La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado se ha opuesto hoy a la entrega a Suiza del informático del HSBC Hervé Falciani, reclamado por robar de la entidad donde trabajaba datos bancarios que han permitido revelar la identidad de miles de presuntos evasores fiscales.
Delgado, que hasta este momento no había hecho pública la posición de la Fiscalía, ha expuesto en su informe final que no cabe su extradición en atención a la colaboración de Falciani en la investigación de delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, y apoyándose en el requisito de la doble incriminación, que considera no se cumple en este caso.
Falciani, que fue arrestado el pasado julio en Barcelona, se encuentra en libertad desde el pasado 18 de diciembre con la aquiescencia de la Fiscalía, que informó a favor de su excarcelación al no apreciar riesgo de fuga y en atención a la actitud colaboradora del informático, que ha prestado ayuda a diversos estados de la Unión Europea en investigaciones financieras y tributarias, así como de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y corrupción.
Según la fiscal Dolores Delgado, la información de Falciani ha servido para desvelar conductas que han podido contribuir no solo "a la crisis" económica, sino "a la vulneración de derechos de los ciudadanos" a los que se les han sustraído fondos públicos y por ello "no se le puede perseguir y España no le perseguiría".
Esto es así, ha explicado, porque, si bien los delitos por los que Suiza pide la entrega pudieran ser equivalentes a los relativos a revelación de secretos, Falciani cumplió con su obligación de denunciar hechos delictivos conocidos en razón de su cargo.
Otro dato llamativo para la fiscal es que el HSBC no ejercitó acciones contra Falciani hasta marzo de 2009, "coincidiendo con el inicio de su colaboración con las autoridades internacionales".
De hecho, el ex secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, que ha prestado declaración como testigo de la defensa, ha indicado que gracias a la información de Falciani, que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores fiscales, se consiguieron regularizar en España 300 millones de euros. Se trató de "la operación de regularización más cuantiosa que ha habido en esos años en el ministerio y creo que de la historia", ha asegurado.