L D (EFE)
El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
Enrique Martínez Robles
, mantuvo una reunión con los miembros de la mesa de portavoces de los sindicatos con representación en Izar en la que también anunció que el plan de viabilidad diseñado para la compañía prevé la división de los astilleros civiles (antigua AESA) y militares (Bazán). Tras ésta, los portavoces de
CCOO
y
UGT
, Pedro Jesús Lorca y Carlos Romero, respectivamente, aseguraron que los sindicatos rechazaron en bloque esta propuesta de segregación de actividades en los astilleros, al considerar que derivará en la privatización de las instalaciones de construcción civil. Estos portavoces advirtieron de que los sindicatos convocarán nuevas movilizaciones entre los más de 11.000 trabajadores de Izar si el plan industrial de la compañía, cuyo contenido conocerán en una nueva reunión con la SEPI el próximo 7 de septiembre, mantiene la división de los astilleros civiles y militares.
El nuevo expediente de la UE, que previsiblemente se hará público por parte de las autoridades comunitarias en octubre, se suma a la decisión de la Comisión Europea (CE) del pasado 12 de mayo de solicitar la devolución de las ayudas públicas ilegales concedidas a Izar en los años 1999 y 2000 , y que ascienden a 308,3 millones de euros, más unos intereses de 67 millones. A los importes de estos dos expedientes hay que sumarle la solicitud de devolución de los créditos fiscales concedidos a Izar en 1998 por un importe de 110 millones de euros, con lo que las cantidades a devolver por los astilleros públicos, incluidos todos los intereses, ascienden a unos 1.100 millones de euros.
Según un comunicado de la SEPI, Martínez Robles explicó a los sindicatos que las autoridades españolas están en contacto con los Servicios de la Competencia de la UE para "encontrar la forma de hacer frente a la devolución de esas ayudas sin poner en riesgo la viabilidad del sector naval español". El presidente de la SEPI también subrayó la necesidad de separar la actividad de construcción naval y civil, "a fin de hacer frente a las pésimas consecuencias que la integración de los astilleros militares y civiles, decidida por el anterior Gobierno del PP, ha tenido sobre todos ellos".
La SEPI insistió en que las ayudas públicas a los astilleros están prohibidas desde 1997, por lo que, a fin de preservar la continuidad de la construcción naval civil, se estudian "todas las posibilidades de colaboración con grupos privados". Según las citadas fuentes sindicales, la SEPI reconoció durante la reunión que la actividad civil está "condenada a que entre capital privado para poder capitalizarla", por lo que se buscarán "soluciones particulares en cada uno de los centros de trabajo". Añadieron que la SEPI ya ha mantenido diversos "contactos informales" con algunos compradores que han mostrado su interés por la adquisición de parte del negocio de Izar.
El nuevo expediente de la UE, que previsiblemente se hará público por parte de las autoridades comunitarias en octubre, se suma a la decisión de la Comisión Europea (CE) del pasado 12 de mayo de solicitar la devolución de las ayudas públicas ilegales concedidas a Izar en los años 1999 y 2000 , y que ascienden a 308,3 millones de euros, más unos intereses de 67 millones. A los importes de estos dos expedientes hay que sumarle la solicitud de devolución de los créditos fiscales concedidos a Izar en 1998 por un importe de 110 millones de euros, con lo que las cantidades a devolver por los astilleros públicos, incluidos todos los intereses, ascienden a unos 1.100 millones de euros.
Según un comunicado de la SEPI, Martínez Robles explicó a los sindicatos que las autoridades españolas están en contacto con los Servicios de la Competencia de la UE para "encontrar la forma de hacer frente a la devolución de esas ayudas sin poner en riesgo la viabilidad del sector naval español". El presidente de la SEPI también subrayó la necesidad de separar la actividad de construcción naval y civil, "a fin de hacer frente a las pésimas consecuencias que la integración de los astilleros militares y civiles, decidida por el anterior Gobierno del PP, ha tenido sobre todos ellos".
La SEPI insistió en que las ayudas públicas a los astilleros están prohibidas desde 1997, por lo que, a fin de preservar la continuidad de la construcción naval civil, se estudian "todas las posibilidades de colaboración con grupos privados". Según las citadas fuentes sindicales, la SEPI reconoció durante la reunión que la actividad civil está "condenada a que entre capital privado para poder capitalizarla", por lo que se buscarán "soluciones particulares en cada uno de los centros de trabajo". Añadieron que la SEPI ya ha mantenido diversos "contactos informales" con algunos compradores que han mostrado su interés por la adquisición de parte del negocio de Izar.