Gamesa, empresa española líder en el sector eólico, no vende ni un solo aerogenerador desde hace casi dos años, desde marzo de 2009 exactamente. Así de tajante se despachaba el martes su presidente, Jorge Calvet, durante un desayuno de trabajo en Bilbao. Al evento, organizado por BBK y Petronor, asistía con una indisimulada sonrisa el presidente de la filial vasca de Repsol, Josu Jon Imaz, antiguo consejero de Interior del gobierno autónomo que ha encontrado una jubilación de oro en la petrolera.
No era para menos. El petróleo y, con él, sus derivados aumenta de precio desde el pasado verano y ya supera la barrera psicológica de los 100 dólares. Mientras unos ríen, los otros, los de las energías renovables, que han hecho su agosto durante esta década a costa de encarecer indefinidamente la generación eléctrica, lloran desconsoladamente. Gamesa tiene intención de ir saliendo de España y de concentrarse en los mercados donde sus molinos aún encuentran acomodo: China y la India, economías emergentes que siguen creciendo a buen ritmo y pueden permitirse lujos renovables.
De las 30 fábricas que la empresa vasca tiene repartidas por el mundo 23 están todavía en España. Aunque no por mucho tiempo. Calvet ha manifestado su intención de llevarse fuera la "capacidad productiva" que tiene en nuestro país. Lo hace por una cuestión de interés comercial. Si donde vende es en la India, parece lógico que fabrique allí sus aerogeneradores. La mano de obra, el suelo y los impuestos le saldrán, además, mucho más baratos. Esto, como es obvio, no lo confiesa abiertamente.
Adiós empleo verde
El empleo verde, del que tanto se presumía hace pocos años, se está de este modo empezando a esfumar. Vino atraído por las primas que concedían los políticos a algunos tipos de generación renovable, -no a todos, la hidráulica, por ejemplo, la más eficiente y barata, no tiene prima alguna- y se va por el mismo camino, una vez que la fontana de oro se ha secado por falta de fondos.
En estos últimos diez años, durante los cuales España ha pasado de apenas unos pocos megavatios instalados casi de modo experimental a tener el segundo parque eólico de Europa, empresas como Gamesa han hecho magníficos negocios al calor de una legislación que les era muy favorable. Tal y como se puede ver en el gráfico inferior, al cierre de 2010 España tenía una potencia eólica instalada de algo más de 20 gigavátios, la segunda de Europa y veinte veces lo que es capaz de generar la central nuclear de Trillo, la más moderna de España.
Alemania tiene 82 millones de habitantes, casi el doble que España, por lo que repartiendo la potencia eólica por habitante nuestro país seguiría siendo el segundo de Europa, sólo superado por Dinamarca.
Todos estos gigavátios no se producen cuando el mercado lo demanda sino cuando sopla el viento. Para asegurar el negocio las legislación prevé que las renovables tenga prioridad de entrada en el sistema.
La diferencia con las nucleares, como la ya citada de Trillo, es que éstas siempre generan esa cantidad de electricidad, lo hacen a un precio realmente competitivo y no emiten a la atmósfera más que inofensivo vapor de agua. Los residuos nucleares que producen se almacenan primero en la central y, cuando el Gobierno se decida, se enterrarán en el futuro ATC. Es una forma de generar energía eléctrica necesariamente imperfecta pero, visto en su conjunto, de lo más eficiente con la tecnología actualmente disponible.
De los 20 GW eólicos instalado a lo largo y ancho de toda la península y los dos archipiélagos no se puede decir lo mismo. Generan cuando hay viento; cuando no, permanecen parados viéndolas venir y el hueco que dejan en el sistema hay que cubrirlo con nucleares, centrales térmicas de carbón o ciclos combinados. Muy verde, sí, pero también muy poco de fiar.
Pero lo que está acabando con el complejo eólico no es la falta de viento sino de dinero. El Gobierno, temeroso de que el déficit tarifario siga subiendo y arrastre a la factura de la luz consigo, ha frenado en seco su política de promoción ciega de las energías renovables. Los empresarios del sector se quejan, y con razón, porque el marco normativo se lo han cambiado a mitad de la partida. Muchos pidieron prestadas grandes sumas para invertir en parques eólicos o huertos solares en espera de que, gracias a las primas, la millonaria inversión retornase con beneficios.
Parece que no va a ser así. Los eólicos están disgustados, pero a fin de cuentas, fueron los primeros en llegar y tienen el país ya, literalmente, plagado de molinos. Las primas a la eólica no son, por añadidura, tan altas como las que disfrutaban otros tipos de generación como la solar.
Fotovoltaica, la carísima energía que viene del sol
Esta, la incipiente industria fotovoltaica, es la que más severamente va a pagar el recorte de primas que, en su momento, llegaron a alcanzar el 400% sobre el precio del pool eléctrico. En el año 2006 el kilovátio/hora que consumía un hogar se pagaba a unos 7,78 céntimos. Si el dueño de la casa instalaba paneles en el tejado y conseguía que le enchufasen la instalación a la red ese mismo kilovátio se cobraba a 44 céntimos gracias al Real Decreto 809/2006 que Zapatero aprobó aquel año. Resumiendo, se vendía ocho veces más caro de lo que costaba comprarlo.
Con semejantes condiciones hubo cola para colocar placas fotovoltaicas y enchufarlas a la red. El resultado final puede apreciarse en el mapa inferior. España en 2009 era ya la segunda "potencia" europea en este tipo de energía con 3.520 MW solares, generados, eso sí, a un precio francamente alto.
Un negocio que pintaba redondo ha terminado por convertirse en una ruina prácticamente segura. El pasado día 24 de enero la patronal fotovoltaica advertía al Gobierno que más de 200.000 empleos se iban a perder por el cambio de normativa con carácter retroactivo aprobado por el ministro Sebastián. Una vez más, el empleo verde ha resultado ser de ida y vuelta.
Las tres asociaciones fotovoltaicas auguran una situación insostenible para sus cerca de 60.000 representados, empresarios que invirtieron en instalaciones de generación solar durante los años buenos de la burbuja fotovoltaica, es decir, de 2007 a 2009, breve lapso en el que los huertos solares han aparecido por doquier en todas las provincias españolas, incluso en aquellas septentrionales en las que el sol no aparece con la frecuencia deseada.
Tanto es lo que se juegan que se han llevado el asunto a los tribunales. Piensan llegar tan lejos como sea posible, incluso al Tribunal Supremo y a las instancias europeas que consideren oportuno para que sus demandas sean escuchadas. Por de pronto han contratado a la prestigiosa consultora KPMG para que les asesore en cuestiones legales. Las espadas están en alto, ahora sólo queda saber si se saldrán (o no) con la suya.