LaLiga reaccionó con contundencia a la decisión del Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que anuló la suspensión y la nueva fecha del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, aplazado inicialmente por el mal estado del césped de Vallecas.
En su nota oficial, LaLiga manifiesta que la resolución "se aparta del marco jurídico vigente en materia de organización de las competiciones profesionales", apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que, según subraya, consolidan su competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de los encuentros de la competición que organiza.
"La fijación de fechas y horarios, así como cualquier decisión vinculada a los mismos —incluida la suspensión de encuentros— forma parte de la organización del campeonato", sostiene la entidad presidida por Javier Tebas. En esa línea, recalca que la RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por la patronal en este ámbito.
Pero además, LaLiga recuerda que la suspensión del partido se acordó tras recibir un informe técnico que concluía que el terreno de juego no reunía las condiciones adecuadas para disputar el encuentro, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los participantes. Además, defiende que la nueva fecha —4 de marzo a las 19.00 horas— se fijó tras dar audiencia a ambos clubes y comunicarlo a la propia Federación. La patronal ha anunciado que interpondrá recurso contra la resolución, mostrando su "plena confianza en que será anulada".
La RFEF declara el partido "no celebrado"
Pero antes llegó la resolución del Juez Único. En este caso, se hizo público un comunicado en el que muestra que el órgano federativo considera que LaLiga "carecía de habilitación normativa" para suspender el encuentro el pasado 7 de febrero y, en consecuencia, tampoco podía fijar una nueva fecha.
La decisión declara la "ineficacia competicional" tanto de la suspensión como del aplazamiento, lo que implica que el partido no se considera oficialmente suspendido, sino "no celebrado" a efectos federativos. Asimismo, la nueva fecha del 4 de marzo queda anulada.
El Juez Único entiende que no concurre causa de fuerza mayor que justificara la no disputa del choque y apunta a que el club local debía haber previsto alternativas, como un estadio suplente, en previsión de las lluvias y del estado del césped.
Aunque desestima la petición del Real Oviedo de que se le otorguen los tres puntos, el Juez no lo hace por inexistencia de posibles infracciones, sino por falta de competencias para adoptar esa medida. El asunto se remite ahora al Comité Disciplinario de la RFEF, que deberá valorar si procede sancionar al Rayo Vallecano por la no celebración del encuentro.
Mientras tanto, el Real Oviedo se alinea con la interpretación federativa y mantiene su defensa de que la consecuencia jurídica completa debería incluir la pérdida del encuentro para el Rayo si no se acredita causa de fuerza mayor. El club asturiano ha reiterado que continuará defendiendo sus intereses por las vías legales oportunas.
Un nuevo pulso competencial
Más allá del resultado deportivo, el "caso Vallecas" reabre el debate sobre las competencias entre LaLiga y la RFEF en la organización del fútbol profesional. Mientras la patronal sostiene que la normativa vigente le otorga plenos poderes para suspender y reprogramar partidos, la Federación defiende que esa potestad corresponde a sus órganos competenciales.
El conflicto entra ahora en una nueva fase: recurso por parte de LaLiga y posible procedimiento sancionador en el ámbito disciplinario federativo. El Rayo-Oviedo sigue sin fecha definitiva y con su desenlace deportivo pendiente de los despachos.