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El apagón del Valle de Arán reabre el debate sobre la efectividad de la inversión de las eléctricas

Mientras se suceden los debates sobre el impacto de Kioto en España, un nuevo apagón dejó este lunes sin luz durante nueve horas al Valle de Arán.

L D (Agencias) La Generalitat ha nombrado instructor del expediente a Alfonso Cabeza, jefe de servicios de suministro eléctrico, según consta en una carta que la conselleria de Trabajo e Industria ha enviado a la dirección de Fecsa-Endesa.

En la misiva se demanda a la compañía que antes de 48 horas informe de una serie de puntos claves sobre el apagón, entre ellos las "instalaciones afectadas y las causas de la avería".

Además, se le pide que clarifique los medios técnicos utilizados para hacer frente al apagón y "la acreditación de que se han llevado a cabo la revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas de Valle de Arán". También se le solicita que especifique el "refuerzo de los medios humanos y técnicos que había previsto para la época del año en que se había producido el incidente", ya que es época alta de demanda al ser temporada alta de esquí. El expediente informativo servirá para "determinar responsabilidades por parte de Fecsa-Endesa en el incidente.

El director general de Fecsa-Endesa, Josep Maria Rovira, se comprometió en septiembre de 2002 a invertir 3.000 millones de euros en Cataluña en el periodo 2002-2010 para mejorar la calidad del servicio eléctrico y cubrir el incremento de la demanda en esta Comunidad Autónoma. Además, se comprometió a instalar 21.400 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, 36 nuevas subestaciones receptoras, ampliar en 4.200 megavatios la capacidad transformadora de la red de alta tensión, instalar 9.000 nuevos alimentadores para red de baja y mediana tensión y añadir 4.000 nuevos transformadores, además de revisar y reparar las instalaciones ya existentes.

Este apagón junto con el Protocolo de Kioto reabre el debate sobre la efectividad de las inversiones de las eléctricas. La apuesta por el ciclo combinado y por la energía eólica en detrimento de la nuclear (España mantiene una moratoria por la que no puede construir más centrales) y del carbón supone un riesgo en la capacidad de suministro ante la creciente demanda de energía eléctrica.

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