD) un exhaustivo escrito de 13 puntos en el que solicita información, documentación y adopción de medidas como actuación previa —así se subraya expresamente— al eventual ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
El documento, adelantado por el diario El Confidencial en una información que firma el periodista Kike Marín, a la que ha tenido acceso este diario, apunta directamente a la financiación pública, el endeudamiento, la gestión económica, la relación con LaLiga, los derechos comerciales, el gobierno interno y la transparencia de una competición profesional que ha recibido millones de euros de dinero público en los últimos años.
Advertencia previa a los tribunales
La ATD no se limita a pedir papeles. En su escrito deja claro que se reserva la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa contra la inactividad del CSD; a la vía civil o mercantil para depurar responsabilidades de los gestores de la Liga F; e incluso a la penal, si del análisis de la información requerida se desprenden indicios de delitos como apropiación indebida, falsedad documental o delitos contra la Administración Pública. Todo ello, sin descartar poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas o la CNMC.
1. Subvenciones públicas y control del endeudamiento
El primer bloque apunta al corazón del asunto: el dinero público. La ATD pide al CSD que aclare si ha dictado resolución expresa sobre el reintegro —total o parcial— de los 5 millones concedidos en 2022, los 7,5 millones de 2023 y los 7,5 millones previstos para 2025, remitiendo los expedientes completos de subvención y control. A la Liga F se le exige un desglose detallado del destino de esos fondos: cuánto fue a los clubes, cuánto a gasto corriente y a qué otros fines.
2. Cesión de créditos futuros y coste financiero
El segundo punto se centra en la operación de cesión de créditos futuros vinculados al contrato de patrocinio con MOEVE, por unos 4,7 millones de euros, con vencimientos entre 2026 y 2027 y un coste financiero cercano a los 500.000 euros. Se solicita el contrato íntegro, las condiciones financieras, las garantías, el calendario de pagos y el detalle de la votación de los clubes. También si el CSD informó o autorizó esta operación de endeudamiento en una liga sostenida mayoritariamente con fondos públicos.
3. Finetwork y los impagos de LaLiga
ATD denuncia que la Liga F no habría reclamado a LaLiga cerca de 4 millones de euros impagados por Finetwork. Una inacción que, de confirmarse, supondría un perjuicio grave para los clubes. Se exige saber si se reclamó, cómo y cuándo; y, si no se hizo, quién tomó la decisión y con qué justificación jurídica y económica.
4. Contrato de asesoría legal con LaLiga
Otro foco sensible: la existencia de un contrato de asesoría legal integral con LaLiga, que podría comprometer la autonomía de la competición femenina. Se pide copia del contrato, su objeto, precio, duración y facultades de intervención, así como que el CSD aclare si ha analizado este acuerdo desde la óptica de la independencia y el buen uso de fondos públicos.
5. Derechos comerciales y posibles vetos
La ATD apunta a un posible control de los derechos comerciales por parte de LaLiga, con capacidad de veto sobre acuerdos de los clubes de la Liga F. Se solicita detallar qué derechos pertenecen a los clubes, cuáles están centralizados y si el CSD ha examinado la compatibilidad de este modelo con la normativa y la competencia.
6. El reparto de las Quinielas
El sexto punto aborda la cesión de la liga masculina a la femenina en las Quinielas y el reparto "a tercias" entre ligas profesionales. Se pide al CSD la norma que regula este reparto y a la Liga F, el detalle de lo percibido y su distribución.
7. Gobierno interno y decisiones sin respaldo estatutario
Aquí se entra de lleno en el gobierno corporativo. Se cuestionan nombramientos, bonus y decisiones adoptadas —según la denuncia— sin pasar por los órganos competentes. Se exige aportar Estatutos, actas, acuerdos y votaciones, con especial atención al papel de la presidenta Beatriz Álvarez y de su equipo directivo.
8. Estatutos y silencio administrativo
La ATD pide al CSD que aclare si ha aprobado o no determinadas modificaciones estatutarias aplicadas por la Liga F bajo la doctrina del silencio administrativo positivo, una cuestión especialmente delicada tras recientes resoluciones judiciales.
9. Opacidad en las actas
Se denuncia que la Liga F solo publique resúmenes de acuerdos, sin actas completas ni detalle de votaciones. Se solicita la remisión íntegra de las actas de Comisión Delegada y Asamblea.
10. Promesas a los clubes y pagos reales
Uno de los puntos más explosivos: se habrían prometido más de un millón de euros por club para 2025-26, mientras que lo abonado rondaría los 130.000 euros. Se exige explicar el desfase y detallar cómo se garantizará la viabilidad financiera.
11. Gastos y auditorías
La ATD cuestiona gastos presuntamente desproporcionados en eventos y actividades ajenas al objeto principal de la liga. Se piden desgloses, expedientes y auditorías.
12. Conflictos de interés y uso de recursos
Se relatan posibles usos de recursos para tournés vinculadas a apoyos internos, así como contrataciones con relaciones personales. Se solicita información detallada y la actuación del CSD al respecto.
13. Rendición de cuentas y papel de LaLiga
Por último, se cuestiona que las cuentas sean defendidas ante los clubes por Pedro Malabia, vinculado al entorno de LaLiga, reforzando la sensación de tutela externa. Se exige aclarar quién decide el formato y contenido de la rendición de cuentas y qué papel juega LaLiga.
En definitiva, se exige transparencia absoluta para el fútbol profesional femenino y para el Gobierno que lo ha financiado. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, habló de una apuesta "justa y acertada". Sobre esa apuesta, habrá debate. Sobre la gestión, a la vista del requerimiento, las dudas ya están formalmente encima de la mesa.