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El TC admite a trámite el recurso del PP contra el "decretazo" de la Junta

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el primer Decreto-ley de Reordenación del Sector Público andaluz, el llamado "decretazo": el ya famoso decreto 5/2010.

El PP presentó el 27 de octubre pasado su recurso contra el decretazo al considerar que suponía un "atropello y vulneración" de los derechos de los funcionarios y personal laboral de la Junta, además de perpetuar en la Administración a quienes han entrado por el "amiguismo y enchufismo" del PSOE. Tras haberse aprobado otro diferente el día 23 de noviembre, con las matizaciones superficiales de UGT y CCOO, y según los expertos, el PP deberá interponer otro recurso contra el nuevo decreto para que pueda prosperar su iniciativa a favor de la función pública andaluza. El recurso del PP no ha sido el único. CSIF, Ustea y Safja han interpuestos otros. Incluso UGT y CCOO lo recurrieron, aunque su recurso va a ser retirado de forma inminente tras pactar con la Junta unas modificaciones. SI QUIERE LEER EL RECURSO DEL PP, PULSE AQUÍ.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que en su presentación estuvo acompañada por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y una decena de diputados andaluces, denunció que con este recurso se pretendía "defender el derecho de todos aquellos que, con su mérito y capacidad, han trabajado para obtener puesto en la función pública". A su juicio, el mismo amparaba la igualdad de oportunidades de cualquier español y andaluz a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la lucha contra el enchufismo y los nombramientos "a dedo" por vinculación política y la necesidad de garantizar la legalidad en el cumplimiento de las funciones públicas.

En la misma línea, Sanz aseguró entonces que la ley de la Junta quiere perpetuar que "25.000 personas que han entrado enchufados por el PSOE permanezcan para siempre" en la Administración ejerciendo competencias que son "exclusivas" del personal funcionario. "Sería personal adscrito a derecho privado quienes ejercerían potestades públicas", censuró entonces.

Además hizo mención a que el decreto causa desigualdad en el acceso a función pública porque impediría que muchos andaluces puedan acceder a la función pública en las mismas condiciones. "Significa un retroceso a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades, los derechos de los funcionarios, pero también una fórmula del PSOE para perpetuar ahora y después de que pierdan el poder a todos aquellos enchufados y amigos que han entrado por amiguismo", insistió. Además, lamentó que en Andalucía haya "todo un entramado de administración paralela" que cuesta a los andaluces más de 5.000 millones de euros, cantidad que a su juicio contrasta con los "1.200 millones de euros que reciben los ayuntamientos andaluces".

La Junta indica al PP que deberá presentar otro recurso al nuevo decreto

El Gobierno andaluz ha recordado este lunes a Europa Press que la admisión a trámite del recurso promovido por el PP de Andalucía contra el Decreto Ley de Reordenación del Sector Público constituye sólo "una respuesta formal y procesal" del Tribunal Constitucional (TC) a dicho recurso, señalando que la citada instancia judicial "no entra en el fondo" del recurso y que éste se dirigía contra un texto ya relevado por un nuevo Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 26 de noviembre. "Siempre se admiten a trámite estos recursos, a menos que haya graves defectos de forma en su redacción", señalan estas fuentes de la Junta en cuanto a la decisión del TC.


Las mismas fuentes precisan que el recurso del PP se dirige contra el Decreto Ley de la Reordenación del Sector Público andaluz publicado en el BOJA el pasado 28 de julio, pero que dicho texto ha sido ya relevado por un nuevo Decreto Ley vigente tras su publicación en el BOJA el pasado 26 de noviembre. Para dar coherencia a sus actuaciones judiciales, según el Ejecutivo andaluz, el PP habría de promover un nuevo recurso de la misma naturaleza, pero esta vez contra el decreto publicado en el BOJA el 26 de noviembre. Dado que el nuevo decreto no altera sustancialmente al primero, a nadie le cabe la duda de que el segundo recurso del PP, si es que lo presenta, será igualmente admitido por el Tribunal Constitucional.

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