Se trata de los exconsejeros de la Junta, Francisco Vallejo, que lo fue de Innovación, Ciencia y Empresa, y Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, imputado y en libertad bajo fianza. Del primero, el juez del caso Invercaria ha pedido al Parlamento andaluz que acredite su condición de aforado. Del segundo, se ha sabido que conocía bien al dueño de Uniter y que sabía que iba a ser incluido de forma inadecuada (como un intruso) en el ERE de González Byass, SL su antigua empresa. Y un nuevo personaje salta al escenario, Paquillo, otro mediador, identificado por el dueño de Uniter, José González Mata en su declaración de ayer ante la juez Alaya. No sería digno de mención si Paquillo no fuera, nada menos, que Francisco García Martínez, secretario general de la Consejería de Empleo y Relaciones Tecnológicas desde el año 2000 al año 2003 y hoy teniente de alcalde del pueblo jiennense de Guarromán.
El dueño de Uniter, José González Mata, contó ayer a la juez que en las negociaciones de la Faja Pirítica de Huelva hubo un mediador, hasta ahora desconocido, entre el entonces consejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Se trataba identificado como Paquillo y que ha resultado ser Francisco García Martínez, un ex alto cargo de la Consejería de Empleo en tiempos de José Antonio Viera, hoy diputado socialista y entonces consejero del ramo. Se trata por tanto de un nuevo mediador, este ya vinculado a la Junta de Andalucía directamente, que se une a los ya conocidos Juan Lanzas, el exchófer de Juan Francisco Trujillo, Juan Francisco Algarín y el camello Goyo, Gregorio Martínez.
Vallejo, ¿imputación a las puertas?
El juez que instruye el caso Invercaria ha pedido al Parlamento andaluz que identifique a los aforados del consejo rector de IDEA del 27 de mayo de 2008, situación que es precisamente la del exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo y aún parlamentario andaluz. El juez, resume ABC, quiere saber quienes participaron en la ampliación de capital de 200.000 euros para la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía y un préstamo participativo de otros 200.000 euros. La acusación particular del PP había solicitado que se certificase quién de las personas de ese consejo son aforados y por tanto deben ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En aquella época el consejero de Innovación era Francisco Vallejo, diputado andaluz y aforado.
Por si fuera poco ayer se supo, además, que Vallejo tuvo conocimiento directo del desmadre contable del dinero de los ERE. Curiosamente, la prueba ha surgido en la investigación del caso Invercaria. Se trata del acta de la reunión de la Agencia IDEA, entidad pagadora de los ERE con el fondo de reptiles, celebrada el 11 de junio de 2007, aportada en la causa de Invercaria que instruye el juzgado número 16 de Sevilla y de la que dio cuenta La Razón. Durante dicha reunión, se hizo referencia a "la incertidumbre derivada de las dotaciones pendientes de recibir de la Consejería de Empleo por importe de 58 millones de euros al cierre del ejercicio, como consecuencia de los convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de esa consejería".
Además, tras la intervención del director de Administración y Finanzas de la Agencia, punto 51 sobre cuentas anuales, dice el acta que "en referencia a este último punto los señores consejeros debaten algunas de las cuestiones reflejadas en el informe de auditoría, y manifiestan su inquietud por la situación de las dotaciones pendientes de recibir, planteándose la posibilidad de establecer un calendario para la recepción de las mismas". Además, se reflexiona sobre las consecuencias económicas del proceso de diversificación del Grupo Santana Motor SA.
En la reunión, estaban presentes el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo; su viceconsejero, Jesús María Rodríguez, y, en calidad de vocales, el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá –imputado en la causa de los ERE– y otros altos cargos de Innovación como Isabel de Haro, Ángel Garijo o Pilar Rodríguez.
En 2007, la Intervención General ya había hecho llegar a las consejerías de Empleo y de Economía y Hacienda –de la que Griñán era entonces titular– tres informes (relativos a 2003, 2004 y 2005) alertando de graves irregularidades que asimismo recibió el consejero Vallejo. El interventor ya tenía claro que la transferencia de financiación de explotación, fórmula de operación del fondo de reptiles, implicaba prescindir de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido y originaba graves anomalías contables, como un desfase presupuestario que en 2003 ya alcanzaba los 38 millones de euros, desfases que luego eran provistos desde la Consejería dirigida por Griñán.
Aunque la Junta ha negado siempre que hubiera tenido conocimiento de este desmadre y el propio Griñán negara haber recibido los informes del Interventor, la Junta conocía que algo raro se estaba produciendo en el departamento de Guerrero porque hasta en un acta está reflejado. La defensa de la Junta argumenta que los informes de la Intervención sólo los leyó la Consejería de Empleo –el viceconsejero Agustín Barberá, presente en la reunión de IDEA de julio de 2007, fue el que hizo las alegaciones, esgrimiendo la "paz social" para seguir con la misma fórmula de pago–, pero ya está probado que el problema trascendió a otros órganos. La Consejería de Innovación, por ejemplo, era plenamente consciente del desastre contable en la Dirección General de Guerrero y así se discutió en la citada reunión de la agencia IDEA.
A preguntas de la juez, González Mata afirmó que, cuando había retrasos en los pagos de las pólizas, telefoneaba directamente al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Fernández, imputado en la causa y excarcelado bajo fianza corroboró ante la juez Mercedes Alaya que las pólizas de los grandes conflictos colectivos venían de la mano de los sindicatos y las gestionaba Uniter, alegando que "la selección de la mediadora y la aseguradora venía de los sindicatos". Fernández invitó a comer a González Mata en dos ocasiones para desbloquear sendos temas relacionados con los ERE. Siempre que había problemas, era Fernández quien los resolvía, apostilló.
Además, el nombre de Fernández salió de nuevo a relucir por el caso de su aparición anómala en el ERE de su antigua empresa, González Byass, SA de Jerez de la Frontera, de la que eera trabajadore excedente desde hacía muchos años. González Mata dijo haber recibido instrucciones del bufete de Garrigues para incluir al ex consejero en el ERE, pero no dijo quien ordenó a Garrigues tal misión. Garrigues confirmó la inclusión de Fernández en el ERE y el consejero aplazó su firma hasta aclarar su futuro político. Luego, cuando resultó imputado renunció a la póliza de prejubilación por importe de casi 400.000 euros.
UGT y CCOO, cada vez más implicados
Pero de su declaración se deduce además que los principales ERE no fueron ni decididos ni intermediados por el ex director general Francisco Javier Guerrero. González Mata aportó un correo para demostrar que en el ERE de Delphi negoció con el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Y Francisco García Martínez, alias Paquillo, personaje descubierto ayer gracias a esta declaración, ex alto cargo de Empleo, habría participado en, al menos, dos ERE importantes, el de la Faja Pirítica y Delphi.
González Mata aseguró que de media la entidad cobraba un 5% y en alguna ocasión un 13% en el caso de asociaciones de trabajadores como Santana. La juez insistió en porcentajes del 30%. Sobre los intrusos de los diferentes ERE, González Mata indicó que él "no preguntaba" y que eran los sindicatos y la Administración quienes confeccionaban las listas, pese a que Uniter accedía a los boletines de cotización y podía comprobar los datos. "Pensaba que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas", indicó, según fuentes del caso, González Mata.