El grupo parlamentario socialista que sí era partidario de votar este miércoles la norma ha quedado en minoría y ha aceptado el aplazamiento. Después de Semana Santa, la Comisión volverá a tratar el asunto.
La ley 'antiblindaje' es una propuesta del grupo socialista para eliminar limitaciones de voto de los accionistas en las empresas españolas.
El PNV había registrado en el Congreso una solicitud, aceptada por el resto de grupos de la oposición, para retrasar la Comisión de Economía y Hacienda prevista para esta tarde, apelando al artículo 68.2 del Reglamento de la Cámara Baja. Dicho artículo constata que el orden del día de una Comisión pude ser alterado por acuerdo de ésta, a propuesta de su presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados miembros de la misma.
Tanto Sanchez Llibre (CiU) como la portavoz económica del PSOE, Marta Gastón, han negado que hayan cerrado ya un acuerdo sobre la enmienda, aunque Gastón ha admitido que la propuesta de CiU respeta el "espíritu" de la socialista.
La enmienda supone una modificación del apartado 2 del artículo 105 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y con ella se pretende eliminar "los instrumentos de blindaje de los directivos" de las compañías, frente a potenciales inversores que pudieran tener la intención de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (obligatoria a partir del 30% del capital) o de comprar una participación significativa.
Concretamente, la modificación supone la prohibición de limitar los derechos de voto, generalmente del 10%, que figura en los estatutos de muchas compañías, especialmente las que tienen muy diluido su capital en Bolsa.
El artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que se modificaría se le añade el siguiente párrafo:
"En ningún caso podrán los estatutos sociales limitar el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo, siendo nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias en que, directa o indirectamente, se establezca dicha limitación".
El cambio legal, si prospera, afectará a un buen número de empresas cotizadas. Tal es el caso de Telefónica, Repsol (en la que participa Sacyr con un 20% y La Caixa con un 14%) o Iberdrola (en la que ACS cuenta con el 12%), que limitan en sus estatutos el ejercicio de los derechos de voto a un 10% del capital.
La medida alentaría la entrada de inversores en el capital de las cotizadas, que ahora no cuentan con el poder proporcional que correspondería a inversión. "A pocos inversores, salvo los estrictamente financieros, les puede interesar tener un paquete superior al 10% en esas compañías, pues a partir de ese participación pierden los derechos de voto", aseguran fuentes jurídicas, que califican el cambio como "revolucionario".