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Margallo acusa a Gibraltar de "violar la legislación europea"

El nuevo conflicto en las aguas del Peñón, de jurisdicción española, se encona. Margallo contesta a las acusaciones de Gibraltar.

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El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha recalcado este jueves a las autoridades de Gibraltar que España está "cumpliendo estrictamente la legislación" con los controles en la verja, mientras que las autoridades del Peñón la están "violando" con el lanzamiento de bloques de hormigón al fondo del mar.

Así se ha pronunciado el jefe de la diplomacia, en declaraciones a Europa Press, después que el Gobierno gibraltareño anunciara que ha presentado una queja ante la Comisión Europea por los retrasos "provocados deliberadamente por las autoridades españolas" a las personas que pretenden entrar o salir del Peñón.

Margallo ha insistido en que España "tiene que cumplir y hacer cumplir la legislación de control aduanero para evitar el contrabando, los tráficos ilícitos y el blanqueo de dinero" y, por eso, ha explicado que los controles en la frontera del pasado fin de semana no responden a otra cosa que al "cumplimiento estricto de la legislación europea".

"La diferencia es que nosotros estamos cumpliendo estrictamente la legislación y el Gobierno de Gibraltar ha escogido una política de hechos consumados violando la legislación europea, entre ella la legislación medioambiental", ha añadido.

García-Margallo se ha referido de esta manera al lanzamiento de bloques de hormigón que las autoridades de Gibraltar llevaron a cabo la semana pasada en aguas próximas al Peñón, en las que faenan pescadores españoles y que el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

Además, el ministro ha recordado que España ha "prohibido el tránsito" hacia Gibraltar de los camiones que llevan los materiales para construir estos bloques, haciendo así "posible ese delito medioambiental".

A juicio del Ejecutivo, el lanzamiento de estos bloques de metro y medio cúbicos, de los que sobresalen hierros, puede suponer una violación del Derecho Internacional en aguas españolas, del Derecho de la UE y sus normas medioambentales e incluso del Derecho penal español, como un posible delito medioambental.

Gibraltar ha argumentado que con estos bloques pretende construir un arrecife artificial para proteger la biodiversidad en el fondo marino, mientras que los marineros españoles han denunciado que busca perjudicar su pesca.

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