Eso es lo que ha deducido el PSOE y así lo ha dicho la consejera de Presidencia, Susana Díaz, que cree que el dictamen de la comisión parlamentaria sobre los ERE se va a limitar a señalar como responsables políticos de las irregularidades a varios exconsejeros y exviceconsejeros socialistas, pero no al ex presidente Manuel Chaves ni al actual presidente, José Antonio Griñán. Es más, Díaz ha declarado que dicho dictámen no afectará al pacto de gobierno PSOE-IU porque "la discordancia es sana".
El Grupo Parlamentario Socialista sigue creyendo que "el kilómetro cero" de las irregularidades estaba en la dirección general de Trabajo, cuyo extitular Francisco Javier Guerrero ha estado siete meses encarcelado por orden de la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Investigación, Ignacio García (IU), ha elaborado unas conclusiones que elevan la responsabilidad política a los consejeros de Empleo del periodo investigado, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y al exviceconsejero Agustín Barberá.
Según Díaz, esa discrepancia no va a afectar al pacto de gobierno, que "funciona bien, con voz propia y única y cohesionado, como ha demostrado con la aprobación de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, que hemos tenido que hacer en poco tiempo y son sociales, solidarios y responden a ese pacto".
Es evidente que es Izquierda Unida, el grupo parlamentario más reducido, el que va a imponer de hecho qué dictamen común se aprueba. Aunque coincidía con el PP hace meses, antes de formar gobierno con el PSOE, en que las responsabilidades debían alcanzar a Chaves y a Griñán, todo ha cambiado desde que comparte gobierno con el PSOE. Ahora, parece limitarse al nivel de los ex consejeros como máximo. Antes de su pacto de gobierno, IU veía en el fondo de reptiles, como lo ve la juez Alaya, un mecanismo diseñado desde la Junta de Andalucía y sus más altas instancias para que una gran cantidad de dinero público beneficiara al PSOE y a personas amigas del poder socialista andaluz. Es la misma posición que sigue defendiendo el Partido Popular andaluz.
Pero entre lo que afirmaba el coordinador andaluz de IU Diego Valderas antes de ser nombrado vicepresidente en el gobierno de Griñán y lo que puede decir ahora habrá un trecho. Pocos esperan que Valderas y su grupo de poder dentro de Izquierda Unida vaya a sostener aquellas claras posiciones y se espera que busque un camino intermedio para apañar un acuerdo con el PSOE que parece situar como línea roja la frontera que conduce a Chaves y a Griñán como máximos responsables del entuerto.
La ponencia síntesis elaborada por IU fija tres niveles de responsabilidades políticas: la de Javier Guerrero como director general de Trabajo y principal imputado del caso, la del exviceconsejero Agustín Barberá y finalmente la de los exconsejeros Fernández y Viera, según informó Efe.
En el tablero de ajedrez, como ya anticipó Libertad Digital, la cosa quedaría de este modo:
a) el PSOE se limitará a pedir la cabeza del ex director general, Francisco Javier Guerrero.
b) el PP pedirá las cabezas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de los ex consejeros Viera, Fernández y otros altos cargos.
c) Izquierda Unida, para salvarse, acusará de pacata la posición socialista y de radical y extremista la del PP, aportando su vía, que es la de llegar donde se pueda mientras no se toque a Griñán ni a Chaves, cosa que pondría en peligro la coalición de gobierno.
De hecho, Ignacio García ya ha dicho que "ha habido un interés descarado por parte de la derecha andaluza y nacional en inflar a priori la cuantía de lo presuntamente defraudado, aun a costa de cuestionar los importantes beneficios de las ayudas sociolaborales a las prejubilaciones correctamente distribuidas" y es posible que refleje este juicio en su propia ponencia de síntesis.
De este modo, todos los que estuviesen por debajo de Chaves y Griñán en el momento de los hechos son chivos expiatorios perfectos y, muy especialmente, a los ex consejero de Empleo José Antonio Viera, y al ex consejero, Antonio Fernández, se les señala ya como "cabezas de turco", aunque probablemente como meros responsables políticos de una negligencia monumental pero no como ideadores del procedimiento irregular conocido como "fondo de reptiles".
Mañana día 20 termina el plazo de presentación de enmiendas por escrito a la ponencia síntesis de la presidencia de la comisión. Es decir, PSOE, PP e IU presentarán sus discrepancias argumentadas al documento de García.