Banco de Alimentos anuncia que irá a los tribunales porque sospecha que la Junta quiere usurpar la imagen de las ONG y controlar el reparto de alimentos a necesitados en Andalucía. Ya el pasado mes de diciembre, se entrevió que la estrategia de convertirse en único distribuidor oficial de alimentos en Andalucía era una fuerte tentación en el vicepresidente Diego Valderas. En una reunión de finales de 2012 con las ONG de este cada vez más importante sector, Cáritas, Banco de Alimentos y Cruz Roja, ya se comprobó la intención de la Junta en hacerse un hueco en la entrega de alimentos a los andaluces necesitados. Luego vino el Decreto de Exclusión social y el caso ha estallado.
Banco de Alimentos no descarta ir a los tribunales si el prestigio adquirido por la marca Banco de Alimentos intenta ser usurpado por la Junta. Javier Peña, el presidente de la Asociación de Bancos de Alimentos de Andalucía, ha denunciado que aquella reunión de noviembre de 2012 no fue otra cosa que una forma de "empaparse" de lo que hacían las ONG para copiar después sus métodos. Dicho de otro modo, Peña dijo a ABC que fue una "encerrona" donde ellos dieron toda la información y Valderas tomó nota para procurar después hacer algo parecido desde la Administración y con su control.
Tildando de "derroche" la operación de volver a crear cosas que ya están creadas con el propósito de suplantarlas, a su opinión se añade la de Cáritas, cuyo presidente, Anselmo Ruiz, mostró su decepción con el Plan de Exclusión porque "se hace el Decreto sin escuchar a las instituciones que llevamos mucho tiempo trabajando contra la pobreza".
Dado que no se sabe qué se pretende, Peña cree que el Decreto es "una fórmula para estar presente en una labor reconocida socialmente; este es mi punto de vista, pero estaré encantado de que me convenzan de lo contrario" y añade que se trata de un pulso entre los dos socios de Gobierno de la Junta, PSOE e IU, para ver cuál se lleva a la gente a su lado con la intención de lograr votos.
Ante la sospecha de que se pretende usurpar la labor de los banco de alimentos de las ONG tradicionales, se estudia la posibilidad de recurrir a los tribunales. "No podemos dejar que cualquiera ponga el nombre de bancos de alimentos y pueda dañar una labor consolidada bajo unos parámetros claros que se han convertido en una seña de identidad", han dicho considerando que reclamar legalmente lo que es de uno, es un derecho.
Control de la sociedad civil
Recuérdese que uno de cada cinco euros que circulan en Andalucía es controlado presupuestariamente por la Junta. Nada menos que el 20 por ciento del PIB andaluz. Además, controla la educación, la sanidad, las inversiones y las subvenciones, las pocas cajas que quedan, etc. Ahora, Izquierda Unida insiste en controlar el reparto de alimentos en Andalucía que hasta ahora han efectuado las organizaciones sociales. Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja fueron convocados a una reunión el pasado mes de noviembre para sondear la posible irrupción de la Junta como autoridad directiva de los próximos repartos de alimentos.
Diego Valderas llamó el año pasado a estas organizaciones para mantener una reunión sobre la realidad de la pobreza en Andalucía. Como sabe todo el mundo, la pobreza andaluza es una de las más agudas de España y el umbral de tal pobreza alcanza el 30 por ciento de la población, cebándose especialmente en la infancia. La pobreza sigue en los mismos niveles tras más de treinta años de gobiernos de izquierdas.
En aquella reunión se desveló la existencia de un Plan de alimentos andaluz que, con la excusa de mejorar la distribución de alimentos en todo el territorio regional, arrebataría la dirección del reparto de las organizaciones sociales y lo dejaría en manos de la Junta.
Se sentaron a la mesa el vicepresidente Diego Valderas; el responsable de los Bancos de Alimentos andaluces, Javier Peña; el vicepresidente de Cáritas Diocesana en la comunidad andaluza y secretario general de la delegación de Sevilla, Juan Arredondo; y un responsable regional de Cruz Roja. Según estos testigos, la intención del vicepresidente era poner en marcha una especie de Plan de alimentos andaluz en el que la pieza principal era la presencia de la Junta en la tarea. Se habló de una partida presupuestaria para 2013 destinada aumento de la existencia de alimentos en las diferentes organizaciones, pero condicionada a la presencia de la Junta en las asociaciones que ejecutan el reparto.
El decreto contra la exclusión social
Tal y como se temían estas organizaciones, el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, se prevé la creación de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, como una fórmula de cooperación de actuaciones de las distintas Administraciones Públicas y de las organizaciones, entidades y agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía relacionados con la solidaridad alimentaria. Esto es, las ONG pasan a ser parte de un engranaje que no controlan libremente.
Igualmente, con la aprobación del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el año 2013, se dice que se trata de impulsar el voluntariado para la recogida y distribución de alimentos con fines solidarios pero se añade que se trata además de apoyar a las Entidades Locales para acciones de solidaridad alimentaria. Se considera, pues, que la actual organización de la distribución de alimentos no asegura la garantía alimentaria de colectivos especialmente vulnerables y personas con escasos recursos económicos, por lo que la presencia de la Junta y los Ayuntamientos es imprescindible.
Naturalmente, el nuevo plan no seguirá el camino anterior de ayuda a las ONG y poco a poco todo el dinero fluirá de otra manera, de la Junta hacia sí misma y sus organismos y hacia los Ayuntamientos dejando a las tradicionales ONG fuera del circuito de la financiación o, en todo caso, condicionándolas con financiación controlada.