L D (EFE)
Gómez-Angulo, que expuso las preocupaciones del ejecutivo español sobre el texto del Código Mundial Antidopaje y el futuro de la AMA, insistió en la necesidad de que la Agencia se convierta en una organización internacional de derecho público, que permita que los diferentes gobiernos tengan un mayor poder de decisión en ella. "Este Código no llegará a la universalidad de aplicación si la Agencia Mundial Antidopaje no se transforma en base a una convención o un instrumento internacional de derecho internacional público, aspecto vital para la plena integración de los gobiernos en lo que la Agencia denomina el Programa Mundial Antidopaje", dijo.
Gómez-Angulo alabó los esfuerzos de los gobiernos mundiales para colaborar con la Agencia y recordó la labor de la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2002, para establecer un mecanismo de financiación a través del Consejo de Europa. "Debemos tener una representación de acuerdo al grado de esfuerzo que realizamos como en todas las organizaciones de derecho internacional público, una representatividad suficiente en el staff y personal de la agencia", indicó.
También recordó que el Código Mundial Antidopaje que pretende aprobar la Conferencia de Copenhague es "un documento sin obligación jurídica alguna, pero que", indicó, "responde a nuestro compromiso moral y político en la lucha contra el dopaje". El secretario de Estado español insistió también que las normas establecidas por el Código deberán ser aplicadas por igual a todos los deportistas y que la credibilidad del deporte requiere que no se produzcan excepciones a las reglas. "Hace años el COI terminó con la división entre deporte amateur y profesional en una decisión difícil, pero necesaria para adaptar el deporte y el olimpismo a los nuevos tiempos. Les pido que no volvamos atrás permitiendo excepciones en dopaje, pues hablamos de la amenaza número uno para la credibilidad del deporte", afirmó.
Señaló que el objetivo del gobierno español es conseguir la eliminación de fronteras y la unificación de normas y sanciones, para que se apliquen por igual independientemente del país en el que se encuentre el atleta y la disciplina que practique. Expuso por último la inquietud del gobierno español por los gastos que supondrá la aplicación del nuevo Código y las nuevas inversiones que requerirá.
Gómez-Angulo alabó los esfuerzos de los gobiernos mundiales para colaborar con la Agencia y recordó la labor de la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2002, para establecer un mecanismo de financiación a través del Consejo de Europa. "Debemos tener una representación de acuerdo al grado de esfuerzo que realizamos como en todas las organizaciones de derecho internacional público, una representatividad suficiente en el staff y personal de la agencia", indicó.
También recordó que el Código Mundial Antidopaje que pretende aprobar la Conferencia de Copenhague es "un documento sin obligación jurídica alguna, pero que", indicó, "responde a nuestro compromiso moral y político en la lucha contra el dopaje". El secretario de Estado español insistió también que las normas establecidas por el Código deberán ser aplicadas por igual a todos los deportistas y que la credibilidad del deporte requiere que no se produzcan excepciones a las reglas. "Hace años el COI terminó con la división entre deporte amateur y profesional en una decisión difícil, pero necesaria para adaptar el deporte y el olimpismo a los nuevos tiempos. Les pido que no volvamos atrás permitiendo excepciones en dopaje, pues hablamos de la amenaza número uno para la credibilidad del deporte", afirmó.
Señaló que el objetivo del gobierno español es conseguir la eliminación de fronteras y la unificación de normas y sanciones, para que se apliquen por igual independientemente del país en el que se encuentre el atleta y la disciplina que practique. Expuso por último la inquietud del gobierno español por los gastos que supondrá la aplicación del nuevo Código y las nuevas inversiones que requerirá.
