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Los Mossos imputan ilegalmente al 'número 2' del PSC

La imputación de un diputado de las Cortes corresponde al Supremo, para evitar que la acción policial pueda utilizarse con fines partidistas.

Libertad Digital
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La imputación de un diputado de las Cortes corresponde al Supremo, para evitar que la acción policial pueda utilizarse con fines partidistas.

El número dos del PSC, Daniel Fernández, implicado en un supuesto delito de tráfico de influencias, recibió el martes una notificación policial en la que se afirma que está "imputado", pese a su condición de aforado –es diputado en el Congreso-.

El Mundo cuenta que según fuentes conocedoras de la investigación, Fernández recibió la notificación por una llamada a la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez –también parlamentaria y también imputada-, para que contratara a un miembro del partido. El diputado tuvo que acudir a la Comisaría de los Mossos en Las Cortes catalanas con una abogada y dejó constancia por escrito de su condición de aforado.

La imputación de un diputado de las Cortes Generales corresponde de forma exclusiva al Tribunal Supremo, precisamente para evitar que la acción policial pueda utilizarse con fines partidistas.

Ante los medios, Fernández pidió que se respetara la presunción de inocencia, además de asegurar que tiene "absoluta confianza" en sus actuaciones. Al finalizar, el que también fuera jefe de campaña de Pere Navarro se puso en contacto telefónico con la Policía, para desplazarse posteriormente a la comisaría más cercana a la sede del partido.

Bumerán contra el PSC

La tramitación irregular de los cargos contra el secretario de Organización del PSC se produce en paralelo a una operación liderada por la Fiscalía Anticorrupción contra una presunta trama de adjudicaciones ilícitas de obra pública con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).

El Juzgado de Instrucción número 1 de esa localidad puso el martes en marcha la operación Mercurio, que investiga la supuesta trama de prevaricación y sobornos cometidos en el Consistorio, y que representa un auténtico bumerán de aquella acusación que hizo en 2005 el entonces presidente catalán, Pasqual Maragall, a CiU: "Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%". La Fiscalía, entonces, no lo investigó.

El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos (PSC), y la diputada electa del PSC en el Parlamento Montserrat Capdevila han sido también imputados por el juez que dirige la operación.

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