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Tongo en la Comisión de los ERE

La comisión no podrá contar con el informe clave, a pesar de que se solicitó con suficiente antelación. 

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La comisión que investiga los ERE no podrá contar con la auditoría de la Cámara de Cuentas, encargada por el Parlamento andaluz hace ya 17 meses y uno de los documentos más esperados. El informe auditor fue filtrado a la prensa hace meses con gran escándalo por cuanto señalaba al consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al propio presidente José Antonio Griñán, por dotar y ampliar el fondo de reptiles cuando era Consejero de Hacienda. Pero el informe desapareció de la circulación y la Junta presionó para que se alterara el informe, precisamente realizado bajo la autoridad del hoy consejero de la Junta y miembro de IU, Rafael Rodríguez.

Aunque el informe ya estaba elaborado, se han justificado los retrasos en su entrega a la Comisión por las elecciones autonómicas, primero, y la publicación del anteproyecto por ABC. El caso es que el retraso impedirá que llegue al grupo de trabajo antes de la segunda ronda de comparecencias.

Según la Cámara de Cuentas, el informe lo ratificará su pleno a finales de este mes de septiembre, cuando la comisión se siente a elaborar sus conclusiones, aunque no se ha descartado que se presente más tarde, incluso en octubre.

La comisión tiene como fecha tope el 30 de septiembre para elevar sus conclusiones al Parlamento pero dado que hay más comparecencias, es posible que se altere.

IUy PP —por segunda vez— han pedido que se le remita el informe. En estos momentos, la auditoría está a la espera de que Empleo, esto es, la Junta de Andalucía, formule sus alegaciones.

Según ABC, el plazo (quince días hábiles) vence el día 19, pero puede solicitar una prórroga. Con posterioridad, el equipo de fiscalización estudiará las alegaciones, incorporando las que estime oportunas, y una comisión técnica revisará los cambios. Sólo entonces el informe provisional podrá ratificarlo el Pleno cameral, donde el PSOE tiene la mayoría.

Una filtración demoledora para el PSOE y la Junta

El lunes 28 de mayo de este año el diario ABC publicaba el contenido del informe explicando que el documento obraba en su poder. Por ello, ante el revuelo despertado y la petición de dimisión del presidente Griñán por parte del PP, el PSOE comenzó su contraofensiva. Finalmente la presión condujo a la Cámara a tener que explicar públicamente su versión de la filtración en vez de publicar, como es costumbre, el documento en su página web.

El informe filtrado era un informe elaborado por tres auditores y dos técnicos del ente, esto es, no una ocurrencia ni un borrador preliminar, que relaciona y demuestra las irregularidades en la concesión, gestión y control de las subvenciones, con cargo a la partida 31-L, el famoso "fondo de reptiles" repartidas entre falsos prejubilados y empresas, muchas de ellos vinculados al PSOE, a los sindicatos y a la Junta.

El documento era tan comprometedor que, ante la estrategia del PSOE, el presidente de la Cámara ha anunciado que llevará la "revelación de secreto" ante la Fiscalía. Pero al mismo tiempo, dejó caer que, hasta que esté "terminado", el informe "podrá incorporar modificaciones" durante su tramitación. 

Pero ante la insistencia de los periodistas, López admitió que recibió una llamada del entorno del Gobierno para expresar su malestar por "la filtración" al entender que dejaba a la Consejería de Empleo y también al propio presidente en una clara "indefensión". A pesar de ello, dijo no haber recibido una presión política. La Junta llegó a hablar de "sustracción de documentos" y se puso en marcha la caza del "topo", pero no se explicó a los ciudadanos el destino de más de mil cuatrocientos millones de euros (1.217 millones de euros hasta el 15 de mayo) de fondos públicos entregados sin control entre 2001 y 2010. 

Dimisión repentina de la interventora general 

Justo en aquellos momentos, Rocío Marcos, interventora general de la Junta de Andalucía, dejó el puesto a petición propia y en su lugar el Consejo de Gobierno nombró, a propuesta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, a Adolfo José García. Marcos sucedió en el cargo a Manuel Gómez Martínez, que fue quien, en tres informes sucesivos (quince advertencias según sus declaraciones en la Comisión), señaló las irregularidades encontradas en las tramitaciones de los ERE y las subvenciones a empresas, aunque no culminó su tarea con un informe de actuación que era de esperar según la normativa vigente.

Miguel Ángel Vázquez, portavoz del gobierno andaluz, se esforzó en hacer creer que la dimisión de la Interventora no estaba relacionado con los ERE irregulares de la Junta y se refirió a "argumentos personales" para explicar su marcha. Precisamente, Rocío Marcos era una de las personas que el PP quería que compareciera en la comisión de investigación. 

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