La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, ha manifestado su discrepancia absoluta con los diez autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligan al gobierno de Artur Mas a introducir el castellano en diez colegios.
"Seguiremos defendiendo un modelo que tiene por norma no separar a los niños por razones de lengua y garantizar el conocimiento de ambas lenguas". Es más, Rigau ya ha adelantado que, una vez más, no piensa acatar lo que dicten los tribunales: "No contemplamos la posibilidad de ejecutar la resolución en sus propios términos".
Rigau ha anunciado que Educación va a recurrir en casación al Tribunal Supremo estos autos y que no prevé aplicar el fallo del TSJC porque está convencida de que "el recurso nos será favorable". Rigau ha defendido un modelo de inmersión que "ha funcionado durante 30 años" y que garantiza la "atención individualizada" de los alumnos que pidan ser escolarizados en castellano en los primeros años.
En cambio, la consejera considera que "es imposible" cambiar el sistema en su conjunto "por situaciones individuales". Para Educación, la lengua de un grupo "no es algo casual", sino que "forma parte del proyecto lingüístico y del proyecto educativo de los centros, que debe refrendarse en el Consejo Escolar". Ha añadido además que la aplicación de la norma sería una discriminación para la elección de los padres del grupo.
La consejera catalana no es la única que se ha manifestado en este sentido. Es más, el único partido que ha celebrado el fallo del TSJC en Cataluña ha sido Ciudadanos, formación liderada por Albert Rivera.
La portavoz de ERC en el Parlamento catalán ha afirmado que "los tribunales no pueden modificar lo que el Parlament ha aprobado por una mera interpretación de la demanda de un solo alumno en relación a toda una clase", ha recalcado Rovira, quien ha defendido que las leyes deben estar al servicio de los ciudadanos. "No podemos judicializar las escuelas y generar indefensión a las familias", ha añadido.
El PSC ha afirmado que está con el gobierno catalán en la "defensa absoluta" de la inmersión. ICV también se ha manifestado en ese sentido, al igual que la CUP, que ha ido un paso más que el resto de formaciones. No sólo apuesta por el desacato a las sentencias sino que llama a la revuelta social. Así lo ha manifestado su diputado Quim Arrufat. "Desobediencia de la comunidad educativa, fidelidad a la inmersión y revuelta en las plazas y de la sociedad en defensa del modelo". Ya han convocado un 'escrache' en el pueblo de Albert Rivera.
C´s: "Los derechos se tienen, no se piden"
Por contra, el portavoz de C's en el Parlamento catalán, Jordi Cañas, ha celebrado este miércoles esta resolución y ha asegurado que "los derechos se tienen, no se piden". En rueda de prensa, ha defendido la posibilidad de que un alumno catalán pueda estudiar castellano "con absoluta normalidad" sin tener que recurrir a la justicia para ver satisfecha su demanda.
"Los derechos son de los ciudadanos, no se tienen que pedir. No son propiedad de los nacionalistas, ni de la consejera Irene Rigau", ha destacado Cañas, quien ha reclamado un modelo trilingüe –catalán, castellano e inglés– en las escuelas catalanas al considerar que garantiza la integración y el éxito.