El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe investigar una declaración ante la Policía del financiero Javier de la Rosa en la que aseguró que estaba sufriendo amenazas por disponer de información sobre las supuestas cuentas en el extranjero que tendría el expresidente de la Generalidad Jordi Pujol.
Así consta en una providencia dictada este lunes por el magistrado en la que da traslado al Ministerio Público a fin de que informe si el Juzgado Central de Instrucción número 5 es competente para investigar estos hechos y los oficios policiales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que recogen la denuncia.
En función del informe del fiscal, el juez podría acordar la reapertura de estas diligencias, que incoó el pasado 30 de noviembre, y que se cerraron con el archivo por falta de competencia de una querella presentada por el abogado Joaquín Yvancos y una denuncia del sindicato Manos Limpias.
La acción judicial de Manos Limpias se dirigía contra el expresidente de la Generalidad Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola; y sus hijos Jordi y Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias. Además, Yvancos incluía en su querella al presidente de la Generalitat, Artur Mas; su consejero de Interior, Felip Puig; y al empresario Carlos Riva.
Además de la declaración de De la Rosa, el juez pregunta también en su providencia si debe unir a las actuaciones la declaración ante la Policía que realizó María Victoria Álvarez Martín, que también podría estar "relacionada con la causa".
De la Rosa se presentó el pasado 29 de noviembre en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) para denunciar que estaba siendo objeto de amenazas y coacciones, y la Policía trasladó su denuncia a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, que por el sistema de reparto recayó en el número 43.
El 5 de diciembre el financiero realizó una ampliación de esta denuncia en la que concretaba que las amenazas tenían su origen en el borrador policial sobre las cuentas de la familia Pujol publicado el 16 de noviembre por el El Mundo y su implicación en el caso Grand Tibidabo.
Según el citado borrador, el matrimonio Pujol Ferrusola y sus dos hijos dispone de un capital de 165 millones de francos suizos (137 millones de euros) en la banca privada Lombard Odio de Ginebra (Suiza).