(Libertad Digital) Argentina ha iniciado una senda de intervencionismo que amenaza con socavar los intereses españoles en el país. La Bolsa castigó el miércoles a empresas como Repsol, BBVA y Telefónica con caídas en la cotización. En la sesión de este jueves, el mercado siguió penalizando –pero menos- los títulos de estas empresas.
De momento, la Administración que dirige Cristina Fernández de Kirchner ha ordenado registros – a través del juez Claudio Bonadío- las sedes de las administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión.
Los planes de pensiones van a ser parcialmente nacionalizados y el Gobierno persigue a aquellos que considera que están cometiendo fraude antes de que se produzca la intervención.
Peritos de la Corte Suprema de Justicia analizarán la documentación obtenida en los registros, que culminaron el miércoles por la noche y fueron ordenados a partir de una denuncia del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Guillermo Marijuan.
El fiscal acusó a las AFJP, controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, de liquidar súbitamente sus posiciones en bonos públicos y acciones ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por una reforma que el Gobierno argentino propuso oficialmente el martes.
Bonadio había notificado en la tarde de este martes a todas las AFJP que no podrán operar en el mercado en el plazo de siete días para no modificar la composición de su cartera de inversiones, con fondos por 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares), colocados principalmente en bonos públicos (55%) y en acciones y deuda privada (14%).
Las tres mayores AFJP de Argentina son Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA), que acaparan el 47 por ciento de los 9,5 millones de afiliados a la jubilación privada.
También operan en el mercado otras firmas controladas por sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativistas de Argentina (Arauca, Unidos, Futura, Previsol y Profesión+Auge); Máxima, del grupo inglés HSBC, y Nación, del estatal Banco Nación de Argentina.
El anuncio del Gobierno, efectuado 14 años después de la creación de los fondos privados de pensiones en Argentina y en medio de un contexto de crisis financiera internacional, ha provocado fuertes pérdidas bursátiles tanto en Buenos Aires como en Madrid
CEOE critica el ataque a la propiedad privada
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, dijo este jueves que la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar el sistema privado de pensiones "es malo para Argentina, para los empresarios y para toda Iberoamérica".
En una entrevista en la cadena SER, Díaz Ferrán afirmó que, dada la situación de ese país, Argentina "ha parido, porque estaba embarazadísima".
Ayer, tras la caída de las cotizaciones en bolsa de las empresas españolas que operan en Argentina, el Gobierno de ese país lanzó un mensaje de tranquilidad y garantizó a los empresarios seguridad jurídica, además de señalar que "no hay motivo alguno de preocupación".
En una entrevista en la cadena SER, Díaz Ferrán afirmó que, dada la situación de ese país, Argentina "ha parido, porque estaba embarazadísima".
Ayer, tras la caída de las cotizaciones en bolsa de las empresas españolas que operan en Argentina, el Gobierno de ese país lanzó un mensaje de tranquilidad y garantizó a los empresarios seguridad jurídica, además de señalar que "no hay motivo alguno de preocupación".
Algunas de las empresas españolas con actividades en Argentina son Repsol YPF, el Grupo Santander, Telefónica, Gas Natural, Mapfre, NH Hotels, Meliá, Barceló y Marsans, que negocia actualmente con el Gobierno argentino la venta de Aerolíneas Argentinas, y de la que Díaz Ferrán es copropietario junto con Gonzalo Pascual.
Preguntado al respecto, Díaz Ferrán afirmó que "nos están echando a gorrazos", aunque espera que acabe la situación de la mejor manera posible.
Preguntado al respecto, Díaz Ferrán afirmó que "nos están echando a gorrazos", aunque espera que acabe la situación de la mejor manera posible.
El Gobierno minimiza los efectos en España
En cuanto a la posición del Ejecutivo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó que la decisión del Gobierno argentino no afecta gravemente a España, pero sí ha generado incertidumbre tanto dentro del país latinoamericano como en el plano internacional.
Granado, señaló que el volumen de negocio de las entidades españolas afectadas por esta decisión es "muy reducido", pues únicamente tiene efectos sobre la administradora del BBVA Consolidar, que gestiona el 0,12% del negocio total de los fondos de pensiones en Latinoamérica.
Pese a lo que consideró como una acción de “escaso impacto en las empresas españolas”, Granado aseguró que en momentos de incertidumbre como los actuales, "se amplifican" los efectos de cualquier iniciativa política, siendo incluso mayores los efectos indirectos que los directos.
El PP acusa al Gobierno de falta de respeto
Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, indicó que las nacionalización de los fondos de pensiones que afectan a entidades españolas es consecuencia de la política diplomática del Ejecutivo español, que “no tiene el respeto de otros gobiernos”.
En conferencia de prensa, Montoro afirmó que si hay riesgos políticos, "es porque no se saben contraponer esos riesgos con posiciones firmes en defensa de los interese españoles".El portavoz del PP destacó que la reacción argentina es un maltrato a la inversión internacional y es negativo para cualquier país que lo practique.
Asimismo, subrayó que la actitud argentina "es una falta de respeto con la presencia de empresas que han hecho una gran apuesta por el desarrollo económico del país".
De hecho, el grupo turístico español Marsans y el Gobierno argentino se enzarzaron este jueves en un nuevo cruce de acusaciones en medio de rumores sobre un supuesto plan gubernamental para expropiar Aerolíneas Argentinas en pleno proceso de negociación para la venta de la compañía aérea al Estado.