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La competencia fiscal entre países reduce un 27% el Impuesto de Sociedades

Un informe del economista Daniel J. Mitchell, experto en reformas impositivas y paraísos fiscales, demuestra que la competencia fiscal entre países favorece la eficiencia y el crecimiento económico. Por el contrario, la UE, la OCDE y la ONU aspiran a la armonización fiscal para subir impuestos.

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The Economics of Tax Competition: Harmonization vs. Liberalization, publicado por el think tank británico Adam Smith Institute, alerta sobre los intentos de armonizar los impuestos a escala global con el objeto de impedir las reducciones unilaterales de tributos.

La armonización fiscal está en la agenda de organizaciones supranacionales como la Comisión Europea, la OCDE o las Naciones Unidas, presionadas por los Estados con impuestos altos que temen por su fuente de ingresos en un mundo en el que el capital es móvil, las empresas se deslocalizan y los trabajadores emigran con facilidad.

Ventajas de la competencia fiscal y el voto con los pies

Mitchell explica los beneficios de la competencia fiscal con una analogía: si en una población sólo se deja operar a una gasolinera los motoristas tienen poca capacidad de ejercer presión sobre ella. En ausencia de competencia, la gasolinera monopolística puede poner precios más altos, tener un horario poco conveniente, o proveer un servicio inferior.

Pero si se permite a otras gasolineras operar en el lugar, entonces la gasolinera original se verá empujada a reducir precios, adaptar su horario y mejorar el servicio si quiere mantener o aumentar el número de clientes. Cuanto más bajos sean los precios, más motoristas acudirán a la gasolinera.

La competencia fiscal entre países o entre regiones tiene un efecto similar. En un entorno en el que el capital, las empresas y los trabajadores pueden desplazarse (como los motoristas) de un sitio a otro, “votando con los pies”, los países con impuestos más bajos atraen más inversión y crean más trabajo.

La competencia jurisdiccional no tiene únicamente efectos sobre la fiscalidad. También influye en el marco regulatorio y legal, en la política monetaria, en la política comercial… en la medida en que el movimiento del capital y el trabajo son sensibles a sus variaciones.

La competencia entre países favorece, en definitiva, un marco atractivo para la empresa, el capital y los trabajadores. Los impuestos altos, las regulaciones restrictivas, la inflación o la autarquía no seducen a los extranjeros, antes al contrario, incentivan la deslocalización y la emigración de los nativos. El Estado ve mermar su fuente de ingresos, y sus índices de bienestar económico y status se deterioran.

Daniel Mitchell destaca varias ventajas de la competencia fiscal y el voto con los pies:

1. Bajan los impuestos y los individuos disponen de una mayor proporción de sus ingresos que pueden destinar a sus fines más valorados.

2. Una carga fiscal menor sobre el trabajo, el ahorro y la inversión actúa como un incentivo a trabajar más, a ahorrar más y a invertir más. La asignación eficiente de recursos por parte del sector privado está menos penalizada y ello repercute en un mayor crecimiento económico.

La OCDE, poco sospechosa de simpatizar con reducciones de impuestos, ha estimado que una disminución de un 10% de los tipos marginales se traduce en un aumento del 0,5% en el crecimiento económico.

Otros estudios, como The Size and Functions of Government and Economic Growth, de Gwartney, Lawson y Holcombe, muestran que un tamaño del sector público modesto (menos del 25% del PIB) se ha correlacionado históricamente con un crecimiento económico muy elevado (más del 6% anual en los años 80 y 90).

3. La movilidad del capital en un contexto de competencia fiscal protege a los individuos de los abusos de los gobiernos. Para algunas personas la pérdida de privacidad financiera puede poner en riesgo su vida o su libertad. Por ejemplo, muchos chinos en países como Indonesia tienen su capital en paraísos fiscales para protegerse de una eventual persecución étnica. Hay empresarios latinoamericanos que tienen su dinero en paraísos fiscales para prevenir la extorsión o el secuestro de familiares. Muchos ciudadanos de regímenes represivos utilizan jurisdicciones con impuestos bajos para proteger sus activos del gobierno.

La función de los paraísos fiscales

El economista Richard Teather también enfatiza la contribución de las jurisdicciones con impuestos bajos, como los paraísos fiscales, al crecimiento económico. Cuando un inversor, gestor o compañía opera en un mismo país el sistema fiscal normalmente tiene mecanismos para evitar la doble tributación.

Pero cuando operan en distintos países, con sistemas fiscales distintos, es probable que los beneficios tributen más de una vez conforme circulan. Las jurisdicciones con bajos impuestos permiten que el capital internacional fluya de forma más eficiente y las compañías dispongan de más fondos para invertir.

La gente asume que los paraísos fiscales (en realidad la traducción literal del inglés es “refugio fiscal”) son centros para el blanqueo de dinero. Daniel Mitchell apunta que varias agencias estatales han estudiado el problema del blanqueo de dinero y han concluido que las jurisdicciones con bajos impuestos no son ni la fuente ni el destino de una fracción desproporcionada del dinero “sucio” en el mundo.

Resultados concretos

Algunos resultados concretos de la competencia fiscal entre países durante los últimos 30 años:

  • Desde que Thatcher y Reagan iniciaran los recortes del impuesto sobre la renta, la media del tipo marginal máximo en los países industrializados ha caído de un 67% en 1980 a un 42% en la actualidad.
  • En Europa occidental, la media del impuesto sobre beneficios se ha reducido de un 48% en 1980 a menos de un 27% en la actualidad.
  • Numerosos países del antiguo bloque soviético han implementado tipos impositivos únicos (“flat tax”). En 1980 había tres países con tipos únicos, hoy hay más de 25. Las tres naciones bálticas (Estonia, Lituania y Letonia) adoptaron un tipo único en los 90. Luego siguieron países como Rusia (con un tipo único del 13%), Ucrania (13%) y Eslovaquia (19%). Bulgaria tiene un tipo único del 10%.

El siguiente cuadro muestra la evolución del Impuesto de Sociedades en los países de la OCDE de 1995 a 2009 (la última columna corresponde a la variación total, y la última fila a la media de los países). El resultado es claro: el tipo MEDIO ha caído 10 puntos (una reducción del 27%).

Competencia entre CCAA

En España la competencia fiscal entre comunidades autónomas ha conducido a la abolición del Impuesto de Sucesiones en varias regiones.

El economista Xavier Sala i Martín defendía esta competencia fiscal en una reciente entrevista en Expansión: “Yo creo que [la dispersión autonómica] es buena si genera competencia entre comunidades. Es decir, la autonomía que genere barreras está perdiendo y las va a tener que quitar. En España hay un debate fantástico sobre el Impuesto de Sucesiones. ¿Por qué ahora en Cataluña, feudo socialista a favor de todos los impuestos que te puedas imaginar y más, se quita Sucesiones? Porque Esperanza Aguirre un día dijo, «lo quitamos». Si Aguirre hace una regulación buena para la empresa y atrae todo el capital a Madrid, te aseguro que, en quince días, Cataluña la imita”.

En este sentido Sala i Martín critica los esfuerzos de la Unión Europea por armonizar los impuestos: “Europa es mala, porque va en la dirección contraria. La de poner demasiadas reglas que impiden la competencia entre países. Evita las peleas y penaliza a quien hace las cosas distintas”.

La UE, la OCDE y la ONU contra la competencia fiscal

La armonización fiscal consiste en acordar a nivel global unas tasas de impuestos, a veces uniformes, que luego los Estados soberanos no pueden alterar a voluntad. Según Mitchell, retomando el ejemplo de la gasolinera, es como si las distintas gasolineras colusionaran para fijar precios y no se permitiera la entrada de nadie más competidores al mercado. No habría rivalidad para ofrecer gasolina más barata.

La armonización fiscal puede ser explícita o implícita. La explícita ocurre cuando los países acuerdan un impuesto mínimo o en una misma tasa. Por ejemplo, la Unión Europea requiere a sus miembros un IVA del 15% como mínimo. También están armonizados de forma directa impuestos sobre la gasolina, el alcohol y el tabaco.

La armonización fiscal implícita ocurre cuando los gobiernos cargan impuestos a sus ciudadanos en otras jurisdicciones, anulando el efecto del voto con los pies. Esta armonización requiere la transferencia de información financiera sobre inversores no residentes de un Estado a otro.

Daniel Mitchell destaca en su informe los intentos de obstaculizar la competencia fiscal por parte de organismos supranacionales como la Comisión Europea (CE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y las Naciones Unidas (ONU).

Los países con Estados del Bienestar abultados e impuestos altos están presionando para aplicar esquemas de armonización fiscal que frenen la competencia de los países más dinámicos y con impuestos más bajos.

La OCDE configuró en los años 90 una lista negra de “paraísos fiscales” (más de 40 en total), a los cuales amenaza con proteccionismo financiero si no proporcionan más información fiscal sobre los inversores no-residentes. Aliándose con otras entidades supranacionales como el G-20 busca ahora dictar estándares para todas las jurisdicciones.

La CE ha implementado la “savings tax directive”, una forma indirecta de armonización fiscal que exige a los Estados retener un porcentaje de los intereses que cobran los no-residentes o proporcionar información fiscal a los Estados de origen. Esta directiva, sin embargo, no es tan omnicomprensiva como se pretendió inicialmente, y la Unión Europea ha sido incapaz de persuadir a otros países, como Estados Unidos, de sumarse al cártel.

La ONU, por su parte, aspira a crear una Organización Tributaria Internacional, y hay planes para permitir a los Estados cargar impuestos sobre los ingresos de los emigrantes. Pero sus esfuerzos han sido infructuosos por ahora.

En opinión de Daniel Mitchell no está claro que la Unión Europea tenga éxito suprimiendo la competencia fiscal. Jurisdicciones como Hong Kong o Singapur se han negado a incorporarse al cártel, diciendo que no van a poner en peligro su ventaja competitiva frente a los Estados del Bienestar europeos. Suiza es improbable que acepte una “savings tax directive” que cubra más instrumentos financieros.

Además, en 2004 se incorporaron a la UE diez naciones con sistemas fiscales diseñados para promover el dinamismo económico. Varios de esos países, como Eslovaquia o Estonia, son más pro-mercado que los países de la vieja Europa como Francia o Alemania.

Los respectivos Estados miembros mantienen el derecho a veto en materia de impuestos directos bajo el Tratado de Lisboa, y mientras este requisito de unanimidad no se erosione será difícil que los Estados con impuestos altos puedan imponer la armonización fiscal. Tendrán que seguir compitiendo.

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