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Alaya detecta que la trama corrupta pagó al menos 4,5 millones a CCOO y UGT

Según dice la juez de los ERE, el negocio se basaba en las comisiones. Culpa a la administración, los sindicatos y los intermediarios.

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La operación Heracles ha demostrado que los ERE, además de un festival de clientelismo político, irregularidades administrativas e irresponsabilidades y/o complicidades del gobierno socialista, ha sido un negocio de más de 50 millones de euros derivados de las "sobrecomisiones" vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta. Hasta ahora se había concentrado la investigación en las irregularidades y arbitrariedades en la concesión de ayudas con "supuesto desinterés por los principios de objetividad, igualdad y no discriminación y por el cumplimiento del procedimiento legalmente exigible", dice la juez en el auto que devolvía a la prisión al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Alaya añade ahora que las ayudas se otorgaban "escandalosamente a personas que no tenían derecho a ellas, creándose así una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta". La Operacion Heracles es un cambio radical porque desvela un "sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio", un negocio que se "incrementa mientras más ayudas se otorguen, aunque no exista partida presupuestaria para ello" y en el que intervienen múltiples actores: la Consejería de Empleo, las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitan los procesos de reestructuración empresarial.

La clave del negocio estaba en las sobrecomisiones, que dejan de ser así "algo que pasara desapercibido para la Administración, con una pasividad que irritaba mucho", para ser el "verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre, no sólo la mediadora, sino presuntamente y a espaldas de ésta, sus principales responsables", que para Alaya son la "autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de fondos de la Administración, y los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
La juez añade que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras, "previo ofrecimiento de dádivas" al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".

La distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial". En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.

La banda de los Cuatro

Alaya tiene claro quiénes son los componentes del cuarteto principal de la trama: además de Guerrero, el ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín; el intermediario exugetista Juan Lanzas y el dueño de Uniter, José González Mata (de Jerez, como el exconsejero Fernández). No se sabe si con el permiso de los consejeros, Guerrero "permitió a ambas consultoras (Uniter se incorporó más tarde al negocio) unas comisiones elevadísimas", que llegaron al 20%, cuando la media del mercado se situaba en torno al 3%. Alaya se ha fijado muy bien en los siete millones que percibió Uniter como comisión en el expediente de Delphi, situada en Cádiz muy cerca de Jerez, y los 1,4 millones de Vitalia en Dhul.

El País da por sentado que el director de orquesta y autor de la música era Francisco Javier Guerrero. Sin embargo, para consumar un plan de estas características que afectaba a centenares de millones de euros de la Junta, alrededor del 3 por ciento del total del presupuesto anual, el ex director general Guerrero debía contar con el silencio y la ceguera de todo el gobierno andaluz.

No cabe duda de que Guerrero se lucró con las aportaciones de la consultora Vitalia, del grupo Eurobank, que tramitó la mayoría de los ERE fraudulentos por decisión del propio Guerrero. Cobró 249.000 euros en 94 transferencias a su cuenta por importe de 161.600 euros y 76 más por importe de 87.400 euros a otra cuenta de su esposa. Ninguna fue superior a los 3.000 euros para no levantar sospechas. Además, también recibió en efectivo dinero, aún no concretado, en sobres que su chófer, también imputado en la causa, recogía en Madrid de manos de Albarracín. De hecho, Guerrero compró cuatro inmuebles, tres de ellos sin hipoteca. Según El Mundo, el dinero recibido por Guerrero asciende, cuando menos, a medio millón de euros.

Pero desde el año 2000 hubo varios consejeros de Empleo que tenían que conocer el sistema del fondo de reptiles, puesto en marcha bajo la titularidad del consejero José Antonio Viera. Recuérdese que el exconsejero Antonio Fernández estuvo en prisión preventiva desde el pasado 24 de abril por su presunta implicación en el fraude de los ERE y que salió de la cárcel tras depositar la fianza de 450.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla.

Juan Lanzas fue incrustado como intruso por Vitalia en varias pólizas, así como su mujer, Patrocinio Sierra, y su cuñado, Ismael Sierra, ambos detenidos esta semana. Lanzas utilizó entre 2003 y 2006 tres testaferros para blanquear 1,8 millones a través de tres empresas pantalla, empresas detectadas por la Guardia Civil. Lanzas, notoriamente indiscreto, acompañó a Guerrero en dos viajes a Egipto y China y estancias de hotel en Almería y Jaén por 11.000 euros, además de darle sobres con dinero en la Dirección General de Trabajo. La cantidad recibida por Lanzas en estos años se ha cuantificado en 5,8 millones de euros.

Antonio Albarracín, ex director comercial de la consultora Vitalia, ha sido acusado de haber dado sobres con dinero al ex director general Guerrero. Lo confesó el chófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo, que recogió en Madrid sobres con billetes de 500 euros. Y además, están las "transferencias periódicas del Holding Vitalia por orden de Albarracín" a la cuenta de Guerrero que hemos visto más arriba. Albarracín se habría embolsado en los años en que participó en el circuito de los ERE 3,7 millones de euros.

José González Mata, dueño de la consultora Uniter, emitió dos cheques de 75.000 y 25.000 euros en cuyos asientos aparece "J. Guerrero". Los cheques fueron cobrados por la empresa Andalucine, administrada por Beatriz Pérez, hermana de la exdelegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla, Pilar Pérez, de una familia socialista dedicada a la intermediación con varios escándalos en la mochila. González Mata reconoció ante la comisión parlamentaria de los ERE que expidió los cheques por petición expresa de Guerrero.

El ex director general recibió "parte de las comisiones cobradas por Uniter con la intermediación del bufete Estudios Jurídicos Villasís, que recibía los ingresos de Uniter, y luego transfería cantidades a las empresas vinculadas al entorno de Guerrero.

La empresa Promociones Vinícolas, "controlada por Gregorio Martínez", el camello de la cocaína también detenido, recibió dinero de Estudios Jurídicos Villasís. La juez cree que hay delito de asociación ilícita por cuanto hay un modelo idéntico siempre: ERE, trabajadores asociados, pólizas pagadas por la Junta y los mismos intermediarios.

50 millones... y creciendo

Los comisionistas de los ERE falsos cobraron al menos 50 millones de euros del fondo de reptiles de la Junta de Andalucía. Así lo cree la Guardia Civil, que prevé que esa estimación experimente "un aumento significativo" cuando analicen la documentación incautada en los 13 registros de la operación Heracles contra la corrupción en Andalucía.

El grupo Vitalia, controlado por el empresario catalán Eduardo Pascual Arxé, detenido en esta operación Heracles, cuenta ya con dos causas abiertas en la Audiencia Nacional: la caída de Eurobank y la quiebra supuestamente fraudulenta de la mutua Fortia Vida, a la que la Junta de Andalucía adjudicó sin concurso la financiación de prejubilaciones por 109 millones de euros.

Fortia está siendo investigada por desviar dinero a paraísos fiscales, entre ellos a la República Dominicana, donde participó en un proyecto hotelero vinculado a Jesús Barderas, amigo de Felipe González y antiguo socio del difunto Enrique Sarasola.

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